Empresas estatales, negocios privados y nuevos emprendimientos en Cuba incorporan paulatinamente a su gestión el compromiso social, concepto que debiera ser más conocido e incentivado, dado su impacto directo en el desarrollo humano y ambiental de las comunidades.
Instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros, aportan concepciones y enfoques diversos sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
“El término RSE se utiliza comúnmente en Norteamérica; en Europa se habla más sobre Economía Social y Solidaria”, analizó en diálogo con IPS el investigador Ángel Marcelo Rodríguez.
Agregó que en el caso de América Latina, el término más en boga es el de Economía Popular, dado los tipos de empresas y negocios mayoritarios en la región, más pequeñas y vinculados a las familias y el ámbito comunitario”, abundó el también coordinador del proyecto InCuba Empresas.
Dicha iniciativa, que desde 2011 capacita a emprendedores, pertenece a la Red de Centros Loyola rectorados por la Compañía de Jesús, orden católica con sedes en La Habana y las ciudades de Camagüey y Santiago de Cuba, en el este del país.
De manera general, la responsabilidad de empresas o emprendimientos con el entorno inmediato es definida como un conjunto de prácticas conscientes integradas a la estrategia empresarial o plan de negocio que, además de buscar utilidades, generan beneficios para clientes, empleados, la comunidad y el medioambiente, sobre la base de un comportamiento ético y enfocadas en un desarrollo sostenible.
Las acciones al respecto podrían ser innumerables: disminuir las emisiones contaminantes, limpiezas ambientales, ofrecer empleos a madres solteras desvinculadas laboralmente, cursos de capacitación para poblaciones vulnerables, incentivar buenas prácticas en centros escolares, priorizar mensajes contras las violencias y discriminaciones, entre otros.
En el caso del ecosistema empresarial cubano, algunos estudiosos opinan que existe una limitada práctica de la responsabilidad social, aunque otros académicos y funcionarios consideran que el concepto es superado por los valores y principios del sistema socioeconómico de este país insular caribeño.
De acuerdo con la nueva Constitución, en vigor desde abril de 2019, en Cuba rige un “sistema de economía socialista” y “la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”.
Por su parte, los Lineamientos, como se denomina oficialmente al programa de reformas iniciadas en 2011 y actualizados en 2016, declara que la empresa estatal es el eslabón fundamental de la economía, las exhorta a cumplir con “las normas de responsabilidad social y medioambiental establecidas”, y se refiere a su vínculo con la sociedad y los territorios.
Aun así, advierten analistas, resulta difuso el marco regulatorio sobre RSE y se echa en falta una mayor fundamentación teórico-jurídica al respecto.
Algunos observan que las auditorías a entidades estatales se enfocan en aspectos económico-financieros, y los balances de gestión solo aprecian la situación contable de las empresas.
“Considero que no existe en el sector empresarial una preocupación o consciencia de la responsabilidad y compromiso con nuestra sociedad, en un sentido general, y de forma particular con la comunidad, donde ejercemos nuestro objeto social”, dijo Venus Carillo, especialista en Comunicación y Relaciones Públicas de la firma de rones Havana Club Internacional.
Indicó que desde 2012, y en alianza con otras instituciones y proyectos, dicha empresa impulsa iniciativas para una recreación sana y el desarrollo de la autoestima, además de un consumo responsable de bebidas alcohólicas en sectores vulnerables, como los conductores de vehículos.
“Proyectos como Tú Decides, dirigido a retardar la iniciación del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 14 a 17 años, dan fe de ese compromiso con nuestra sociedad”, detalló Carillo en diálogo con IPS.
Al respecto, sobresale el trabajo del proyecto sociocultural y la campaña Súmate por una vida sin violencias, iniciativa que busca promover la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y los Lineamientos, mediante la promoción de la responsabilidad social.
Coordinada por el activista Danilo Serrano, la iniciativa ha logrado comprometer a un grupo de empresas estatales y mixtas con acciones socialmente responsables en comunidades, escuelas y espacios públicos que ha trascendido a otros temas como la prevención del cáncer de mama, así como una nutrición y alimentación sana.
La situación parece similar en el sector privado cubano que desde 2010 se abre paso, luego que el gobierno del entonces presidente Raúl Castro (2008-2018) autorizó la ampliación del trabajo por cuenta propia para actualizar el modelo económico.
“Falta mucho por hacer en materia de responsabilidad social, no existe aún una conciencia de qué es, ni qué tan necesario puede resultar para negocios y empresas”, refirió Leyaniet Hernández, coordinadora de Comunicación del proyecto CubaEmprende (CE) en Camagüey, a 534 kilómetros al este de La Habana.[related_articles]
Con sedes además en Cienfuegos, en el centro sur de la isla, y la propia capital, CE es un proyecto del católico Arzobispado de La Habana que desde 2012 ofrece capacitación y asesoría empresarial a personas que deciden iniciar o mejorar una actividad económica dentro de las formas de gestión no estatal.
Hernández indicó a IPS que desde 2019, CE Camagüey creó el espacio “Pa echar una mano”, que brinda apoyo para actividades socialmente responsables, mientras que en los planes de negocio, varios proyectos del territorio incorporaron el trabajo con las comunidades.
Los especialistas consultados por IPS abogaron por que la responsabilidad social se incluya en la futura Ley de Empresas, que debe ser aprobada en abril de 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento unicameral, según el cronograma legislativo.
Ello a pesar de que otros debates polemizan sobre si la responsabilidad social de las empresas pasa por la autorregulación y asimilación voluntaria y consciente, o debe ser pautada a partir de políticas del Estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales.
No obstante, el coordinador de InCuba Empresas opinó que muchos cuentapropistas cubanos se implican de manera socialmente responsable en sus negocios, “a pesar de las limitantes en un contexto complejo”.
Rodríguez recordó que esos negocios privados “otorgan mayores gratificaciones o salarios a sus empleados (comparado con el sector estatal), por lo que dignifica a este y a su familia, formando una cultura de empleos dignos”.
Al mismo tiempo, añadió, “genera empleos en sus comunidades que se revierten en desarrollo local y tienen un mayor compromiso con la gestión socioeconómica de su enclave geográfico…, lo cual permite la construcción del bienestar”.
A su juicio, es necesaria la aplicación de la responsabilidad social desde la formación de redes comunitarias, pues al estar conectada con los valores, podría resultar un posible “punto de encuentro para lograr la alianza público-privada y trabajar para incidir en políticas públicas”.
Como parte de las acciones para estimular la responsabilidad social en Cuba, CE anunció el 28 de febrero en el Centro Cultural Padre Félix Varela, de La Habana, el nacimiento del Club Oasis, una plataforma dirigida a conectar a las y los emprendedores y elevar el conocimiento sobre dicho concepto, a través de una cultura de la colaboración.
E: EG
