Cuando comienza la semana decisiva de las deliberaciones de la COP25, representantes de las organizaciones ambientales y sociales presionan desde una cumbre paralela a la conferencia oficial, a fin de que los gobiernos adopten compromisos más contundentes ante la agudización de la emergencia climática.
El desarrollo y las deliberaciones de la 25 Conferencia de las Partes (COP25) de las Naciones sobre cambio climático, que acoge Madrid desde el 2 de diciembre y hasta el viernes 13, son percibidos con mucha desconfianza en los debates de la Cumbre Social por el Clima, que se realiza paralelamente a las reuniones oficiales, desde el sábado 7.
“No va a salir nada bueno para América Central, solo propuestas que la van a volver más vulnerable. Los daños se van a volver más graves”, sentenció a IPS Carolina Amaya, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, antes de recordar que esa región es una de las más expuestas a la crisis climática, con sequías persistentes, tormentas intensas, aumento del nivel del mar y migrantes climáticos.
La Cumbre Social se desarrolla en las instalaciones de la pública Universidad Complutense, en el oeste de la capital española, a unos 15 kilómetros de las instalaciones de la Feria de Madrid (Ifema), que acoge a la COP25, después que Chile renunció el 30 de octubre a ser su sede debido a su crisis interna, aunque mantiene la presidencia.
Las actividades alternativas, que también culminan el viernes 13, abarcan un menú abigarrado de temas, como el libre comercio y su impacto socioambiental, las explotaciones petroleras en territorios indígenas, la protección de los bosques o el rechazo a la compra-venta de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del recalentamiento planetario.
También analizan la monetización de los servicios ambientales, mayor financiamiento para las naciones más vulnerables, justicia climática y los ataques contra los defensores del territorio.
La Cumbre Social, también llamada la contracumbre climática, mantiene además algunas sesiones en Santiago de Chile, bajo el lema común de “Más allá de la COP 25: los pueblos por el clima”, aunque la presencia de representantes de la sociedad civil organizada es menor a otras COP por el cambio de sede de última hora.
La sociedad civil sostiene igualmente actividades dentro del recinto oficial de la COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde cuenta con un pabellón verde, pero donde su participación es más formal y ceremonial.
En todo caso, las reivindicaciones de la sociedad civil ganaron visibilidad gracias a la gran manifestación a favor de sus demandas que se escenificó en la capital española el viernes 6, con la participación de la activista sueca Greta Thunberg, estrella a su pesar de la conferencia oficial y la cumbre social, y quien este lunes 9 insistió en que la emergencia climática «es ya presente» y está causando muertes ahora.
Esta COP es la tercera consecutiva que se realiza en Europa, con el lema de “Tiempo de actuar», y desde este martes 10 entra en la fase de adopción de acuerdos para que esa intención realmente se cumpla.
Sus deliberaciones se centran en el financiamiento de las políticas climáticas nacionales, las reglas para los mercados de reducción de emisiones, la preparación de la actualización de las disminuciones de emanaciones y los recursos del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños, diseñado para ayudar a las regiones azotadas por las secuelas del colapso climático.
La de Madrid es la cumbre climática previa a que en 2020 entre en vigor el histórico Acuerdo de París sobre cambio climático, adoptado en la capital francesa en 2015, que dejó sin definir áreas claves que tratan de precisarse ahora, como el polémico mercado de emisiones.
En su declaración ante la COP, las organizaciones critican el modelo basado en la extracción de recursos naturales y de consumo masivo y a los que atribuyen la crisis climática, así como la falta de resultados de las reuniones de la CMNUCC.
“El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables”, denuncia el pliego, que defiende la justicia climática como bisagra de la justicia social y que “existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible”.
En la Cumbre Social se presentó este lunes 9 el primer “Manifiesto Latinoamericano por el Clima”, en que se censura la comercialización de bonos de carbono, el rol de las corporaciones en la lucha climática y una mayor explotación de hidrocarburos, mientras se respalda el impulso de la agroecología, la defensa de los derechos humanos y la demanda de justicia climática.
Además, los pueblos originarios también llevan a cabo su propia reunión, la “Minga indígena”, con el mensaje “Los saberes tradicionales al servicio de la humanidad frente al cambio climático”. En ella, se demanda el respeto a sus derechos, participación en las negociaciones y reconocimiento a su papel como guardianes de ecosistemas como los bosques.
“Estamos acá para elevar nuestro voz y ofrecer nuestro aporte para luchar” contra la emergencia climática, subrayó a IPS la cacica Jozileia Kaingang, del pueblo homónimo y representante de la no gubernamental Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.
Los grupos originarios brasileños están en conflicto con el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, por su deseo de minimizar sus derechos y de fomentar la explotación comercial de sus territorios. De hecho, la delegación gubernamental brasileña carece de integrantes indígenas, en un hecho inédito en la historia reciente de las COP.
Ante esa disputa y la situación crítica que vive ese macizo selvático, el más importante de América Latina, los indígenas brasileños se han volcado a Madrid para denunciar el caso y concitar solidaridad.[related_articles]
El asesinato de dos líderes del pueblo guajajara, en el noreste brasileño, sacudió el sábado 7 a la delegación ancestral, en el tercer crimen perpetrado en contra de ese grupo en dos meses.
En 2017, los Estados parte de la CMNUCC aprobaron durante la COP 23 la “Plataforma de intercambio de experiencias y mejores prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, con lo cual garantizaron la participación de esos grupos en las negociaciones de la convención.
El Grupo de Trabajo de la plataforma, integrado por delegados de siete naciones y siete pueblos indígenas, elabora actualmente su plan para el periodo 2020-2021.
Martín Vilela, representante de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático –un paraguas de organizaciones de la nación andina–, cuestionó la efectividad de las cumbres climáticas.
“Los acuerdos son solo papel. Las emisiones siguen aumentando y las metas voluntarias de los países son insuficientes. Los países tienen que aumentar su ambición si realmente quieren evitar mayores desastres”, deploró ante IPS.
Las organizaciones sociales temen que el Acuerdo de París, cuando sustituya al Protocolo de Kyoto el año próximo, nazca muerto, porque los países no cumplan sus promesas, pese a que los científicos alertan ya que el objetivo de contener el incremento de las temperaturas en 1,5 grados centígrados es insuficiente.
El Acuerdo fija metas obligatorias de reducción de emisiones para los países industrializados y voluntarias en el caso de las naciones del Sur en desarrollo.
“Los países tienen que saber que les estamos dando seguimiento. Las organizaciones debemos prepararnos para reclamar mejores acciones”, afirmó la salvadoreña Amaya.
Para la brasileña Kaingang, la lucha climática será eficaz solo si incluye a los pueblos indígenas.
La COP 26 se escenificará en noviembre de 2020 en la norteña ciudad escocesa de Glasgow, previamente habría reuniones intermedias en Alemania e Italia.
Este artículo contó con el respaldo del Programa Latinoamericano de Cobertura Periodística COP25.
Edición: Estrella Gutiérrez
