Susana Raffalli llora. Se permite llorar. Admite que la realidad venezolana la vence muy frecuentemente. Ver casos terribles de desnutrición, niños en los huesos, que ven su futuro comprometido o mueren porque simplemente no tienen fuerza para respirar, le cala en el alma. Ver a un niño de siete años con la talla de un niño de cinco y saber que estará afectado de por vida, la destroza.
Raffalli, junto a otras 14 personas en el planeta, fue galardonada con el premio Franco Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, que recibió en Caracas el lunes 10 de diciembre. Es la tercera edición de un ejercicio de reconciliación de los dos países que hace 100 años eran enemigos irreconciliables. Las guerras así lo atestiguan.
“El premio es un símbolo entre gobiernos que estuvieron en guerra y hoy trabajan mancomunadamente. Yo creo en la coexistencia en hacer cosas, diciéndonos lo que debemos decir y denunciando los males”, dice la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria.
A pesar de la distinción, la experta en gestión de riesgo afirma tajantemente que no quiere ser ensalzada como heroína. “La sociedad venezolana está ávida de tener héroes o de buscar alguien que la represente y al primero que desempeña bien su trabajo lo quieren proyectar como figura, cuando uno simplemente hace lo mismo a lo que se ha dedicado de por vida”.
La venezolana, que ha trabajado en territorios en crisis como Guatemala o Birmania, ahora dedica su labor a Venezuela, donde nunca pensó que le tocaría hacerlo. Y además con la particularidad de que es un país en tiempo de paz, sin que haya de por medio un conflicto o una emergencia natural a gran escala.[pullquote]3[/pullquote]
Por eso no duda en calificar el entorno como reversible mientras deja claro que las causas no son fortuitas. Se trata de la consecuencia de la equivocada administración de recursos que hace el gobierno para profundizar la dependencia de la población a sus designios y lograr la sumisión de la sociedad anclada a una caja de alimentos que llega de acuerdo al antojo de la cúpula.
Venezuela descendió a unos infiernos que solo eran comparables a los sufridos por las naciones africanas, devastadas por las guerras, arrasadas por la sequía y hambrunas. El país vive una “somalización”, de Estado fallido, fragmentado, dice.
“Tienen la gobernabilidad en cero y no se puede seguir dirigiendo el país con la población en contra, con la falta de confianza, con un estado de derecho que se perdió, aquí no hay una institucionalidad clara, aquí no se sabe quién gobierna, si son los ‘pranes’ (delincuentes que controlan las cárceles y desde ellas actividades delictivas) o el (colombiano) Ejército de Liberación Nacional, hay territorios enteros del país donde se perdió el control de la soberanía”, argumenta.
A Raffalli le cuesta creer que se trata de una crisis planificada, de hambre por diseño. Al contrario, sostiene que el Estado ha comenzado a aceptar la magnitud de la crisis, fuera de las cámaras y sin declaraciones sino con acciones.
“Hay ONG que reciben toneladas de medicinas mes a mes. Eso entra por aduana y sin ir más lejos las aprobaciones de los dos últimos fondos –el de Unicef y de la Unión Europea– lo dejan claro. Aunque el gobierno nacional se mantenga diciendo que no hay una emergencia humanitaria en el país, para poder recibir esos fondos deben admitir que tienen necesidades humanitarias en la población y que necesita esos recursos”, dice.
Los tres puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud establecen que la existencia de cinco por ciento de casos de desnutrición infantil aguda en un país es el nivel de alerta. A partir de 10 por ciento, la situación pasa a ser de crisis y de 15 por ciento en adelante se considera una emergencia. En Venezuela la crisis ya alcanzó 12 por ciento de este tipo de desnutrición, con momentos en que se ha superado la barrera de emergencia. Y puede volver a ocurrir, pues el sistema es muy inestable.
Asegura que el gobierno de Nicolás Maduro podría tomar medidas adecuadas y, “de hecho, cuando las ha tomado los resultados han sido buenos”. Recuerda por ejemplo que, “en febrero 2017 entramos en crisis, nunca bajó de 10 por ciento. Así fue hasta las presidenciales de mayo de 2018, cuando bajó a 7,8 por ciento”.
“La razón, fue la cobertura de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que se multiplicó y a que se dieron cuatro bonos que equivalían a seis salarios mínimos para la fecha”, señala. Por tanto, aduce, el Poder Ejecutivo sí puede bajar los niveles de malnutrición en el país. Ya lo ha hecho. Todo se reduce a voluntad política.
