Rogers Hove blande orgulloso un desgastado papel con el título de la tenencia de un terreno de cinco hectáreas, que obtuvo del gobierno de Zimbabwe tras las caóticas apropiaciones de tierras en manos de granjeros blancos hace dos décadas, mientras asegura que le reconforta mucho “ver ese documento de la tierra en mi posesión”.
A sus 78 años, Hove tiene poco más que mostrar sobre la tierra que cultiva sin rendimiento productivo o económico. Ha construido tres chozas de techo de paja y paredes de ladrillos hechos con sus propias manos, pero carece de algún ganado, el símbolo de riqueza entre los campesinos de la zona.
«Algún día las cosas estarán bien y es posible que pueda cultivar de manera productiva como solían hacer aquí los agricultores blancos antes de que nos hiciéramos cargo de nuestras tierras», dijo agricultor de sobrevivencia a IPS.
En el año 2000, el gobierno del expresidente Robert Mugabe se embarcó en una agresiva reforma agraria, que distribuyó entre la población negra enormes extensiones de tierra, tras expulsar a unos 5.000 granjeros blancos, un grupo que siempre fue enemigo de quien gobernó el país desde su independencia en 1980, hasta 2017.
Hove presume de poseer uno de los terrenos más fértiles de la norteña provincia de Mashonaland East, aunque admite que son muchos los productores de agricultura de sobrevivencia que como él han vivido tiempos más que difíciles tras ser reasentados.
«Sí, tengo esta tierra, pero desde que asumí su control no he producido mucho porque no tengo medios para hacerlo adecuadamente. Otros agricultores vecinos que cuentan con esos instrumentos a menudo tienen que ayudarme, pero eso tampoco ha cambiado nada las cosas”, dijo.
En lugar de ayudarle en la granja, la esposa de Hove, Agness, de 70 años, se aposta diariamente en la carretera vecina para vender cigarrillos y baratijas a los transeúntes. «Con mis ventas tal vez tengamos comida en la mesa, porque no tenemos nada de nuestra granja”, explicó Agness a IPS.
Sus siete hijos ya tienen sus propias familias y viven lejos del matrimonio, que cifró todas sus esperanzas de tener una vejez tranquila en el terreno que invadieron durante el anárquico programa de reforma agraria de Mugabe.
En Zimbabwe, nunca llueve a gusto de los agricultores de sobrevivencia como el matrimonio Hove y bajo el actual gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa, muchos de ellos corren el riesgo de perder sus tierras.
A principios de este año, el gobierno anunció que retomaría todas las tierras subutilizadas y la redistribuiría entre los agricultores capacitados para ponerlas a producir con eficiencia, independientemente de su raza, color o credo.
Al informar al parlamento, Douglas Karoro, viceministro de Tierras, Agricultura, Agua, Cultura y Desarrollo Rural, dijo que «en caso de que el gobierno decida redistribuir la tierra, es nuestra política asegurarnos de que ese ejercicio se realice en forma justa”.
“La redistribución no va a ver el color del agricultor, la inclinación política del agricultor o la afiliación religiosa del agricultor», dijo Karoro.
Con ese fin, el gobierno pretende realizar una auditoría de tierras, destinada a implementar la nueva política, que se da por hecho que afectará a agricultores reasentados y con poca capacidad productiva como Hove.
Ya en tiempos de Mugabe, fueron amenazados con el desalojo si no se volvían más productivos.
Pero los campesinos como Hove echan la culpa al incumplimiento del gobierno de los compromisos que adquirió al entregarles las tierras para su explotación, en lo que representó una restitución del masivo despojo de las tierras productivas a la población negra durante la etapa colonial.
«El gobierno siempre prometió ayudarnos con los insumos para mejorar nuestra producción, pero solo los que apoyan al partido gobernante Zanu-PF reciben esos insumos, mientras que la mayoría sufrimos en la tierra que ahora poseemos», dijo Hove.
