La vieja y todavía irresuelta crisis habitacional de Cuba, que obliga a la convivencia de numerosas personas en pequeñas viviendas y locales, en muchos casos en situación de deterioro, es uno de los problemas sociales más sensibles en el país.
El tema, un desafío vigente desde hace casi seis décadas en esta nación insular caribeña, ocupa un lugar prioritario en la agenda del presidente Miguel Díaz-Canel, en el poder desde abril de 2018.
Cada mes, el gobernante cubano se reúne con los principales directivos de organismos relacionados con el asunto, para examinar los avances del plan de terminación de viviendas.
Según alertó, de no revertirse el bajo cumplimiento de ese programa se comenzará a acumular un atraso que podría repercutir en el incumplimiento de lo previsto al concluir 2019.
A finales de marzo, Díaz-Canel convocó a redoblar esfuerzos para avanzar en esa política y exigió poner fin a los mecanismos burocráticos que traban “uno de los programas de mayor impacto social que hoy se ejecutan en el país”.
Reportes oficiales indican que Cuba, un país de gobierno socialista, dispone de alrededor de tres millones 825.000 casas, cerca de 40 por ciento clasificadas de regular o mal estado técnico.
Además, en el país es preciso construir más de 525.000 viviendas y rehabilitar unas 400.000. Las provincias con mayor población y más afectadas, son La Habana y las orientales Holguín y Santiago de Cuba.
De los 11,2 millones de la población del país, 79 por ciento vive en las zonas urbanas.
Desde el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, en la isla caribeña se han construido dos millones 568.267 unidades habitacionales.
Avances en construcción de viviendas
Un informe del Ministerio de la Construcción, de abril de 2018, indicó que en los primeros tres meses de ese año se concluyeron terminaron 4.576 viviendas.
Desde 2007 en adelante, se han construido en el país, como promedio anual, unas 31.700 viviendas, según cálculos realizados a partir del Anuario Estadístico de Cuba. Una cifra insuficiente de acuerdo con las necesidades acumuladas.
Durante el balance anual de su cartera, el ministro cubano de la Construcción, René Mesa, informó en marzo que al cierre del 2018 se construyeron en Cuba unas 30.437 viviendas. De esa cifra, el Estado edificó 15.899 de las 16.354 planificadas.
Según ese informe oficial, la población terminó la construcción de unas 14.538 viviendas de las cuales 7.103 fueron mediante el otorgamiento de subsidio, y 7.435 por otras vías.
En noviembre del año pasado, la directora general de Vivienda, Vivian Rodríguez Salazar, explicó que están en marcha acciones para recuperar el fuerte deterioro del fondo habitacional en todas las provincias agravado por el paso del huracán Irma, en septiembre de 2017.[pullquote]1[/pullquote]
“La estrategia abarca 10 años para recuperar el déficit habitacional. Sabemos que hay una demanda insatisfecha de recursos naturales y fuerza de trabajo, aspectos sobre los cuales también se han previsto acciones a implementar”, declaró la funcionaria.
A las acciones constructivas ejecutadas durante décadas por el Estado, en los últimos años se sumó el llamado localmente “esfuerzo propio” de la población, autorizada a levantar, mejorar o ampliar sus propias moradas con la compra subsidiada de materiales de construcción.
También se permitió la compraventa de casas (que creó un mercado inmobiliario con precios exorbitantes en comparación con los bajos salarios) y la flexibilización de trámites para las permutas (intercambio de casas entre dos o más propietarios).
Ordenamiento jurídico
Dos recientes acuerdos del Consejo de Ministros flexibilizan la transferencia de la propiedad a quienes ocupan “viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales sin estatus legal o sin observar las formalidades en su construcción”.
Además, legalizarán el estatus de viviendas terminadas o en ejecución por el Estado y la población.
La medida era largamente esperada. Por ello, pese a dudas, incomprensiones y hasta opiniones escépticas, la mayoría de la población recibió con entusiasmo la decisión publicada en la Gaceta Oficial ordinaria No. 33 junto con los Acuerdos No. 8574 y No. 8575 de los ministerios de Justicia y de la Construcción.
Las nuevas normas se dieron a conocer el 26 de abril con el objetivo oficial de continuar el ordenamiento y legalización de la vivienda en el país, y entrarán en vigor el 27 de mayo.
El nuevo paquete jurídico podría aliviar el complejo cuadro social determinado por el envejecimiento de los inmuebles, su deterioro por la falta de mantenimiento, los frecuentes derrumbes, los huracanes y la disminuida capacidad constructiva del Estado.
Según explicó Rodríguez Salazar, se beneficiarán 230.000 familias, o lo que es igual, más de 690.000 personas. De ellos, más de 77.000 son hoy arrendatarios de inmuebles y también tendrán la posibilidad de obtener la propiedad.
La funcionaria aclaró que este será un proceso apegado a las regulaciones urbanísticas aprobadas en cada territorio. De este modo, si una vivienda cumple las condiciones para inscribirse en el registro de la propiedad, pero incumple las disposiciones de planificación física, no podrá seguir adelante con el proceso.
Santiago Herrera Linares, director de Asuntos Legales de la Dirección General de la Vivienda, dijo que el proceso está previsto para un período de seis años y señaló que las medidas se aplican tanto para zonas rurales como urbanas.
También precisó que estarán excluidos sitios considerados especiales, como la Zona Especial de Desarrollo Mariel, La Habana Vieja y la región de las playas de Guanabo y Varadero.
Diana Rosa Suárez Matías, del departamento jurídico del Instituto de Planificación Física, advirtió que no se pueden legalizar las viviendas construidas en los márgenes de los ríos o en zonas de inundación, bajo líneas eléctricas de alta tensión, en las fajas industriales, o en zonas de gran significación económica.
Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Un cibernauta identificado como Jorge consideró que estos nuevos acuerdos en materia de vivienda “son importantes. Lucen como una nueva ley de reforma urbana que ya el pueblo estaba necesitando”.
“Esperamos que los responsables de ejecutarlos localmente no comiencen a llenarlos de ambigüedades porque en el pasado factores negativos han obstaculizado y amargado las gestiones a realizar por el pueblo, incluso han facilitado actos de corrupción a muchos funcionarios de la vivienda”, agregó.
Miguel Rosales se mostró partidario de tomar decisiones similares “en cosas que la gente hace y no tienen por qué ser ilegales” y “acabar con las prohibiciones absurdas que generan corrupción e ilegalidad”.
Por ilegalidades se entiende en Cuba la ocupación forzosa de viviendas (algunas en edificios inhabitables), la compra de casas sin cumplir requisitos legales (antes de que fuera autorizado) y la entrega de títulos de propiedad tras pagar sobornos a funcionarios corruptos del sector, entre otras.
RV: EG
