Después de ocho años y cientos de encuentros con comunidades por todo el país, la organización Agua para Todos presentó el martes 4 ante el legislativo Congreso una iniciativa para modificar la Ley Nacional de Aguas en México, con respaldo de casi 200000 firmas.
La propuesta de ley plantea dar a los habitantes de las cuencas el poder para decidir sobre su agua. Cuánta, quién, cómo y qué uso se le da al recurso son algunas de las iniciativas que promueve este proyecto ciudadano.
“Todas estas sociedades han venido trabajando una ley que es la más congruente para garantizar el derecho al agua. ¿Cómo? Con la participación de la ciudadanía en los consejos de aguas y cuencas, que son los que dictarán cómo se usan los recursos”, aseguró el doctor Óscar Monroy, el representante ciudadano que presentó la iniciativa, quien además es un experto en temas de cuencas hidrológicas.
“Vamos a cambiar una ley que administra el extractivismo (las empresas mineras y de explotación de hidrocarburos). Ellos son dos por ciento de los concesionarios del agua y son quienes administran 70 por ciento del agua en el país”.
La iniciativa busca dar el control del agua a los pueblos y comunidades a través de instancias de gestión construidas desde los comités de microcuencas y cuencas, así como de las contralorías ciudadanas de los municipios.
Las cuencas son depresiones en el terreno por donde fluye el agua hacia un mismo territorio, explicó Pedro Moctezuma Barragán, doctor especializado en temas de agua.
“Actualmente hay una verticalidad en la que Conagua (la gubernamental Comisión Nacional del Agua) es juez y parte. Es la autoridad que juzga y toma las decisiones sobre las aguas del país”, asegura el académico que también es parte de Agua para todos.
“Esta ley es fundamental porque está respaldada por pueblos, por muchas comunidades y sobre todo por instituciones académicas que están defendiendo los cuerpos de agua ante distintos megaproyectos”, añade.
Hoy en el país, según explica el doctor Moctezuma Barragán, hay una ley impuesta por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se adoptó bajo presión de Estados Unidos que ha buscado la privatización del agua, dando la espalda al derecho de las personas al recurso.
Para presentar una iniciativa ciudadana para una ley federal es necesario que el uno por ciento del electorado firme la petición.
Esto obligaba a Agua para todos a recolectar poco más de 130000 firmas, sin embargo lograron recolectar más de 198000. Entre los signatarios hay personas de toda la república. Algunos de ellos se dieron cita en la Cámara de Diputados.
Este es un recuento de algunas de las historias que los llevaron a organizarse.
Libertad de gestión
En Amecameca, en el estado de México, ni la Conagua ni la comisión estadal han logrado demostrar que ellos han hecho algo por llevar agua a las casas de sus pobladores, aseguraron Lucía y Juan Valencia. “Esos son sistemas descentralizados que impuso el gobierno, que lo único que han hecho es robarse nuestra agua”.
En este municipio, desde hace 35 años la comunidad creó un sistema de captación de agua de deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, sin ninguna intervención del gobierno,
“Desde ahí nos dijeron que nos iban a vender el agua en bloque, una medida que ni ellos entienden. Desconocen cómo hacer la medición de los caudales”, dijo Lucía Valencia. Uno de los puntos de la iniciativa es reconocer el derecho de los pueblos a tener sus propios sistemas comunitarios de gestión del recurso.
Si contaminas, lo arreglas
“Lo que vivimos aquí está catalogado como una crisis de salud y un infierno para la gente. Tenemos problemas de salud fuertísimos”, aseguró María González Valencia, de Jalisco. Ella colabora con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Desde hace años, las cuencas del río Santiago y del lago de Chapala están contaminadas. Reciben la contaminación industrial de más de 300 empresas que descargan sus residuos en este río.
“Aquí tenemos documentada la muerte de niños y de mujeres. Todo porque las empresas liberan las aguas que usan llenas de tóxicos”, dijo.
