La jueza primera de Distrito Grisell Rodríguez Febles, del estado de Campeche, en el sureste de México, ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del proyecto del Tren Maya en el territorio de Calakmul, tras un juicio de amparo interpuesto por los pueblos maya y ch’ol.
La suspensión, sin embargo, deja un sabor amargo entre las comunidades, de acuerdo con la abogada Elisa Cruz Rueda, defensora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que agrupa a los dos pueblos demandantes.
Si bien es una buena noticia para Calakmul, no obedece a la demanda que hace el Consejo de que se suspenda la totalidad del proyecto del Tren Maya.
Las comunidades representadas por Cripx se ampararon por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya en diciembre del 2019. Y la demanda fue impuesta por los cuatro estados que abarca la suroriental península de Yucatán, a la que atraviesa el trazado ferroviario: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo interpusieron una queja ante el mismo juzgado en contra de la suspensión provisional, ordenada el pasado 29 de enero.
En ese sentido, explica la abogada, la orden de la jueza resulta un éxito para las comunidades que interpusieron el amparo. Da cuenta de que hay quienes no quieren el proyecto. Pero les preocupa que la decisión no abarca todo el territorio afectado por el proyecto del Tren Maya, sino solo Calakmul.
La abogada señala que están satisfechos pero no conformes.
“No estamos conformes con los límites que se le pone. Es para decir que en un territorio se aplican los derechos y en otro no. Se viola la universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos”, explica la abogada en entrevista telefónica.
Falta audiencia constitucional
El juicio tiene varias etapas. Este 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia incidental. Tenía como efecto confirmar la suspensión o negarla.
Derivado de la orden de la jueza, los trabajos referentes al proyecto del Tren Maya deben detenerse por completo, hasta que se realice la audiencia constitucional, definitoria, programada a final de marzo.
Cruz Rueda advierte que esta orden puede sentar un precedente peligroso.
“Van a decir ‘a estos mexicanos se le cumplen sus derechos y a estos no’. Sienta un mal precedente”, aduce.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil obtuvo un amparo el 29 de enero ante este juzgado primero. Gracias a ello se suspendió la construcción de cualquier estación, vía, ejecución, licitación del Tren Maya en esta zona. Ahora obtiene la suspensión definitiva.
“Para eso es la audiencia incidental, para conservar el estado de las cosas y que no se violente la materia física del amparo”, recalca Cruz Rueda.
“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, detalló en aquel momento Romel González fundador del Cripx, “la consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”.
Contexto del Tren Maya y Yucatán
El Proyecto del Tren Maya es uno de los planes estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tiene un costo de entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. El plan es que empiece a operar en 2022, con 15 estaciones a lo largo de 1525 kilómetros por 41 municipios de los cuatro estados de la península atlántica y el vecino de Tabasco.
La ecorregión de Yucatán tiene un gran valor amiental porque, entre otras cosas, pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, un puente de hábitats que conecta el sur mexicano con Panamá, el país más al sur de los siete centroamericanos, y alberga cerca de 10 por ciento de las especies conocidas del mundo.
En la península hay, además, 25 Áreas Nacionales Protegidas, con una extensión total de 8,5 millones de hectáreas.
De hecho, dos estaciones del Tren Maya se planificaron como contiguas a las reservas de la biosfera de Calakmul, de 725000 hectáreas, y de Sian Ka’an, de 650000 hectáreas.
En la península, donde viven 1,5 millones de personas, las comunidades contrarias al proyecto, plantean que prefieren vivir de proyectos sostenibles, que tengan en cuenta sus costumbres, incluido el turismo, que atrae a la región siete millones de visitantes cada año.
Pero Alejandro Varela, representante legal del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), el organismo gubernamental encargado del proyecto, recuerda que 64,7 por ciento de la población de la península es urbana.
Este artículo fue pupublicado originalmente por Pie de Página, de la red mexicana de Periodistas de A Pie.
RV: EG
