Cuba echó a andar su nueva estructura gubernamental que incluye la restauración de cargos como el de presidente de la República, en un clima marcado por graves dificultades económicas y la recrudecida agresividad de la administración estadounidense de Donald Trump.
En una votación secreta efectuada este jueves 10 en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal como estaba previsto Miguel Díaz-Canel, de 59 años, fue electo como presidente, mientras Salvador Valdés Mesa, de 74 años, quedó designado como vicepresidente.
“Sin sorpresas. Más bien ocurrió un ejercicio de ratificación de los cargos y el Consejo de Estado quedó para reunir a representantes de las organizaciones más masivas de la sociedad civil legitimada por el Estado”, dijo a IPS el jurista Raudiel Peña, al conocer los resultados de las votaciones de 575 diputados.
Díaz-Canel gobernaba el país desde abril de 2018 con los cargos formales de presidente del Consejo de Estado y de Ministros.
Asimismo, el parlamento cubano seguirá presidido por Esteban Lazo, de 75 años, Ana María Mari Machado como vicepresidenta y Homero Acosta como secretario. Esta misma tríada liderará el Consejo de Estado, ahora de 21 puestos, que sumó cuatro nuevos integrantes con la salida de veteranos como Ramón Machado Ventura.
Los parlamentarios sufragaron según las nominaciones presentadas por la Comisión Nacional de Candidaturas que, de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley Electoral vigente desde julio, presentó las boletas de votación luego de consultas con todos los miembros de la Asamblea Nacional, el parlamento local.
Peña consideró que “la nueva estructura de gobierno representa, desde el punto de vista político y jurídico-constitucional, la transformación más profunda ocurrida en este sentido desde 1959”, en referencia a la distribución de funciones y cargos entre Estado y gobierno según la Constitución vigente desde abril.
El Consejo de Estado tiene carácter colegiado y rinde cuentas de sus actividades a la Asamblea Nacional. La Constitución establece que no pueden integrar este órgano de gobierno los miembros del Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales y de control estatal.
Por disposiciones transitorias de la ley fundamental, el ahora presidente tiene un plazo de tres meses para proponer al parlamento unicameral la designación del primer ministro, viceprimeros ministros, un secretario y los demás miembros del Consejo de Ministros.
Según el artículo 133 de la Constitución, el Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el gobierno de la República.
La figura de un primer ministro es una de las novedades de la nueva nomenclatura gubernamental cubana.
Este cargo fue ocupado por el exgobernante Fidel Castro (1926-2016) de 1959 a 1976, cuando desapareció por el nuevo ordenamiento establecido en la Constitución aprobada ese año. Desde entonces, la jefatura del Estado y del obierno se concentró en una sola persona, quien ha sido el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Bajo ese cargo ejercieron Fidel Castro (1976-2008), Raúl Castro (2008-abril de 2018) y, hasta este momento de ser designado presidente, Miguel Díaz-Canel.
“Estamos hablando de un cambio radical, pues los cargos que anteriormente ocupaba una persona, ahora serán desempeñados por tres”, precisó Peña, sobre las funciones ahora del presidente, presidente del Consejo de Estado, primer ministro y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Aunque formalmente no sea parte de la estructura del gobierno, no se puede olvidar la existencia del primer secretario del PCC”, focalizó, sobre el principal cargo, que hasta 2021 ocupará Raúl Castro, en un país con sistema de partido único definido constitucionalmente como “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”.
No obstante, el propio Castro anunció que, con su retiro en 2021, el presidente estará también al frente del PCC.
En su discurso de posesión de este jueves, transmitido de forma diferida por la televisión estatal, Dìaz-Canel advirtió que hay “muchas leyes, indispensables para hacer más eficiente el gobierno, que precisan de modos más expeditos de revisión, aprobación e instrumentación”.
Rodeado de una situación tensa en lo interno y externo, el mandatario especificó que sus prioridades serán la economía y la defensa del país, cuando se recrudecen las sanciones por parte de Washington, que anunció el 9 de octubre nuevas medidas contra La Habana por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Sin embargo, al hacer un balance de lo que su gobierno definió como crisis coyuntural, debido al súbito déficit de combustible en septiembre causado por agresivas disposiciones de Estados Unidos y el desbasto de alimentos por la reducción de importaciones, indicó que la economía se sobrepone aunque con austeridad.
Las expectativas respecto al impacto de la nueva estructura del gobierno resultan variables.
“Hay un escenario posible de mayor movimiento en los órganos de Estado y de Gobierno, y otro de inercia”, sopesó para IPS la jurista cubana Mylai Burgos, radicada en México, desde donde sigue cuestiones locales como el derecho constitucional y los derechos humanos en su país natal.[related_articles]
La experta identifica en la nueva estructura “un avance en el sentido que se supone que el legislativo pueda tener cierta fuerza y concentración del Consejo de Estado en la función de legislar”, aunque observa limitantes como “las formas de elección, por ejemplo la presidencial es indirecta, que no permiten procesos de competencia política”.
La sesión parlamentaria extraordinaria sucedió en un día feriado en Cuba, donde las calles de la capital se mantuvieron apenas transitadas debido también al menor tráfico de vehículos que persiste por las restricciones en la disponibilidad de combustible.
La vulnerabilidad de Cuba por la alta dependencia externa de hidrocarburos, que compromete todas las esferas de la vida, puso al desnudo la urgencia de profundizar la reforma económica iniciada en 2008 por el gobierno de Raúl Castro y que parece detenida desde 2018.
“El asunto no es de estructura de gobierno, sino de estrategia de gobierno, que hasta el momento es difusa”, dijo a IPS la economista Ileana Díaz. “No creo que el cambio de estructura de gobierno modifique sustancialmente el proceso de reformas”, añadió, sobre el área que preocupa más a la población de 11,2 millones de habitantes.
A su juicio, “que exista presidente y primer ministro ayudará a un mayor control de las decisiones, pero no necesariamente a la calidad de las mismas”.
“La reforma económica cubana es aún inconclusa: no se han logrado resolver ninguno de los principales desequilibrios macroeconómicos existentes ni se han desatado las potencialidades de las fuerzas productivas que permita un crecimiento de la economía”, acotó el economista Omar Everleny Pérez.
El especialista indicó que, a partir de ahora, “sí debe ser lógico que cambien las carteras donde se hayan obtenido menores resultados económicos, o el presidente que se elija, debe contar en su equipo con cuadros preparados, que permitan darle continuidad o poner en vigor lo ya acordado”.
Para su despegue, la economía cubana requiere inversiones extranjeras anuales por 2.500 millones de dólares, que no se han logrado hasta el momento, a fin de que el producto interno bruto pueda crecer en tasas superiores al cinco por ciento.
Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana
Edición: Estrella Gutiérrez
