Cuando el antiguo futbolista George Weah se convirtió en presidente de Liberia en 2018, los profesionales de los medios sintieron que tenían en él a un demócrata que defendería la libertad de prensa. «Pero nos equivocamos», resumió a IPS el periodista Henry Costa.
Cualquier evaluación independiente sobre la relación entre los gobiernos de África occidental y las organizaciones de medios de comunicación va a concluir que, salvo algunas excepciones, la situación de la libertad de prensa en la región vive tiempos sombríos.
Desde Camerún y Ghana, hasta Nigeria, Liberia y Senegal, los periodistas y las organizaciones de medios están siendo atacados por hacer su trabajo, coincidieron en entrevistas con IPS desde varios países africanos profesionales y expertos de la comunicación.
El hecho de que estos ataques provengan en su mayoría de autoridades estatales y que sus acciones por lo general no tengan castigo, apunta a una cultura de impunidad contra el derecho a informar, añadieron algunos de los entrevistados.
Liberia es un ejemplo de ello.
«Al presidente no le gustan las críticas», dijo Costa, propietario de la emisora de radio Roots FM y presentador del popular Costa Show de la estación. «Debido a que criticamos algunas políticas, nuestras oficinas han sido atacadas en dos ocasiones por hombres armados y nuestros equipos resultaron dañados y algunos otros fueron hurtados», contó.
Para algunos, Costa tuvo suerte, frente a lo que sucedió al periodista Tyron Brown, cuyo cadáver fue abandonado frente a su residencia el año pasado por un misterioso jeep negro. Un hombre confesó haber matado al periodista en defensa propia, pero sus colegas dudan de esa versión y creen que su asesinato fue una advertencia.
Piensa en lo que dices o podrías ser el siguiente, parece ser el mensaje.
Ese clima de miedo se intensificó cuando Weah acusó a un corresponsal de la cadena pública BBC, de Gran Bretaña, de estar en contra de su gobierno. Luego, Front Page Africa, un periódico que ha sido crítico con los sucesivos gobiernos liberianos, fue multado con 1,8 millones de dólares en una demanda por difamación civil presentada por un amigo del presidente.
Mae Azango, un importante reportero de Front Page Africa, dijo que la nueva táctica del gobierno es la de «estrangular a la prensa libre», al dejar de pagar decenas de miles de dólares a los medios por publicidad estatal.
«Un ministro dijo que dado que los medios de comunicación no escriben nada bueno sobre el gobierno, no pagará la deuda contraída, lo que obligará a algunos medios a cerrar», dijo. «Algunas empresas mediáticas han dejado de pagar a su personal hasta por ocho meses», detalló.
En Ghana, que era considerado el país de África más respetuoso con los medios de comunicación, la también se ha deteriorado, como evidencia el hecho de que un político instó abiertamente a sus partidarios a atacar al periodista de investigación Ahmed Hussein Divela, quien había realizado un documental sobre la corrupción en que él quedaba expuesto.
Divela resultó asesinado por tres disparos efectuados por dos hombres desde una motocicleta cuando se desplazaba el 16 de enero de este año en su automóvil en las afueras de Accra. Antes, en 2015, otro periodista, George Abanga, también fue asesinado a tiros mientras realizaba una cobertura.
En marzo de 2018, Latif Iddrisu, un joven reportero fue trasladado hasta el cuartel general de la policía en la capital ghanesa mientras realizaba una cobertura, y allí se le propinó una brutal paliza, que le dejó con el cráneo fracturado.
Iddrisu dijo a IPS que «los políticos y las personas en el poder están amenazando a los periodistas, asaltándolos o matándolos, porque se sienten amenazados por nuestra exposición».
El profesional de la comunicación duda que la nueva legislación sobre la libertad de información (FOI, en inglés), vaya a mejorar las cosas.
Una posición parecida sobresale en Nigeria, donde la aprobación de un marco legal que en su letra defiende la libertad de información no ha impedido que los funcionarios sigan negando a los periodistas el acceso a la información pública que requieren para sus labores informativas.
Según Dapo Olorunyomi, el Banco Central y la Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC) son las «instituciones más opacas» del país.
Olorunyomi, editor en jefe de Premium Times Newspaper, agregó: «Puedes escribir lo que quieras, pero si te equivocas, sufres las consecuencias». Él y los periodistas de su equipo han sido arrestados en varias ocasiones para presionarlos a que revelen sus fuentes.
