Delgada y nerviosa, la trabajadora Belkis Rondón, de 57 años, siente que su problema nunca tendrá solución. “He hecho muchas denuncias, pero nadie me da respuestas… ni la policía ni (las autoridades de) vivienda”, dice esta vecina de barrio de Alamar Este, en la periferia de la capital cubana.
Rondón, secretaria en un centro estatal que atiende a niños y niñas con problemas de aprendizaje, es una de las víctimas de la violencia de género identificadas en la zona por un proyecto de atención comunitaria a mujeres en situaciones de maltrato, realizado entre 2017 y 2018.
“Mi exesposo no ha aceptado permutar para tener casas separadas porque quiere quedarse con el apartamento y dejarme en la calle”, contó a IPS esta mujer, que es coarrendataria de una vivienda de propiedad estatal junto al que fue su pareja por 14 años, hasta que en 2013 se divorciaron.
“Todas las opciones que le presento las rechaza”, fundamentó la trabajadora, con lágrimas en los ojos y gestos de desesperación, quien accedió a contar su difícil caso prolongado por cinco años debido a vacíos legales, desconocimiento y burocratismo.
“Tengo todos los papeles… puse abogados. Esta situación afecta mi salud física y mental”, continuó la mujer, que se ve impedida de vivir en su propia casa pero se mantiene yendo de vez en cuando para no perder los derechos del arrendamiento, que se retiran si el usufructuario permanece fuera más de seis meses.
Los casos como el de Rondón, que implican la separación de agresores y víctimas de la vivienda, quedan en un callejón sin salida, según especialistas vinculados al proyecto, en un país con un elevado déficit habitacional, burocratismo en el sector y sin una ley específica contra la violencia de género.
El acompañamiento especializado que recibe Rondón señala que la única solución según la ley vigente es una permuta forzosa, un mecanismo que las autoridades interponen cuando existen conflictos entre copropietarios o coarrendatarios para obligarlos a cambiar su vivienda por otras dos disponibles en el sector estatal.
Pero en la práctica resulta poco probable acceder a ese recurso por la baja disponibilidad habitacional, pues se registra un déficit de 929.695 unidades en un país de 11,2 millones de habitantes, y a ello se suma la lentitud de las autoridades para decretar la medida.
“El problema de la vivienda es lo que más afecta, porque es ahí donde se da principalmente la violencia de género”, dijo a IPS la abogada Daysi Aguilera, quien trabaja en la división del municipio de La Habana del Este de la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización femenina con registro legal en el país.
“Y cuando una persona se decide a contar su problema es para que se le dé apoyo”, remarcó una de las participantes en Alamar Este del proyecto “Experiencia piloto de atención integral a la Violencia contra las Mujeres en el ámbito comunitario”, que coordinó Universidad de la Habana y apoyó la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
La iniciativa dio formación especializada y articuló entidades comunitarias para la prevención y atención a la violencia de género desde los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB), las instituciones municipales creadas en 1988 para el trabajo social en los barrios desfavorecidos de los 15 municipios que conforman La Habana, con una población total de 2,3 millones de personas.
Tuvo lugar en los TTIB de los barrios de Alamar Este (municipio de La Habana del Este), El Canal (Cerro), Párraga (Arroyo Naranjo), Buena Vista (Playa) y Ciudad Libertad (Marianao), donde la violencia de género resulta un problema social con muy alta incidencia.
El Comité que ejecuta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) resalta que Cuba mantiene carencias en la atención a las mujeres maltratadas, en temas como “aprobar una ley integral sobre la violencia contra la mujer”, “asegurar un acceso efectivo a la justicia” y “establecer centros de acogida”.
“Hay casos que no tienen solución, pero otros se traban en las autoridades, con terrenos (estatales para construir) que no se dan”, puso como ejemplo Aguilera, sobre una alternativa que tienen ahora los gobiernos locales y pudiera ser usada para atender a las mujeres víctimas.
“Tienen que haber cambios legales y más sensibilización de los decisores”, remarcó.
El TTIB de Alamar Este ya había atendido por iniciativa propia a 38 mujeres víctimas entre 2015 y 2017. Y durante el proyecto identificó otros 19 casos el año pasado y este, además de que recibió capacitación especializada y se fortaleció con la creación de un grupo gestor.
“Hemos logrado que más de 22 casos salieran del ciclo de la violencia”, dijo la especialista principal del taller, Inés Laza, durante la participación exclusiva de IPS en una jornada especial del taller sobre el problema.
“A veces tenemos que (la víctima) demora en salir del ciclo por no resolver la permuta forzosa, incluso teniendo una orden de alejamiento”, lamentó Laza, quien señala a los casos que requieren cuestiones habitacionales como los más difíciles de resolver.
Con el diagnóstico realizado al inicio del proyecto, el equipo de Alamar Este encontró que el tipo de violencia contra las mujeres que predomina es la psicológica, seguida por la física, económica y, por último, la sexual, en correspondencia con investigaciones nacionales.
La representante del gobierno por el barrio y diputada, Margarita Basilia Araujo, sostuvo que hoy las comunidades, en especial los municipios, tienen algunas ayudas sociales generales que se pueden usar para atender a las mujeres víctimas.[related_articles]
Por su parte, la trabajadora social Ana Esther Suárez opinó que, “cuando hay violencia intrafamiliar muy grande, se puede dar la opción a la persona perjudicada de pedir terrenos ociosos estatales para construir por esfuerzo propio su vivienda, y luego puede solicitar el subsidio para construirla”.
Suárez explicó que en Alamar Este se apoya a las mujeres maltratadas con plazas para sus hijos en las guarderías públicas, que no cubren la demanda y son subvencionadas, además de sumarlas a actividades que las saquen de sus hogares y las vinculen a la sociedad en busca de elevar su autoestima y empoderamiento.
“Tenemos que enfrentar una serie de tareas y misiones para las que nunca tendremos respaldo económico”, sostuvo Olga Lidia Valdés, investigadora del TTIB. Mientras Lidia María Moré detalló que gracias al proyecto disponen de una red de contactos para derivar casos que llegan de otros municipios.
La socióloga Magela Romero, una de las coordinadoras por la Universidad de La Habana del proyecto, dijo que “se han incorporado más de 120 personas, que destacan por el protagonismo alcanzado en los municipios como los especialistas de los TTIB, trabajadores sociales, gobiernos, cultura, educación, salud pública, deporte y la policía”.
La iniciativa, que fortaleció las redes de apoyo con los recursos y servicios disponibles en las comunidades, contribuyó a dar una respuesta local a un problema sin una política pública específica nacional.
Según la Encuesta Nacional de Igualdad entre los Géneros, 27, 9 por ciento de las 10.698 mujeres entrevistadas declararon haber recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo, realizado en 2016.
De ellas, solamente 3,1 por ciento buscó ayuda para sí y 0,9 por ciento lo hizo para otra.
Edición: Estrella Gutiérrez
