Mientras ministros de finanzas y economistas llegan a Washington para afrontar los desafíos económicos mundiales, en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la mayoría de la población mundial vive con recortes de austeridad y ve cómo se deteriora su nivel de vida.
Los líderes mundiales deberían ver cómo revertir esta tendencia en las reuniones que comenzarán el lunes 14 y se prolongarán hasta el día 20.
Desde 2010, la mayoría de los gobiernos, tanto en países de altos ingresos como en desarrollo, han estado implementando políticas de austeridad, reduciendo el gasto público. Sorprendentemente, se espera que esta tendencia continúe al menos hasta 2024, según un estudio global que acaba de publicar la Iniciativa para el Diálogo en la Universidad de Columbia, las centrales sindicales internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.
La austeridad se ha convertido en «la nueva normalidad».
Con base en las proyecciones fiscales del FMI (Fondo Monetario Internacional), el estudio encuentra que un nuevo shock de ajuste fiscal comenzará en 2020. Para 2021, los gastos en términos del PIB (producto interno bruto) disminuirán en 130 países, de los cuales casi tres cuartas son países desarrollo del Sur.
El alcance de la austeridad es asombroso: cerca de 6.000 millones de personas se verán afectadas en 2021.
¿Cómo están recortando los presupuestos los gobiernos e implementando reformas de austeridad?
En la práctica, las medidas de ajuste más comúnmente consideradas en 2018-19 incluyen: reformas de pensiones y seguridad social (en 86 países); recortar o limitar los gastos salariales del sector público, incluido el número y los salarios de maestros, trabajadores de la salud y funcionarios que prestan servicios públicos (en 80 países); reformas de flexibilización laboral (en 79 países).
También incluyen la reducción o eliminación de subsidios (en 78 países); racionalizar y/o focalizar aún más la asistencia social (en 77 países); aumentar los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos a consumo (en 73 países); el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (las APP, en 60 países); la privatización de bienes y servicios públicos (en 59 países); y reformas sanitarias (en 33 países).
Todas estas medidas tienen impactos sociales negativos.
Como resultado, en muchos países las personas mayores tienen pensiones más bajas; no hay suficientes maestros, personal médico y de atención, y la calidad de los servicios públicos se ve afectada; hay menos trabajos y las personas trabajan en condiciones más precarias; los precios aumentan mientras los salarios no; y las clases bajas y medias se ecuentran muy afectadas, bajo presión.
En perspectiva, las políticas macroeconómicas y fiscales realizadas por los gobiernos durante la última década son alarmantes. Solo el Grupo de los 20 (G20) comprometió 10 billones (millones de millones) de dólares para apoyar al sector financiero en respuesta a la última crisis financiera mundial, y luego pasó los costos de ajuste a las poblaciones, con millones de personas que fueron empujadas a la pobreza y a niveles de vida más bajos.
Se puede esperar que el impulso mundial hacia la austeridad o la consolidación fiscal agrave la crisis de crecimiento y empleo y disminuya el apoyo público en un momento de altas necesidades de desarrollo, elevando las desigualdades y el descontento social.
La austeridad también se está utilizando como un caballo de Troya para inducir a las políticas del «Consenso de Washington» a reducir las políticas públicas y el estado de bienestar.
Una vez que los presupuestos se están contrayendo, los gobiernos deben observar políticas que minimicen el sector público y expandan la prestación de servicios del sector privado, incluidas las APP. Hay claros ganadores y perdedores de este renovado Consenso de Washington, y los gobiernos deben evaluar y cuestionar estas políticas.
La austeridad y los recortes presupuestarios no necesitan ser «la nueva normalidad».
Existen alternativas, incluso en los países con mayores niveles de pobreza.
Los gobiernos pueden encontrar espacio fiscal adicional para financiar servicios públicos y políticas de desarrollo a través de al menos ocho opciones, que van desde el aumento de los ingresos fiscales progresivos, la conención de los flujos financieros ilegales, la mejora de la gestión de la deuda y el uso de reservas fiscales y de divisas.
O la adopción de medidas macroeconómicas acomodativas a priorizar el gasto público y, para los países de bajos ingresos, presionar por una mayor ayuda.
Todas estas opciones están respaldadas por las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales.
Es hora de que los líderes mundiales abandonen la miopía en las políticas macroeconómicas y fiscales que benefician solo a unos pocos y, en cambio, busquen espacio fiscal y oportunidades de financiamiento para fomentar una recuperación mundial sólida y la prosperidad para todos.
T: MF
