Hace medio siglo, China era un país pobre con poca influencia en la esfera internacional y sin ser aún miembro de las Naciones Unidas. Desde entonces, su rápido crecimiento económico ha convertido al país asiático en una potencia económica que desempeña cada vez más un papel de liderazgo en el escenario mundial como socio comercial y como fuente de inversión.
La trayectoria de desarrollo de China ha sido muy diferente a la de la mayoría de los otros países del Sur global, que a menudo han sido golpeados por problemas políticos y económicos y no han crecido en ninguna región de acuerdo con su potencial.
En la primera parte de este artículo nos gustaría explorar cómo los mejores países en desarrollo pueden beneficiarse del flujo continuo y planificado de inversiones chinas en el país. En la segunda parte, analizaremos algunos de los elementos clave de la experiencia de desarrollo de China y veremos qué lecciones podemos extraer de las políticas y los programas.
La manifestación más emblemática y debatida de la creciente influencia económica y política de China es la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que tiene como objetivo vincular a China con los mercados de Europa y Asia.
La Iniciativa, también conocida simplemente como la de la Ruta de la Seda, gira en gran parte sobre la mejora de comercio y logística.
Dentro de ella, se están realizando importantes inversiones en minería, manufactura, agricultura y servicios, tanto para la exportación a los mercados chinos como para la venta en los mercados nacionales. Son inversiones que se efectúan tanto en países del Norte industrial como del Sur en desarrollo, o Sur global.
Sin embargo, es probable que su impacto sea enorme y transformador, especialmente en aquellos países en desarrollo que se han quedado atrapados en una trampa de crecimiento lento y con baja inversión. Esta es una gran oportunidad, pero para maximizar sus beneficios es esencial que estas inversiones estén bien administradas y reguladas.
La mayoría de las empresas chinas que invierten en el extranjero tienden a ser de tamaño mediano o grande. Muchas son de propiedad estatal o filiales de compañías estatales y, como tales, disfrutan de buenas conexiones y del respaldo gubernamental para sus actividades.
Estos factores les otorgan un poder de negociación superior frente a las contrapartes locales y existe el riesgo de que los términos del acuerdo se vean inclinados a su favor. Tales riesgos son particularmente graves en países donde las contrapartes locales tienden a ser pequeñas con habilidades financieras y administrativas limitadas.
Existe una necesidad urgente de leyes, regulaciones y pautas que aseguren que los contratos y acuerdos firmados sean justos y equitativos. Esto es crítico para todos los sectores, pero especialmente para actividades como la minería, que requieren una inversión masiva y largos períodos de gestación, donde los acuerdos pueden durar décadas.
Una serie de aspectos críticos requieren la supervisión pública, incluidos los pagos de regalías y los parámetros financieros, como las tasas de interés, las tasas de depreciación y las tarifas de los seguros.
También es necesario garantizar que los precios cobrados por la producción de las empresas chinas vendidas en los mercados locales sean justos y estén al alcance de los consumidores nacionales o que no hay «precios de transferencia» en el caso de las exportaciones.
Esta es una práctica en la que las empresas venden a precios bajos a las empresas matrices en el extranjero para reducir las ganancias y los pasivos fiscales, mientras que al mismo tiempo reduce la entrada de divisas al mercado del país productor.
Debe establecerse y vigilarse, además, que los impuestos, aranceles y otros gravámenes se pagan íntegramente a tiempo; que se mitiguen los impactos ambientales negativos y, cuando sea necesario, se implementen acciones correctivas.
Igualmente, se debe supervisar que a los trabajadores se les paga un salario justo y que se les proporcionan servicios esenciales como asistencia médica y educación; y que los actuales propietarios de tierras, agricultores e inquilinos no son desplazados de sus tierras y viviendas.
Puede parecer que estas condiciones son duras y pueden inhibir a los inversores chinos. Sin embargo, la inversión china no debe ser simplemente una oportunidad para obtener un rápido retorno, sino como una asociación a largo plazo que se basa en beneficios mutuos que se comparten, también con los trabajadores.
Estas condiciones, incluidas las tarifas de transferencia, son comunes para los inversionistas transnacionales en los países más industrializados y en estos países las compañías chinas no tienen problemas para adherirse a ellas. No hay razón para que no se establezcan condiciones similares en los países en desarrollo y que las empresas chinas deben cumplirlas.
Además, durante las últimas dos décadas, bajo la presión del cabildeo de los consumidores, los boicots y las demandas legales en sus países de origen, muchas empresas estadounidenses y europeas, incluidas las grandes transnacionales, se están ajustando cada vez más a dichas leyes y regulaciones.
Muchos de ellos ahora también tienen importantes programas de Responsabilidad Social Corporativa. Las compañías chinas, si esperan competir a mediano o largo plazo con las corporaciones occidentales, deben estar preparadas para hacer lo mismo.
Los gobiernos tienen la prerrogativa y el deber de hacer leyes, regulaciones y pautas para administrar la inversión en el extranjero. Sin embargo, tales leyes son notoriamente difíciles de implementar en países en desarrollo con capacidades limitadas de gobernabilidad.
Lo será aún más en el caso de los inversionistas chinos que, como se mencionó, tienden a ser grandes y bien conectados.
Además, es poco probable que las organizaciones no gubernamentales (ONG), los grupos de presión y los grupos de la sociedad civil en China se comprometan a cabildear contra el comercio desleal o las operaciones de manufactura de compañías chinas en otros países, como sucedió en el caso de compañías estadounidenses y europeas.
En esta situación, mucha responsabilidad recae en la sociedad civil, la prensa y el sistema judicial en los países en desarrollo. Estas instituciones deben asumir el reto.
Esto no será fácil y se necesitaría ayuda de la comunidad internacional para el apropiado desarrollo.
A nivel político, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales deben ayudar a los gobiernos a modificar las leyes y regulaciones; y las ONG internacionales, los grupos de presión y las asociaciones de consumidores deberán crear y ayudar a las organizaciones de la contraparte en los países en desarrollo.
Sin embargo, el obstáculo más difícil será que los gobiernos de los países en desarrollo comiencen a ver a las organizaciones de la sociedad civil, los medios y los sistemas judiciales como socios clave en el proceso de desarrollo y no como impedimentos al comercio y las asociaciones financieras.
TR:EG