Así que las 71.000 familias reasentadas en las tierras que antes ocupaban agricultores blancos dedicados a la producción comercial, enfrentan un incierto futuro, más cuando no tienen garantía de que su derecho a la tierra se mantenga para siempre.
Y a su precaria situación no ayuda que sus tierras soportan incesantes sequías, lo que hace que el hambre haya entrado en sus vidas.
«Cada año he dependido de los alimentos de las organizaciones donantes, ya que mi tierra casi no me da alimentos desde que me instalé aquí en 2001», dijo a IPS el campesino de 71 años Menford Mutimbe, quien sobrevive con dos esposas y ocho hijos en el municipio de Marondera, parte Mashonaland East.
La posibilidad de que sus títulos de propiedad puedan ser revertidos dificulta su acceso al crédito y otros beneficios. «Es difícil obtener capital de los bancos para sostener nuestras actividades agrícolas», explicó Mutimbe.
«Lo que tenemos en realidad son meras cartas de renta que los bancos no han tomado como garantía, aunque el gobierno ha hecho esfuerzos para que nuestros contratos de arrendamiento de 99 años sirvan de garantía para ayudarnos a obtener préstamos», dijo Mutimbe sobre la situación de los beneficiarios de la reforma agraria.
El año pasado, el banco central de Zimbabwe acordó aceptar esos contratos de arrendamiento de 99 años como garantía, después de que el gobierno modificó la ley para permitir que los contratos de arrendamiento de 99 años sean transferibles y bancarios.
A pesar de la medida, el sufrimiento continúa para los agricultores con dificultades como Hove, quien dice que «los bancos están rechazando mi contrato sin razones claras”, en referencia a que de hecho los títulos son de tenencia gratuita por 99 años y no de propiedad, que con la reforma asumió el Estado.
Economistas independientes como John Robertson consideran que ahí está el nudo del problema.
Ante la declaración por el gobierno del Estado como único propietario de todas las tierras del país, los contratos de arrendamiento de 99 años, se perciben como “papel mojado”.
«El gobierno quiso neutralizar el poder de los agricultores comerciales y decidió que la mejor manera de anularlos era quitarles sus derechos de propiedad. Presentaron la medida como un medio para corregir los desequilibrios raciales impuestos por la colonización, pero con la medida el gobierno también dejo sin derechos de propiedad a los agricultores negros «, dijo Robertson a IPS.
Ben Gilpin, director de la Unión de Agricultores Comerciales, dice que la situación de los agricultores reasentados es diferente y peor, ya que «los antiguos agricultores comerciales tenían derechos de propiedad que les permitían financiar los requisitos de capital a corto, mediano y largo plazo».
«Una vez que estos fueron socavados, el sector financiero huyó (de apoyar a los agricultores). Los antiguos productores eran responsables del riesgo involucrado (…) si fracasaban, los acreedores recurrirían», dijo Gilpin a IPS.
Una situación muy diferente a la de los campesinos reasentados, por lo que es difícil que sus títulos funcionen como garantía financiera y comercial.
«El valor colateral de la tierra se redujo a cero cuando el gobierno declaró que todas las tierras agrícolas en el país eran propiedad del Estado. Esto significaba que los agricultores no podían ofrecer títulos de propiedad a los bancos como garantía para financiar su actividad”, explicó Robertson.
Expertos en tierras como el profesor Mandivamba Rukuni, un analista de desarrollo y estratega en las áreas de agricultura, desarrollo comunitario, negocios, finanzas, gobierno y educación, culpan a la precaria economía de Zimbabwe por los problemas crecientes de los agricultores reasentados.
«Mi análisis principal es que la economía de Zimbabwe está en situación muy crítica y eso afecta a la agricultura. Es ridículo esperar que la agricultura funcione bien cuando la economía del país está asfixiada. A los mercados financieros no les va bien. ¿Dónde puede el gobierno obtener dinero para apoyarlos?», planteó Rukuni a IPS.
RV: MF