La desnutrición, explica, se divide en dos tipos. La aguda, “que te hace perder peso, te seca, te quita la vida, te para el corazón, no te deja seguir respirando. No te desgasta sino que simplemente si dejas de comer, una diarrea te puede matar”.
El otro tipo se define por privación alimentaria. “Puede no ser tan intensa, pero sí suficientemente grande y constante. En el caso de un niño, deja de crecer, de desarrollarse. Esa desnutrición se mide no por delgadez, sino por estatura. Si un niño en la etapa que tenía para crecer se quedó chiquito, puedes estar seguro que no sólo es un tema de estatura, y esto lleva tiempo en reflejarse”, detalla.
En Venezuela, el futuro no luce promisorio. “Es tan endeble la nutrición de un niño, es tan delicada, que un presidente puede cambiar y salvarlo o no. Imagina lo que se pudo haber hecho con dos medidas de protección social. ¿Cuántas vidas de niños nos habríamos ahorrado?”.
Explica la nutricionista que en Venezuela hay sectores de la población que comienzan a amortiguar la crisis nutricional gracias a las remesas que reciben desde el extranjero. “Según nuestros datos, 56 por ciento de la población de parroquias pobres tiene a alguien afuera. Sin embargo, este contrapeso de las remesas va a durar muy poco porque la economía se está dolarizando”.
Considera que desde el punto de vista humanitario y de protección social hay muchas tareas pendientes en el país. “Venezuela no puede seguir con una política de protección social dependiente y basada en misiones y bonos. Es una cosa tan perversa que ya se ha normalizado que se diga “me cayó el bono”. ¿Cómo que te cayó? Si tú aplicas el criterio de extrema pobreza en la población, ese grupo debe tener derecho a eso”.
Sigue criticando que la respuesta estatal sea repartir cajas de comida, sin tomar en cuenta el derecho a elegir qué comer, cuánto consumir o dónde adquirir los artículos, amén de los peligros de ingerir productos que no cumplen con estándares nutricionales, como ha sido denunciado. Aún con una distribución eficiente, se trata de una violación a los derechos humanos. “Es una aberración que decidan lo que vas a comer y en qué cantidad”.
Considera que la situación actual es producto del control físico del sistema alimentario. “Los CLAP no funcionaban si no confiscaban todo el sistema alimentario nacional, y para ello debían ser barridos y confiscados todos los alimentos. Afuera no se hacen esos análisis, lo reducen a que las cosas están caras y estamos empobrecidos pero no llegan a entender que es el secuestro alimentario de una nación”.
Los peor alimentados
Las noticias de personas que mueren por inanición se han hecho patentes a lo largo de 2018.
“La inseguridad alimentaria en Venezuela prospera en la medida que avanza el modelo de elaborar productos para los CLAP. Me angustia que ellos mismos saben que el CLAP no tiene 100 por ciento de eficiencia, Maduro lo dice a cada rato, que hay que aumentar la frecuencia, el número de cajas y la calidad”, explica sobre los alimentos básicos y subsidiados que entregan esos comités en cajas o bolsas.
Según los registros de Cáritas Venezuela a los que tiene acceso Raffalli, los estados más afectados por el hambre en Venezuela son Vargas, Zulia y Sucre. Los dos primeros suelen mantenerse al tope de la lista, y el tercero además sucumbe a la malaria. “Hay mucha desnutrición que tiene que ver con el hambre y las enfermedades”.
El estado Vargas, por si fuera, “nunca se terminó de recuperar por la falta de saneamiento ambiental”, tras el deslave de 1999. Allí aún se pagan las consecuencias, en especial por el agua contaminada que afecta mucho el tema de la alimentación. En Zulia, la zona más afectada es la de Machiques.
Cerca de la capital, en el estado Miranda, los registros han mejorado notablemente, excepto en la zona de Yare. “Allí hay mucha desnutrición, en parte porque hay cuatro cárceles. Hay mucha población que está allí porque tiene un preso y no tiene de qué vivir”.
Revela que en los estados fronterizos, a pesar de no haber podido constatar las tendencias, sabe que el gobierno desplegó, a través del Instituto Nacional de Nutrición, el programa PAN, muy parecido al de Cáritas, en el que van casa por casa e identifican a niños y adultos desnutridos. A esa familia, se le asigna una bolsa CLAP adicional o y alimentos terapéuticos que entrega Unicef.
