Las políticas que permiten la impunidad, el genocidio y la segregación son “intolerables” e impiden el regreso a Birmania de rohinyás refugiados, concluyeron investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la presentación del informe anual a los estados miembro, la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Yanghee Lee, se mostró decepcionada con el gobierno de ese país, encabezado por la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y dijo que esperaba “que fuera ampliamente diferente de lo que era antes, pero no es realmente tan diferente”.
“El gobierno demuestra cada vez más que no tiene ningún interés ni capacidad de crear una democracia en total funcionamiento para todo su pueblo”, declaró Lee en conferencia de prensa.
También señaló que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la paz está en “negación total” respecto del maltrato y la violencia que soporta la comunidad musulmana rohinyá, y que obligó a unas 700.000 personas a cruzar la frontera y refugiarse en Bangladesh, y cuestionó su apoyo incondicional al Estado de derecho.
“Si se mantuviera el Estado de derecho, todas las personas en Myanmar, sin importar su posición deberían responder a las leyes justas de forma imparcial, no reinaría la impunidad y la ley no se utilizaría como arma de opresión”, señaló Lee.
El responsable de la misión de investigación de la ONU en Birmania, Marzuki Darusman, quien también presentó un informe al respecto a los estados miembro, coincidió en que “el endurecimiento de la posición (del gobierno) es por lejos el mayor obstáculo”, acotó.
“La responsabilidad no solo se refiere al pasado, sino también al futuro, y Myanmar está destinado a repetir ciclos de violencia, a menos que se ponga fin a la impunidad”, arguyó.
Una de las condiciones que contribuyeron a que se cometieran atrocidades desde que estalló la violencia contra los rohinyás, en agosto de 2017, es la reducción del espacio democrático, observó Darusman.
La detención de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de la agencia de noticias Reuters, ocupó la primera plana de la prensa internacional, pero no impidió que el gobierno siguiera reprimiendo la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos en el país.
En los últimos tiempos, tres periodistas de Eleven Media, Nayi Min, Kyaw Zaw Linn, y Phyo Wai Win, fueron detenidos y están bajo investigación por difamación en Internet. De ser acusados y condenados, podrán pasar hasta dos años tras las rejas.
Lee y Darusman también se mostraron preocupados por las condiciones de apartheid (el régimen de segregación impuesto por la minoría blanca contra la mayoría negra en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX) en Birmania y que persisten hasta ahora e incluyen limitaciones a la movilidad y el acceso a servicios, como la salud y la educación.
El gobierno construye nueva infraestructura tanto para los rohinyás que siguen en el país como para los que se fueron, pero Lee señaló que suelen estar segregados de la mayoría budistas.
Si se mantiene la política de separación en vez de integración, se cometerán más atrocidades.
“Es un genocidio en curso”, alertó Darusman.
En el informe de la misión de investigación, que analizó lo ocurrido en años anteriores, los investigadores concluyeron que se cumplían cuatro de las cinco condiciones para la ocurrencia de genocidio: asesinato de integrantes de un grupo étnico, daños físicos y psicológicos contra integrantes de una comunidad, imposición deliberada de condiciones de vida que apuntan a la destrucción física de una comunidad de forma total o parcial y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en una comunidad.
De esas, tres condiciones están vigentes en ese país asiático.[related_articles]
Por ejemplo, en 2015, el gobierno birmano impuso restricciones al espaciamiento de los nacimientos a las mujeres rohinyás, obligándolas a respetar un intervalo de 36 meses entre el nacimiento de sus hijos mediante anticonceptivos.
La Ley de Control de la Salud de la Población se aprobó tras un informe oficial de 2013 que observó: “un rápido crecimiento de la población de (rohinyás) bengalíes como una amenaza extremadamente seria”.
Antes, el gobierno decretó un máximo de dos hijos por mujer en la comunidad musulmana del estado de Rakhine.
Y es por ese tipo de medidas que los rohinyás refugiados en Bangladesh, entre otros países, no pueden regresar.
“La repatriación no es posible ahora. A menos que la situación sea propicia en Myanmar, no alentaría ninguna repatriación. No deben regresar bajo esas leyes, esas políticas y esas prácticas”, indicó Lee.
Además, urgió al gobierno a adoptar leyes para proteger y promover los derechos humanos de todos, y que Suu Kyi use “todo su poder moral y político” para actuar.
“Myanmar se encuentra en una encrucijada , puede responder como miembro responsable de la ONU y asumir su responsabilidad o puede seguir en el mismo camino de autodestrucción”, observó Darusman.
A fin de asumir la responsabilidad que le corresponde, Birmania podría perdonar a los defensores de derechos humanos y periodistas detenidos de forma arbitraria y así restablecer el espacio democrático.
Birmania también debe permitir el acceso irrestricto a los actores humanitarios y a los investigadores de la ONU, añadió Lee.
“Creo que estamos en un punto en que Myanmar y la comunidad internacional están en un punto en que según sea la opción que tomen se definirá el futuro, no solo de ese país, sino de la paz y de la seguridad en la región y el mundo”, indicó.
Traducción: Verónica Firme
