Un apagón de hasta 100 horas en la mayor parte de su territorio convirtió a Venezuela en un país aún más precario, al agravar el desplome de servicios esenciales para la vida y la incertidumbre sobre su rumbo político, marcada por el inédito enfrentamiento entre dos “presidentes legítimos”.
El 7 de marzo “unos minutos antes de las cinco de la tarde se fue la luz. Nos asomamos a la puerta y al balcón y comprendimos que era mucho más que el vecindario. Luego supimos que era todo el país y corrimos a recoger un poco de agua”, contó a IPS la maestra jubilada Elena Vásquez, que vive en Lídice, un barrio populoso del oeste de Caracas.
Todo el país: unas ciudades y regiones por 72 horas, otras 96, algunas más de 100 y aún en algunos sectores hasta este viernes 15. Sin electricidad cayeron los servicios de agua potable, el metro y los trenes, terminales, aeropuertos, puertos, bancos, Internet, telefonía, radio, televisión, alumbrado público, expendio de combustible y servicios hospitalarios.
También cerraron las tiendas, fábricas, escuelas y oficinas, que ya venían de un largo asueto por el carnaval, alargado por el presidente Nicolás Maduro. De hecho, durante la primera quincena de marzo ha habido tres días laborables.
Más de una semana después todavía urbanizaciones enteras de Caracas no recibían el fluido eléctrico y el servicio era intermitente en áreas urbanas y rurales del centro y occidente del país.
La primera noche fue de expectación y relativa calma, pero la segunda comenzaron saqueos en varias ciudades y luego, con la luz del día, en Maracaibo (noroeste), segunda urbe del país, fueron saqueados más de 400 comercios y depósitos. Las refriegas y contención de los desmanes en la región noroeste dejaron seis fallecidos de bala, según reportes desde el lugar.
¿Qué pasó? Falló el sistema interconectado nacional, basado en el complejo hidroeléctrico de Guri (sureste), con capacidad nominal para generar 15.400 Megavatios/hora, y en 15.000 Mwh que debería aportar el parque térmico, buena parte del cual está fuera de servicio.
Desde hace varios años no hay cifras oficiales sobre cuánto realmente generan esas instalaciones, ni sobre la demanda nacional, que a comienzos de la década se acercaba a 20.000 Mwh y ahora debería ser muy inferior, por la contracción de 50 por ciento en el producto interno bruto y la migración de más de tres millones de venezolanos desde 2013.
El apagón “fue producto de un ciberataque desde Houston y Chicago, ordenado por el Comando Sur” de las fuerzas militares estadounidenses, dijo Maduro.
“Mike Pompeo (secretario de Estado en Washington) y el gobierno de Estados Unidos están detrás del ataque electrónico y electromagnético” al centro de control de Guri, agregó Maduro. Le habrían seguido sabotajes a líneas de transmisión hacia el centro del país.
Pero Juan Guaidó, presidente encargado según la Asamblea Nacional (parlamento unicameral en manos de la oposición), la cual declaró a Maduro “usurpador”, sostuvo que el apagón “no fue causado por un sabotaje sino por la desinversión y mala gestión” en el sistema eléctrico, y añadió que “esta crisis se acaba con el fin de la usurpación”.
Ha sido el capítulo más reciente en el duelo de poderes Maduro-Guaidó, iniciado el 23 de enero. Ambos se reivindican como legítimos mandatarios, y aunque el izquierdista Maduro es quien efectivamente ejerce el poder ejecutivo, el centrista Guaidó es reconocido como “presidente legítimo” por más de 50 gobiernos y tiene abierto apoyo de Washington.
Servicios negados
Pero también fue el capítulo más reciente de las penurias y denegación de derechos que padecen los 31 millones de venezolanos. Fuera de Caracas, son comunes los apagones y el racionamiento.
“Ahora todo el país sabe lo que padecemos quienes desde hace años de repente nos quedamos sin luz durante 10 o 15 horas seguidas”, dijo a IPS al cabo de la oscura semana Anthony Paredes, empleado de comercio en la tórrida ciudad petrolera de Cabimas, a orillas del occidental lago de Maracaibo.
Los Paredes -10 personas, tres generaciones- cocinan rápidamente cuanto tienen en el refrigerador, compran bolsas de hielo, racionan su consumo de agua, y en su casa de una planta distribuyen velas y duermen a ras del suelo para hacer más soportable el calor.
El siguiente drama para los habitantes de las ciudades es el agua: acudir con todo tipo de envases a lugares públicos donde hay el líquido, contratar un costoso camión cisterna, o subir las escaleras de un edificio de 20 pisos cargando dos bidones de 18 litros es parte de la realidad cotidiana de amplios sectores.
