El tránsito entre 2018 y 2019 en Cuba tuvo dos peculiaridades. Por un lado, sirvió para rememorar el 60 Aniversario del inicio de un proceso que se propuso transformar el país en cuatro direcciones: independencia nacional, justicia social, buen gobierno y una economía próspera y sustentable. Ese proceso, que ha implicado 60 años de resistencias y sacrificios populares, tomó rápidamente el título que mantiene hasta hoy: la Revolución Cubana.
Si hubiera que hacer un balance sintético, se podría decir que en esos 60 años el país alcanzó por primera vez el ejercicio pleno de su soberanía y se transformó en un actor a nivel global por sus políticas anti-hegemónicas y de solidaridad internacional; avanzó sustancialmente en salud pública y educación, aunque quedaron lagunas en sectores como la vivienda y el transporte público; eliminó los grandes casos de corrupción y creó un sistema político nuevo, más ajustado a la voluntad popular, aunque mediado por la figura y genio de un líder como Fidel Castro, lo que unido al clima de plaza sitiada en el que tuvo que sobrevivir, condujo a un régimen democrático imperfecto con una institucionalidad vertical y autoritaria, en el cual la burocracia estatal y partidista adquirió una excesiva discrecionalidad; no pudo construir un modelo económico próspero y sustentable, independiente del sostén externo, mientras que las fuerzas productivas estuvieron restringidas por un sistema de administración altamente centralizado y poco creativo.
Al analizar las falencias de este proceso siempre habrá que recordar que el gobierno cubano estuvo y está bajo la constante presión de una política persistentemente hostil de un poderosísimo enemigo, otrora socio privilegiado: los Estados Unidos.
En segundo lugar y paradójicamente, 2018-2019 también marcó la primera gran transformación política postrevolucionaria: la transferencia de poder de la generación histórica que dirigió la Revolución a otra más joven compuesta por mujeres y hombres nacidos por lo general después de 1959.
Esa transferencia necesitó de una nueva constitución en la cual el sistema político cubano se reconoce por primera vez como un estado socialista de derecho, con todo lo que ello implica.
El proceso de redacción, discusión, aprobación y proclamación de esta nueva Magna Carta, que no estuvo exento de las tendencias verticalistas de la cultura política cubana, ocupó la atención primaria de la ciudadanía entre julio del 2018 y abril del 2019, incluyendo una consulta popular que fue un gran ejercicio de deliberación democrática.
La última fecha sirvió también para hacer un balance del primer año de gobierno del presidente electo en abril del 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Ese balance, pues, desbordó los marcos del calendario formal. Díaz-Canel, ingeniero de formación, pero cuadro político con una amplia trayectoria partidista y gubernamental, recibió como herencia un proceso de reforma económica y política en marcha, diseñado en lo fundamental durante los 12 años de gobierno de su predecesor, el general Raúl Castro.
El objetivo central de esa estrategia es crear lo que la propaganda oficial ha designado como un “socialismo próspero y sustentable” a partir de una “actualización del modelo económico y social” cubano.
Ello no es una ruptura con los logros alcanzados bajo el liderazgo de Fidel Castro, más sin embargo, como afirmara el propio Raúl Castro el 27 de julio del 2007: “Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.”
Durante su mandato el expresidente y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió más de una vez que el principal enemigo que enfrentaba esta transición era “la vieja mentalidad”, con lo cual quedó evidente lo que muchos analistas, incluyendo el que suscribe, han señalado: bajo el signo de la unidad existe una aguda lucha entre dos tendencias, la que privilegia el cambio y la innovación y la que insiste en el continuismo y la inmovilidad.
Como lo han demostrado los 12 años precedentes, no puede haber continuidad sin transformación y sin adaptación a las cambiantes circunstancias domésticas y externas. Desde el poderoso centro ideológico del Partido se insiste en la consigna de “somos continuidad”, lo que puede socavar en la conciencia y las esperanzas ciudadanas sobre la necesidad del cambio.
En un sistema de partido único siempre hay el peligro de confundir realidad con propaganda; después de todo cualquier constructo ideológico-propagandístico no es más que una interpretación de la realidad y la realidad puede ser muy terca. No hay que olvidar un precepto fundamental del marxismo: la práctica es el criterio de la verdad.
Aunque tanto Raúl Castro como Díaz-Canel, han enfatizado que la batalla principal que enfrenta Cuba es la de la economía, el año que pasó será recordado, sobre todo, por los cambios políticos impulsados por las propias autoridades cubanas, entre los cuales se encuentra una importantísima ampliación del espacio público con el impulso oficial al uso de Internet, a la presencia de las autoridades en las redes sociales y al énfasis en el gobierno electrónico.
En este balance del 2018, sigue siendo deficitario el proceso de transformación económica. Tanto desde el gobierno como en los círculos académicos se reconoce que no se alcanzan las metas propuestas y que quedan muchas políticas aprobadas por implementar.
Hay dos elementos claros: toda la política del presidente Díaz-Canel tiene por objetivo actualizar el modelo socio económico con vistas a crear ese tan ansiado socialismo próspero y sustentable; y el presidente personalmente realiza un enorme esfuerzo de trabajo y comunicativo para lograrlo.
Pero el 2018 terminó en medio de graves escaseces.
Los desafíos que enfrenta el gobierno cubano en materia internacional son enormes debido a la creciente hostilidad de la administración de Donald Trump y los graves acontecimientos en Venezuela. También hay aspectos positivos en que sustentarse pero no siempre se aprovechan todas las reservas con la premura necesaria.
Sin embargo, no se debe olvidar, hoy más que nunca, que economía y política se encuentren indisolublemente imbricadas.
En el futuro no podrá hablarse de un balance político positivo de este período, no importa cuánto se logre en ese terreno, si el devenir económico del país no se encamina firme e irrevocablemente hacia las metas trazadas en los documentos principales conocidos abreviadamente como Lineamientos, Conceptualización y Visión 2030.
Y ahí es donde está el gran déficit de los últimos años, incluido el 2018, y el gran desafío del 2019 y los futuros. Se sabe y está definido lo que hay que hacer, pero no se acaba de lograr que el gobierno en su totalidad implemente con audacia y vigor lo acordado. Y el tiempo se nos está acabando.
RV: EG