El caso de Jones Abiri es ilustrativo. Por más de dos años, el editor de Weekly Source estuvo detenido, incomunicado y sin juicio por el nigeriano Departamento de Seguridad del Estado, hasta su liberación en agosto de 2018, acusado por sus informaciones de noambiguos vínculos con grupos armados.
Y los ataques físicos a los periodistas se han multiplicado por cuatro en los últimos tiempos. Las cifras muestran que las agresiones contra los profesionales y los medios se cuadruplicaron en 2015-2019, en comparación con el quinquenio precedente.
El profesor universitario nigeriano Chinenye Nwabueze, especialista en comunicación, sostiene que la violencia aumenta en las campañas electorales. «Durante las temporadas de elecciones, los periodistas operan como un automóvil estacionado en la calle, a riesgo del propietario», dijo a IPS. «Podrías terminar en el fuego cruzado entre las partes contrarias o los matones», explicó.
La misma historia de violencia e intimidación contra periodistas se repite en países francófonos como Camerún, Senegal, Costa de Marfil y Malí.
El caso más grave entre ellos es el de Camerún, donde el gobierno continúa procesando a los críticos dentro de los medios de comunicación en tribunales militares o especiales.
Angela Quintal, coordinadora del Programa para África del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) dijo a IPS que «Camerún es el segundo mayor encarcelador de periodistas en África subsahariana y el segundo en el mundo por la cantidad de detenciones de periodistas por cargos de presuntas informaciones falsas».
Sierra Leona y Gambia son los dos países que emergen relativamente libres de manchas en la investigación de IPS sobre el panorama de la libertad de prensa en África occidental.
Ambos tienen gobiernos relativamente nuevos que han prometido derogar las leyes existentes que catalogan como penal el delito de difamación, como un instrumento para reprimir la información crítica de los medios contra los funcionarios de los anteriores gobiernos.
Desde Sierra Leona, el reportero Amadu Lamrana Bah, de AYV Media, dijo a IPS: «El presidente dice que está comprometido a derogar (las leyes penales de difamación) y el proceso está en marcha».[related_articles]
Su declaración va en el mismo sentido de la de Sheriff Bojang Jr, presidente de la Unión de Prensa de Gambia, quien dijo: «Ya no trabajamos en un entorno de miedo o represión, pero nuestro principal problema es la falta de información proveniente del gobierno, la falta total de transparencia. Pero el gobierno ha prometido hacer cambios en este aspecto».
Esta es una referencia a la ausencia de leyes pro libertad de información en el país, que el gobierno ha prometido «tratar a su debido tiempo».
Pero los gambianos solo tienen que mirar a Sierra Leona de manera similar a «sin mancha» para darse cuenta de que las leyes del FOI no servirán de nada si las autoridades no están preparadas para cumplir con sus disposiciones.
Así lo sufrió un periodista mientras investigaba una historia en ese país sobre la violencia sexual contra las mujeres en el sector de la minería de diamantes.
Los Ministerios de Justicia, Minas e Información de Freetown se negaron a proporcionarle la información que solicitaba, a pesar de que inicialmente habían prometido que lo harían.
Esa experiencia recuerda la del reportero liberiano Henry Costa quien dijo a IPS que el gobierno de Weah «fingía ser tolerante», pero que no dudaba que «recurriría a sus viejos trucos» cuando las dificultades económicas desencadenen protestas contra el gobierno y los medios de comunicación comiencen a informar sobre ellos.
Dado que en Sierra Leona y Gambia los gobiernos aplican actualmente medidas de ajuste impuestas por sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es solo una cuestión de tiempo antes de que esas políticas comiencen a perjudicar a la población y surjan las protestas.
Si la «ecuación de Costa» es correcta, entonces solo queda esperar para averiguar si las autoridades de Freetown y Banjul que ahora aparecen como «libres de defectos» en su relación con los medios, terminan por ser tan tóxicas para la libertad de prensa como sus contrapartes en Camerún y Ghana o sus predecesores en el poder.
«Los periodistas hacen un trabajo esencial para mantener al público informado, a menudo en circunstancias difíciles en África occidental y central», dijo Sadibou Marong, gerente regional de medios de comunicación de la oficina de África occidental y central de Amnistía Internacional.
Marong dijo a IPS que por esa razón «deben estar protegidos para realizar su trabajo libremente, y sin temor a ataques o amenazas. Los gobiernos de la región deben promover la libertad de los medios y proteger a los trabajadores y las organizaciones de los medios».
T: EG
Edición: Estrella Gutiérrez