También pagar a precios de especulación por un botellón de agua o una bolsa de hielo, más cara paradójicamente donde vive la gente más vulnerable, como los barrios populosos y encaramados en los cerros que rodean en valle de Caracas.
Tercer drama: Venezuela tiene una hiperinflación que, a falta de cifras oficiales, el parlamento opositor calcula, anualizada febrero 2018-febrero 2019, en 2.295.981 por ciento, récord, ya desde hace un año, en la historia de las Américas. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la inflación del año será de ¡10 millones por ciento!
Pero el dinero en efectivo escasea y los billetes son de baja denominación. Aún compras pequeñas como un café y un emparedado se pagan usualmente con tarjetas de débito o crédito. Sin electricidad no hay conexión a bancos, y los comercios reclaman bolívares en efectivo o dólares, aunque solo unos pocos privilegiados disponen de divisas.
Se cancelaron vuelos y viajes en autobuses interurbanos. Para comunicarse con familiares en el exterior, muchos caraqueños acudieron a calles y autopistas en frente de oficinas de telefonía para poder tener señal en sus móviles, cargados con las baterías de los automóviles. Se formaron largas colas de vehículos ante las pocas estaciones de servicio dotadas de plantas propias para vender combustible.
La situación de salud fue un drama aparte. Desde pacientes diabéticos buscando apoyo para refrigerar sus dosis de insulina hasta el cierre técnico de clínicas. La organización Médicos por la Salud reportó al menos 26 fallecidos durante el apagón, incluidos neonatos, en hospitales públicos donde no se pudo proveer de electricidad a equipos indispensables.
La falla eléctrica solo agravó situaciones arrastradas por el sistema sanitario. Un estudio de Médicos por la Salud mostró que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 perecieron, en los 40 principales hospitales del país, 1.557 personas que debieron ser atendidos con equipos imprescindibles pero que estaban averiados, o con medicinas inexistentes en esos centros.
La información y los periodistas resultaron otras víctimas. Muchos medios quedaron sin capacidad para informar, mientras periodistas locales y extranjeros en diferentes partes del país fueron agredidos, amedrentados o detenidos por autoridades o grupos adeptos a Maduro, por difundir información en choque con la versión oficial, según testimonios y verificadas denuncias gremiales.
El caso más resaltante fue el del periodista y experto en ciberciudadania Luis Carlos Díaz, detenido por la policía política durante 24 horas y ahora bajo libertad condicional, por supuestos vínculos entre el alegado sabotaje y sus aportes sobre como sortear el “blackout (censura)” en el ciberespacio, frecuentemente denunciada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Desde enero, fueron detenidos 39 periodistas, indicó este viernes 15 el No gubernamental Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).
Vuelta a la política
El politólogo Luis Salamanca, docente en la caraqueña Universidad Central, dijo a IPS que “es preocupante que Venezuela entre en una fase de colapso total, porque existe una situación social y política explosiva”.
Los analistas se pasean por escenarios de explosión e implosión en la sociedad, con temores porque se desencadene una ola de violencia incontrolable, en un país donde ya hay una sangría cotidiana de homicidios que convierten al país e uno de los más violentos del continente.
Maduro pidió ayuda de Rusia, China, Irán y Cuba para investigar lo que calificó como atentado terrorista, advirtió que “la oposición está jugando sucio, por lo que debe haber justicia”, y la Fiscalía General abrió una investigación a Guaidó “por su presunta implicación en el sabotaje al sistema eléctrico nacional”.
El parlamento, por su parte, decretó un estado de alarma por el apagón y Guaidó incluyó allí la orden de no enviar más petróleo a Cuba (unos 30.000 barriles de 159 litros por día, en condiciones subsidiadas) para ahorrar combustible a fin de atender la emergencia eléctrica.
Guaidó y la oposición carecen de mecanismos para bloquear los cargamentos que van a Cuba, pero el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, advirtió a compañías navieras y empresas de seguros que deben tomar nota de esa orden.
Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero y Washington promueve que Maduro deje la presidencia y sea reemplazado por Guaidó. Los últimos diplomáticos estadounidenses abandonaron Caracas este jueves 14 y Guaidó anunció que seguirán las medidas de presión para llevar a buen término su propuesta de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.
La crisis institucional, encarnada en una bicefalia presidencial, comenzó el 10 de enero, al asumir Maduro un segundo sexenio, tras unas elecciones que la oposición, Washington y la Unión Europea consideran fraudulentas, a lo que se sumó la proclamación de Guaidó como mandatario encargado el 23 de enero.
Edición: Estrella Gutiérrez
