La combinación de los altos niveles de la degradación de la tierra y los impactos del cambio climático, han transformado la protección del ambiente en un asunto crucial, pero no sucede lo mismo con quienes luchan incansablemente para preservar la naturaleza, en ocasiones con alto riesgo.
Los bosques han sido subestimados durante mucho tiempo: mantienen la biodiversidad, regulan los ciclos de agua y clima del mundo e incluso proporcionan el aire que respiramos.
De hecho, las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculan que un tercio de la solución climática se encuentra en el sector del uso de la tierra, que incluye la protección de los bosques.
Y son las comunidades indígenas y de campesinos las que están en primera línea en la protección de este ecosistema cada vez más vital.
«Gracias a nosotros, los bosques están ahí, gracias a nuestra sangre y nuestra lucha todavía tenemos la Amazonia. Si solo dependiéramos del modelo económico, la Amazonia sería devastada», dijo la lideresa indígena kichwa Patricia Gualinga, durante la 18 periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que se desarrolla desde el 22 de abril y hasta el 3 de mayo.
«Mucha gente piensa que el problema de los pueblos indígenas es aislado. No, el Amazonas es vital para la humanidad… nuestra lucha es un problema global… destruye el Amazonas y el mundo será destruido», agregó la dirigente del pueblo indígena ubicado en pleno corazón de la Amazonia ecuatoriana.
Sin embargo, los defensores ambientales indígenas se enfrentan a crecientes amenazas a medida que son expulsados de sus propias tierras o incluso son asesinados simplemente por proteger los bosques.
«La criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos es una crisis global”, afirmó durante su participación en el Foro, en la sede de la ONU en Nueva York la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Esas diferentes formas de agresión buscan “silenciar la protesta de los pueblos indígenas”, dijo Tauli-Corpuz, para quien «la raíz de esta violencia es el racismo sistemático y el hecho de que los gobiernos no reconozcan y respeten los derechos de las tierras indígenas».
La organización internacional Global Witness estableció que en 2017 hubo 207 defensores de la tierra que fueron asesinados. La mayoría de estas muertes se produjeron en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.
Instituciones homicidas
La relatora especial ha establecido que la mayoría de los muertos defendían sus tierras contra proyectos extractivos del sector privado.
En agosto de 2018, fue asesinado Jorginho Guajajara, líder del pueblo indígena del mismo nombre, en el estado de Maranhao, en la región del Nordeste que hace de transición con la Amazonia brasileña. Por su destacado trabajo de protección de los bosques, muchos dan por hecho que fue asesinado por madereros que talan ilegalmente la selva.
Poco después, en octubre de ese año, resultó muerto de un disparo el estado de Chihuahua, en el norte de México, el indígena rarámuri Julián Carrillo, un activista por los derechos de los pueblos originarios y por el ambiente.
«Nuestros territorios poseen los recursos que tanto codician las empresas petroleras y mineras, que son la base del extractivista modelo económico mundial. Y en términos de derechos humanos, la economía vence. Esa es la causa por la que nuestros derechos como pueblos indígenas no se respetan y nunca se han respetado», afirmó Gualinga.
Las actividades que agreden los territorios indígenas a menudo son permitidas por los poderes públicos, más ahora que hay un auge de gobiernos populistas que amenazan con revertir los logros alcanzados en el respeto a los derechos territoriales indígenas, planteó la lideresa ecuatoriana.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha atacado durante mucho tiempo los derechos y las tierras de los indígenas, diciendo que es una «vergüenza» que el ejército brasileño no haya exterminado a las comunidades indígenas como lo hizo Estados Unidos, mientras subraya que las demarcaciones de los territorios indígenas son un “obstáculo” para la agricultura.
Apenas unas horas después de asumir su cargo, el 1 de enero, Bolsonaro transfirió la regulación y creación de nuevos territorios indígenas al Ministerio de Agricultura. Además, ha propuesto abrir territorios indígenas en la Amazonia al negocio agropecuario y la minería.
