No ha pasado un mes desde que comenzaron las protestas en India por la reforma a la ley de ciudadanía, que redefine y limita el derecho a la misma en este país asiático.
Una represión violenta dejó 27 manifestantes muertos y 1.500 detenidos. Además, grupos vinculados al gobernante Partido Popular Indio (BJP) siguen amenazando y golpeando a personas que salen a la calle a protestar.
“Disparen contra los traidores del país”, gritaban, cubiertos con la bandera nacional, en Nueva Delhi en la primera semana de este mes.
La enmienda a la ley de Ciudadanía se aprobó el 11 de diciembre de 2019 como forma de ofrecer la ciudadanía a las minorías que llegaron a India huyendo de Afganistán, Bangladesh y Pakistán antes de 2014, pero uno de sus aspectos más controvertidos es que excluye a los musulmanes.
Los críticos sostienen que es una norma que discrimina y pone en riesgo la naturaleza secular de la Constitución al tratar de crear un Estado hindú o un “Hindu Rashtra”, al estilo de Arabia Saudita o de Israel con el fin de crear un Estado judío.
El gobierno también busca implementar un Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) para 2021, el que comenzó a implementar en el estado de Assam, obligando a las personas a presentar pruebas de su ciudadanía.
La iniciativa implicó que casi 1,9 millones de personas, la mayoría musulmanes, corren el riesgo ahora de terminar en campos de detención por no tener documentos suficientes, los que deben remontarse a la década de los años 70.
El BJP presentó la ley como avanzada, lo que es redundante, según el historiador y director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Vijay Prashad, dado que India ya es signatario del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como de otros tratados internacionales sobre migraciones y refugiados.
“¿Por qué no hacer que India ratifique esos tratados, por qué molestarse en crear su propia norma rara si ya existe un marco internacional que dice que aceptamos refugiados y migrantes?”, preguntó en forma retórica.
“Pues porque usaron la cuestión de la migración no en sí misma sino para definir quién puede ser ciudadano indio; es de temer ya que ahora los musulmanes no son ciudadanos en India”, respondió Prashad al ser consultado por IPS.
De hecho el ministro del Interior, Amit Shah, calificó a los musulmanes sin documentos legales procedentes de Bangladesh de “termitas” e “infiltrados” y amenazó con tirarlos a la bahía de Bengala.
Según la abogada de derechos humanos Ramya Reddy, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, la reforma podría violar los artículos 14 y 21 de la Constitución, que están vinculados a la igualdad y la libertad.
Protestas
Las manifestaciones populares diarias en contra de la enmienda legal sufrieron fuertes represalias de la policía, que usó granadas, bombas de humo, gases lacrimógenos e incluso municiones reales, y dejaron a varias personas muertas. Las fuerzas de seguridad tratan de acallar las protestas invocando el artículo 144 del Código Penal, de la época del Raj británico, que prohíbe la reunión de más de cuatro personas, aunque lo aplica de forma selectiva.
“Cuando se reúnen partidarios del grupo radical Hindutva, no lo considera ilegal, pues son favorables al gobierno”, arguyó Aatir Arshad, estudiante de la Universidad Jamia Millia Islamia, quien ha participado en varias protestas. “La policía incluso los escolta”, aseguró.
Esa universidad de Nueva Delhi, con mayoría de musulmanes, se volvió el epicentro de las protestas en diciembre, luego de que la policía irrumpiera el terreno, se llevara a varios estudiantes, los golpeara y los dejara detenidos, incluso algunos que no habían participado en ninguna manifestación.
“Se metieron en la biblioteca, donde los estudiantes solo estaban estudiando para sus exámenes y los golpearon”, dijo Arshad a IPS. “Fue apocalíptico”, acotó.
La policía también ingresó en la mezquita de la universidad, golpeó al imán, así como a los guardias universitarios, lo que motivó más protestas, agregó Arshad.
Por su parte, la estudiante Ahla Khan, residente en el área de Jamia Nagar, también fue testigo de la violencia policial en la universidad y relató: “Había un muchacho que estaba parado, mirando su teléfono, sin hacer nada; la policía le preguntó ¿‘qué haces?’ y él no dijo nada, y así, sin más, lo empezaron a golpear”.
En Nueva Delhi la policía se contuvo más que en el estado de Uttar Pradesh, donde la violencia ha sido letal. El ministro jefe amenazó en diciembre con confiscar la propiedad de quienes participaran en las protestas como forma de “compensar el daño a la propiedad pública”.
“En Uttar Pradesh, la policía y matones del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) irrumpen en las viviendas, golpean a sus habitantes, tiran todo, saquean y rompen televisores y heladeras”, relató Khan.
Además, las autoridades procuran evitar que los medios de prensa informen sobre la violenta respuesta policial y han cortado Internet en varias partes del país, una práctica ya común, al punto que el corte de Cachemira es el más prolongado en un país democrático.[related_articles]
Respuesta Internacional
El portavoz de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric pidió “prudencia y urgió a respetar los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de reunión pacífica”.
Por su parte, la portavoz de la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet, declaró que la ley “parece socavar el compromiso con la igualdad frente a la ley, consagrado en la Constitución de India”.
La ONU criticó la ley de ciudadanía, pero “los cambios tienen que venir del interior o por presión”, observó la abogada Reddy. Y en este momento ni Gran Bretaña ni Estados Unidos ni Canadá se han expresado al respecto, dijo a IPS.
De hecho, en la última visita a Washington del canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, se canceló su reunión con el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes porque miembros del Congreso legislativo se negaron a excluir a la representante Pramila Jayapal, crítica de la ley de ciudadanía, del registro de ciudadanos y de las acciones del gobierno central indio en Cachemira.
Déficit
El Registro Nacional de Ciudadanos implicaría un gran perjuicio económico, según un reportaje publicado por Wire.
En Assam, donde reside solo tres por ciento de los más de 1.300 millones de habitantes, “llevó casi una década, se necesitaron más de 50.000 funcionarios públicos, con un costo de más de 168 millones de dólares”, indica el artículo.
“No se trata de una política que se pueda implementar”, puntualizó Prashad. “No se pueden expatriar 200 millones de musulmanes”, subrayó, y añadió que si los musulmanes de India vivieran en un país, este sería el octavo más poblado del mundo.
“Es una señal de que redefinimos la ciudadanía y envalentonamos a la extrema derecha para dejarle claro a los musulmanes que no son bienvenidos aquí, y que India es un país hindú”, subrayó Prashad en diálogo con IPS.
A pesar de todos los esfuerzos del gobierno por contener la resistencia a la enmienda, las protestas de musulmanes, dalits, budistas, cristianos, sijs, agricultores, abogados, obreros y periodistas se suceden a diario, todos unidos para evitar lo que podría dejar a millones de personas sin Estado; sería “la mayor privación de derechos en la historia de la humanidad”.