“Esto es un claro reconocimiento del problema y de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional por parte del gobierno, pues existe el plan general de abordaje desde hace dos años”, afirma.
Un famélico PIB
La desnutrición no discrimina nada. La sociedad pierde en todos los aspectos cuando ve a sus ciudadanos enflaquecer por la falta de la ingesta de nutrientes. Los economistas han determinado por proyecciones que, por cada punto porcentual que aumenta la prevalencia de retardo de crecimiento de los ciudadanos de una nación se afecta al Producto Interno Bruto (PIB).
Cada punto porcentual que aumenta el retardo en talla de una población equivale a 11 por ciento de disminución del PIB.
“El niño que creció desnutrido va a tener problemas cognitivos, escolares y productivos que te van a llevar a la pobreza, y pasa a una o dos generaciones. Por lo menos una generación –aproximadamente 30 años– por no decir dos, está comprometida y tiene una anemia en potencia”, sentencia.
Recuerda Rafalli que en 2002, cuando la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) hizo este estudio, se señaló que la desnutrición crónica podía estar representando una disminución de 2,5 por ciento del PIB de Venezuela, y aunque no hay una cifra clara se calcula que hoy debe estar en siete por ciento aproximadamente, mientras que en África es de 11 por ciento.
A falta de hierro, anemia
“Me angustia el tema cárnico. Es gravísimo lo que sucede con los mataderos, hay la posibilidad de un problema de anemia generalizada por la falta de hierro. No estamos en situación de inventar o intentar sustituir la carne, por la parasitosis que tenemos y la pobre ingesta de alimentos. No podemos inventar ser vegetarianos. No estamos comiendo la combinación de nutrientes necesarios para obtener el hierro que necesitamos que no provenga de la carne roja”, apunta Raffalli.
Alerta que las cadenas de frío, el control de beneficio de los mataderos donde hay una buena disposición de la carcasa, de la sangre, el control de moscas y vacunas del animal antes de matarlo es vital para impedir una alerta sanitaria.
“Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”, puntualiza.
Raffalli habla con cifras en mano. En las parroquias pobres donde trabaja Cáritas, siete de cada 10 mujeres embarazadas tiene la hemoglobina baja.
Sin retorno ni respuesta
La experta considera que Venezuela ya tocó un primer punto de no retorno en la crisis humanitaria exactamente un año atrás, en diciembre de 2017. “Las remesas detuvieron, temporalmente, la caída”.
De igual forma considera que los dos fondos aprobados para Venezuela en la última semana por parte de Unicef y la Unión Europea es lo mejor que el país podrá estar como nación asistida con ayuda humanitaria.
“Esto es lo máximo que podíamos aspirar y que vamos a tener. Nos aprobaron los dos fondos, por encima de eso no vamos a tener nada. Cuando digo ‘empezó el principio del fin’ digo que o se acaba esta emergencia humanitaria y esto nos ayuda a mitigar la última fase de la crisis, o se acaba el dinero del socorro, que empezó a gestionarse hace casi tres años”, asegura la nutricionista.
Teme que se llegue a lo que llaman “fatiga del donante”, como ocurrió en Birmania, Sudán o Siria, donde la emergencia no encontró solución estructural. Se estabilizó. Por lo tanto, el dinero deja de fluir pues el objetivo es atacar una emergencia y no financiar un Estado fallido.
“Llegado a ese punto solo quedan dos cosas, que la sociedad civil se haya podido fortalecer junto a la diáspora para dar algún tipo de respuesta o que haya la instalación de una nueva normalidad. Así está Birmania, la precariedad es una forma de vida”, argumenta.
La pregunta que se plantea Raffalli es si es el proyecto del gobierno la reducción de la población a un estilo de vida similar al de esos países, pues el gobierno no rectifica sino que profundiza las causas que generan la emergencia humanitaria. “Estos son fondos de socorro de dos o tres años, puede haber extensiones pero no puede haber una emergencia permanente”, advierte la nutricionista.
Este artículo fue publicado originalmente por Clímax, del portal digital venezolano El Estímulo, y es fruto de una larga conversación con Susana Raffalli de su director, Omar Lugo, el editor de la revista Clímax, Víctor Amaya, y con el redactor Manuel Tovar. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con El Estímulo.
RV: EG