«Nuestros derechos fundamentales están siendo destruidos por un fundamentalista que adoptó un discurso de odio contra los indígenas y les niega sus derechos de territorio. Cuando niegan eso, están negando a sus pueblos originales», dijo la activista indígena y coordinadora nacional de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara.
Guajajara coordinó en Brasilia entre el 26 y 28 de abril el anual Campamento Tierra Libre, en que participaron 4.000 indígenas y que dio inicio a una campaña de resistencia contra las políticas de Bolsonaro, calificadas como genocidas por los participantes.
«No vamos a volver, vamos a resistir. Son cinco siglos que seguimos aquí… necesitamos ayudar a la tierra, somos responsables, tenemos que darnos la mano e ir juntos y decir que la lucha por «La madre tierra es la madre de todas las peleas», dijo Guajajara en el Foro para Cuestiones Indígenas.
En nombre de la conservación
Si bien varios países han reconocido la importancia de la protección de los bosques y la tierra, algunas políticas de conservación se han traducido en la exclusión y el desplazamiento de las comunidades indígenas.
En Kenia, ha habido una escalada de violencia después que el Servicio Forestal ha desalojado y quemado en reiteradas ocasiones las viviendas de la comunidad Sengwer en el bosque de Embobut e incluso ha disparado a varios de sus miembros.
Tauli-Corpuz descubrió que ese Servicio Forestal de Kenia es uno de los beneficiarios del proyecto de cambio climático financiado por la Comisión Europea en el área.
En Indonesia ha habido esfuerzos para reducir drásticamente la deforestación, pero sus políticas de conservación también han sido perjudiciales para los medios de vida y el bienestar de las comunidades indígenas.
En 1992, el gobierno transformó los bosques de Mount Salak-Halimun en un parque nacional.
Antes de eso, ese era un territorio comunitario del pueblo indígena kasepuhan, cuyos miembros lo utilizaban para recolectar sus alimentos y cubrir otras necesidades de su subsistencia. Ahora esa comunidad enfrenta el hostigamiento y la intimidación de los guardaparques, y logra apenas sobrevivir.
Eso pese a que los bosques gestionados por pueblos indígenas tienen tasas más bajas de deforestación y más beneficios climáticos.
Proporcionar derechos y títulos de propiedad de la tierra puede ayudar en la lucha para proteger los bosques y las tierras del mundo contra una degradación mayor.
Puntos de resistencia
Si bien las comunidades indígenas suelen poseer más de 50 por ciento de las tierras del mundo, solo 10 por ciento está legalmente reconocido.
Lanzada por la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), el Fondo Internacional para la Tenencia de la Tierra y los Bosques es el primer y único mecanismo financiero centrado en garantizar los derechos de la tierra y los bosques para los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Proporciona subvenciones a organizaciones indígenas para ayudar a ampliar la implementación de las políticas de reforma de la tenencia de la tierra y los bosques, así como para mapear y registrar sus tierras.
Ya, los gobiernos y la sociedad civil han comenzado a aprovechar los avances tecnológicos actuales para crear servicios de monitoreo e información de fácil acceso para la protección de los bosques.
La aplicación móvil Forest Watcher, creada por Global Forest Watch, ayuda a monitorear, actuar y prevenir la deforestación y las actividades ilegales de vida silvestre, que a menudo tienen lugar lejos de la atención pública,
Sin embargo, la aplicación brinda información en tiempo real a quienes se encuentran en la primera línea, incluidos los guardabosques y las comunidades forestales indígenas. Pero ante todo, la comunidad internacional debe respetar los derechos de los indígenas, incluso trabajando para proteger a los defensores de la tierra y acabar con la impunidad.
«Tengo la esperanza de que podamos detener esta criminalización y garantizar que los pueblos indígenas continúen desempeñando su papel en la protección de los bosques, no solo para ellos mismos, sino para el resto del mundo», concluyó Tauli-Corpuz.
T: EG
