Los civiles de Sudán siguen arriesgando sus vidas cada día para manifestarse a favor de que la democracia llegue a su país, pero se enfrentan a variados obstáculos para mantener activas sus movilizaciones, incluidos el cierre de calles y la falta de acceso a Internet.
La perspectiva de la democracia sigue siendo incierta en este país del noreste de África, ya que las autocracias regionales ayudan al gobierno militar, hay incesantes choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas del gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se retiró a raíz de una masacre a comienzos de este mes.
Un manifestante sudanés, Abdelfatah Arman, dijo a IPS desde Jartum que la situación sobre el terreno se caracteriza por una violencia continua.
«Comenzamos a ver personal militar uniformado, junto con los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional» desplegados en las calles, dijo Arman, al recordar a modo de ejemplo lo que sucedió en la última protesta en que había participado en Al Souq Al Arabi, el mercado al aire libre más grande de la capital.
«Estaban fuertemente armados y bloqueando, con sus camionetas pick-up, todas los accesos que conducían a Al Souq o al Palacio Presidencial. Usaron porras y gases lacrimógenos y además había francotiradores en algunos edificios», dijo en una entrevista con IPS.
«Comenzamos a correr en todas direcciones para salir de allí», recordó Arman, quien actualmente es estudiante de doctorado en la escuela de Educación de la Universidad de Penn State.
También es periodista e integrante de la plataforma opositora de Fuerzas de Libertad y el Cambio (FCC), que coordina y convoca las protestas.
Desde diciembre de 2018, los manifestantes encabezados por el FFC y la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA) han tomado las calles en media docena de ciudades, exigiendo la renuncia del gobernante de Sudán desde hace 30 años, Omar al Bashir.
Al Bashir fue destituido el 11 de abril y en su lugar se estableció un gobierno militar encabezado por el Consejo Militar de Transición, que ha rechazado la demanda civil de elecciones democráticas.
El 3 de junio la brutal represión de una manifestación pacífica, una acampada frente a la sede del Ejército en Jartum, se saldó con la muerte de más de 100 manifestantes, lo que ocasionó una ola de indignación internacional.
Más de 40 cadáveres fueron arrojados posteriormente al río Nilo, según denuncias opositoras, mientras también personal de asistencia sanitaria resultó herido, junto con médicos y voluntarios, incluso en los centros hospitalarios.
Human Rights Watch, una de las organizaciones internacionales que ha condenado la masacre, solicitó una investigación de la ONU sobre la violencia desatada por el Consejo Militar.
«La decisión de desencadenar la violencia contra los manifestantes pacíficos es absolutamente injustificada e ilegal, y una bofetada en la cara para aquellos que han estado buscando el diálogo para lograr un traspaso al gobierno civil», dijo la organización internacional con base en Washington.
La represión continuó con un cierre de Internet por parte del gobierno para desalentar las protestas, cuya convocatoria se produce por plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp.
El cierre de Internet ha empeorado la seguridad civil, dijo el periodista Zeinab Mohammed Salih, en una carta a la British Broadcasting Corporation (BBC).
«Los que estaban obligados a caminar lo hacían portando cuchillos y palos, especialmente en la ciudad gemela de Jartum, Omdurman, para protegerse», dijo Salih.
El coordinador humanitario de la ONU en Sudán, Gwi-Yeop Son, ha destacado el «deterioro» de la situación humanitaria en Sudán, y ha expresado su profunda preocupación porque medio millón de personas corren el riesgo de contraer infecciones sin tener acceso a los suministros médicos adecuados.
A pesar de los crecientes obstáculos, la SPA reafirmó su demanda de un gobierno civil, convocó a un panel internacional para investigar la «bárbara» masacre del 3 de junio en Jartum y pidió que la población se mantenga en desobediencia civil al Consejo Militar.
Pero, en tanto, autocracias regionales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están trabajando en apoyo al régimen de Jartum para fortalecerlo y que logre acallar las protestas.
En abril, se informó que los dos países del Golfo enviaron a los líderes militares de Sudán 3.000 millones de dólares en ayuda para fortalecer los esfuerzos de contrarrevolución del Consejo.
El príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, prometió «preservar la seguridad y la estabilidad de Sudán» por temor a que la corriente democrática de ese país situado frente a las costas de la península arábiga, pudiera llegar hasta su controlado territorio.
El Grupo Soufan, una firma internacional que brinda servicios de seguridad e inteligencia a gobiernos y organizaciones, advierte que la confrontación sudanesa actual podría degenerar en una guerra civil a gran escala.
«Hay claros paralelismos con algunas de las protestas de la Primavera Árabe que eventualmente desencadenaron insurgencias en toda regla, incluidas las de Siria, donde el bombardeo indiscriminado inicial contra civiles por parte de los militares incrementó los movimientos de protesta hasta eclosionar en un levantamiento más amplio», dijo la organización.
Sin embargo, una eventual guerra civil podría terminar en otro regimen militar, repitiendo el camino de Egipto después de la Primavera Árabe.
La ONU ha instado a ambas partes a que reanuden las negociaciones pacíficas y busquen una solución política al conflicto.
En la reunión del Consejo de Seguridad del 14 de junio, los Estados miembros destacaron que el empeoramiento de la situación humanitaria exige un apoyo continuo de la ONU, pero también expresaron que Sudán debe tomar el control de su propio futuro político.
«Una transición pacífica y ordenada con el objetivo de lograr la transferencia del poder político a un gobierno civil, democrático y representativo es la única manera duradera de resolver la crisis actual», dijo el representante de Bélgica, Marc Pecsteen de Buytswerve.
La ONU retiró a su personal civil en Jartum después de la masacre del 3 de junio, pero ya reanudó el resto de sus operaciones.
El opositor pro democracia Arman, en tanto, aseguró que el FFC, la organización que coordina las protestas, no mantendría negociaciones con el gobierno militar hasta que se investigue la última masacre.
Pero pese a la tensión actual con el Consejo Militar, el representante de la FCC sigue siendo optimista para una transición democrática.
«Tenemos la esperanza de que si pudimos provocar el derrocamiento del dictador Al Bashir y su sucesor, el general Ahmed Award Ibn Auf, también podríamos lograr la salida del general Abdel al Burhan y la junta militar», que el líder castrense encabeza.
«Continuaremos nuestra protesta y desobediencia civil hasta que salgan los militares», dijo Arman. «No aceptaremos nada menos que un gobierno civil dirigido por civiles», concluyó.
T: MF