Por eso, la iniciativa reclama que aquellas empresas que contaminen el agua a través de sus procesos industriales deban realizar el saneamiento y tratamiento de las mismas.
Democratizar la gestión del agua
En Chihuahua, desde hace años hay comunidades que no pueden realizar obras pequeñas para garantizar su acceso al agua.
“No les deja hacer nada, ni pequeñas presas de mampostería que usan para sus pequeñas empresas de agricultura, o para sus huertos familiares. No los dejan, porque la Conagua ya concesionó ese líquido a otras empresas más grandes”, explicó Bernardo Manzano, director de Pies de Tierra, una organización que defiende el derecho del agua en tres municipios de ese estado.
En la propuesta se busca que estos pobladores, que ven correr el agua sin tocarla, puedan decidir sobre cualquier obra o actividad que pueda afectar la disponibilidad o calidad del agua.
Algo parecido pasa en Villahermosa, en Tabasco, un estado diametralmente opuesto a Chihuahua, tanto geográficamente como en disponibilidad hídrica. Aquí se concentra 30 por ciento del agua potable del país. Pese a ello, hay comunidades que ven amenazado su derecho de acceso al líquido.
Julio Garduño, del colectivo Corazón de Piedra Verde, acusa que el gobierno de la ciudad busca quitar una planta de tratamiento de agua que da servicio a las comunidades de La Isla para llevarla a los nuevos fraccionamientos habitacionales de lujo que se han construido en las afueras de la ciudad.
El agua es un derecho, no una mercancía
Uno de los principales posicionamientos que Agua para Todos busca hacer sobre el líquido es que el agua no sea tratada como un bien de mercado que se pueda vender al mejor postor. Algo así pasa en Chiapas, donde gran parte de la población no tiene acceso.
“Estos casos se están dando mucho, sobre todo en la zona urbana de San Cristóbal de las Casas, donde hay una explotación brutal del agua”, comentó al respecto fray Gonzalo Ituarte, quien fue vicario de esta ciudad por más de 40 años y conoce a profundidad los problemas de los pueblos de la región.
A juicio del fraile, “Todo tiene que ver con el neoliberalismo y la mercantilización del agua. Es una mercancía, una corriente de privatización que ha generado el despojo y desplazamiento de la gente de sus territorios, que además genera la contaminación de muchas fuentes de agua”.
“Va destruyendo, va contaminando. Es un crimen que, teniendo suficiente agua para la gente, la población no tenga acceso a ella, y que solo las grandes empresas refresqueras y mineras la puedan usar, lo que además conlleva la destrucción de las fuentes naturales”, añadió.
Las contrainiciativas
El mandato de reformar la Ley General del Agua se debió acometer desde 2014, cuando se modificó la Constitución mexicana para reconocer el derecho de acceso al agua.
Esto ha abierto la puerta a que otros actores envíen propuestas de modificación a la ley, como de la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial; de partidos, como el gubernamental Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); o de la propia Conagua. Todos estos actores tienen intereses divergentes.
Al respecto, Feliciano Flores Anguiano, el diputado que preside la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, y quien recibió la propuesta ciudadana, aseguró que analizará la ley y la sopesará con otras propuestas.
Esto significa que la propuesta ciudadana tendrá que competir en la palestra legislativa con otras iniciativas.
“Nosotros como Comisión, es un hecho que tenemos las puertas abiertas para recibir, cuando nos las turnen, todas las iniciativas para analizarlas y al final dictaminar (emitir una propuesta de ley al pleno)”, dijo el diputado en el acto de recepción de la propuesta.
Durante la entrega de las firmas para avalar la propuesta de ley estuvo presente el senador Martí Batres, quien expresó su simpatía y coincidencia con la iniciativa ciudadana. “La vamos a estar esperando en el Senado para apoyarla”, aseguró.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página.
RV: EG
