En unos días se sabrá si progresa la demanda de Gambia contra Myanmar (Birmania) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y medidas de limpieza étnica de las autoridades del país del sudeste asiático contra la población rohinyá, cuando se produzca entre los días 10 y 12 la primera audiencia del caso en La Haya.
En los últimos años, cientos de miles de rohinyás han huido de la violencia ejercida contra ellos, en especial en el estado de Rakhine, donde se concentraba esta minoría musulmana birmana, y se han refugiado en el vecino Bangladesh, provocando una de las crisis de refugiados más graves de la década.
Sobreviven en campamentos en muchos casos improvisados, donde son vulnerables a la trata de personas y otras formas de violencia, además de las discriminaciones y diferentes violencias ejercidas contra ellos en el país de acogida. Pero aun así los rohinyás se niegan a regresar a Myanmar, en un testimonio de su miedo y la falta de seguridad que les inspira su gobierno.
Se trata de una crisis humanitaria que lleva años, pero los impulsores de la demanda consideran que es el momento adecuado para la iniciativa, interpuesta por Gambia el 11 de noviembre y que el régimen birmano tratará de impugnar en la primera audiencia fijada por la CIJ, para evitar que siga adelante.
«Nadie ha sido responsabilizado», dijo a IPS la presidenta del Centro para la Justicia Global, Akila Radhakrishnan. «Son las mismas fuerzas las que permanecen en el estado de Rakhine, siguen siendo una parte del ejército sin castigo. No hay sensación de que haya mínima seguridad para volver a Myanmar», afirmó.
Radhakrishnan señaló que la demanda ante la principal instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se produce “mucho después” de comenzada la crisis humanitaria, que la propia demanda ante la CIJ sitúa entre octubre de 2016 y agosto de 2017. Pero el temor de los rohinyás de volver a sus hogares evidencia cuan activa esta esa crisis, precisó.
«Creo que hay un reconocimiento de la imposibilidad del regreso de los rohinyá como una solución a la crisis humanitaria», dijo, y agregó que la demanda ante la CIJ presionará para que el gobierno de Myanmar tome medidas que se centren en cambiar las leyes y políticas que facilitaron el genocidio.
La demanda de Gambia está respaldada por la Organización para la Cooperación Islámica, que aglutina a los países de confesión musulmana, y fue incoada por el fiscal general y ministro de Justicia gambiano, Abubacar Tambadou.
La denuncia afirma que las atrocidades contra la minoría musulmana «tenían la intención de destruir a los rohinyás como grupo, de forma total o parcial, mediante los asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como una destrucción sistemática de sus aldeas mediante incendios, a menudo con gente encerrada dentro de las casas»
Tambadou inició el proceso para sentar en el banquillo a miembros del gobierno birmano después de visitar la zona de Cox’s Bazar, en la frontera de Bangladesh con Myanmar, donde hay unos 914 000 refugiados rohinyás distribuidos en varias instalaciones.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha definido a esas precarias instalaciones como el mayor campamento de refugiados del mundo.
Tambadou, quien ya trabajó en el proceso para llevar ante la justicia internacional el caso del genocidio de Ruanda, reconoció de inmediato un patrón similar y decidió movilizarse para tomar medidas jurídicas, según explicó durante la Asamblea General de la ONU.
Una de las solicitudes de Gambia ante la CIJ en La Haya es la adopción de medidas provisionales para que con “extrema urgencia” se establezcan diligencias para que el gobierno de Myanmar “restrinja ciertas conductas” que perpetúan el genocidio, explicó a IPS Paul Reichler, jefe de Foley Hoag, la firma de abogados que defiende la demanda.
«Cuando se presenta una demanda, se desea asegurarse de que el objeto mismo de la demanda no se destruya mientras el caso esté pendiente en la Corte», explicó. «Gambia solicitará a la corte que ordene a Myanmar que cese todos los actos de genocidio contra los rohinyá», además de acciones de destrucción de pruebas, detalló.
Pero ello presenta un desafío: ¿cómo puede Myanmar detener acciones que no reconoce realizar, dentro de su negación de la existencia del genocidio?
«El tribunal puede definir qué tipo de actos específicos deberían detenerse para que la orden aclare lo que Myanmar tiene prohibido hacer», dijo Reichler, al puntualizar que lo que se está pidiendo es que mientras se produce el juicio y la sentencia, se adopten medidas “para evitar daños irreparables”.
En caso de que Myanmar no cumpla con los requisitos establecidos en la propia demanda, Reichler dice que la Corte tiene atribuciones para tomar medidas necesarias para que cese toda violencia y discriminación contra los rohinyás y la comunidad internacional puede también actuar con medidas políticas.
Dos días después de que Gambia introdujese su demanda ante la CIJ, en Argentina una organización rohinyá presentó una denuncia ante en tribunales del país sudamericano contra los líderes de Myanmar por “crímenes brutales” contra la minoría musulmana. La denuncia incluye a Aung San Suu Kyi, actual consejera de Estado birmano y Premio Nobel de la Paz 1991.
«Urgimos a Argentina a que nos ayude en nuestra lucha y que investigue la atrocidad de esos crímenes», dijo en un comunicado el 13 de noviembre en Buenos Aires la Organización Birmana Rohinyá o Burmese Rohingya Organisation.
Suu Kyi, que es la mujer fuerte del país de hecho, continúa justificando las acciones contra los rohinyás, a los que acusa de terroristas.
A raíz de la demanda, su gobierno ha establecido una unidad legal para atender la acusación, mientras ella misma anunció que liderará la defensa del país en la CIJ, cuya primera audiencia de tres días comenzará el 10 de diciembre, precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos.
«Aung San Suu Kyi y el gobierno civil (birmano) no actuaron contra el genocidio en el estado de Rakhine” y “no han tomado medidas para pedir cuentas a los militares», dijo Radhakrishnan sobre el anuncio de la consejera de Estado.
«Ahora, van a defender las acciones genocidas militares y del gobierno en una de las etapas más grandes e influyentes del mundo. La comunidad internacional ya no debería tener ilusiones sobre dónde están Suu Kyi y el gobierno civil y deben actuar para apoyar a Gambia y tomar otras medidas para responsabilizar a Myanmar», concluyó.
T: MF
