“Sueño con un bosque sano, sustentable, bien aprovechado”, cuenta Rogelio Ruíz, un silvicultor del sur de México, quien insiste en que “tenemos que limpiarlo bien, aprovechar la madera y reforestar».
Esas actividades son fundamentales para el ecosistema, especialmente para adaptarse a los impactos notorios del cambio climático, consideró a IPS este presidente del Comisariado de Bienes Comunales de La Trinidad, en el municipio de Ixtlán de Juárez, en el estado de Oaxaca, a unos 840 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Los hábitats forestales son, precisamente, uno de los mejores mecanismos naturales para mitigar las alteraciones climáticas, pero al mismo tiempo enfrentan sus secuelas, como aumento de la temperatura, variaciones en los regímenes pluviales y la aparición de plagas.
Sabe bien de ello la ecorregión donde se yergue La Trinidad, conocida como la Sierra Juárez, que enfrenta desde 2017 un brote de mosca sierra o defoliadora, que carcome las hojas del pino, la especie más común en esta zona del centro de Oaxaca. Organizaciones locales estiman que unas 10.000 hectáreas están expuestas al insecto.
Ruíz detalló que han sido perjudicadas 106 de las 805 hectáreas de su comunidad, un sistema mexicano tradicional de gobierno para las tierras colectivas e instransferibles, de explotación compartida por los llamados comuneros, que se diferencia del ejido porque en este los terrenos pueden venderse.
En septiembre “aplicamos fumigación aérea” de un bioplaguicida y ahora “utilizaremos bombas manuales”, detalló el dirigente comunero, uno de los asistentes a la celebración en Ixtlán este mes de los 35 años de lucha contra las concesiones forestales privadas que dominaban entonces y que sembró la silvicultura comunal.
La Trinidad, integrado por 291 comuneros, tiene permiso para extraer anualmente 5.000 metros cúbicos de madera a partir de un plan de manejo de ocho años, vigente desde 2014.
Esos emprendimientos ejemplifican el desarrollo de la silvicultura comunitaria mexicana, considerada un modelo global, por su éxito para generar beneficios sociales, económicos y ambientales.
En 2016, México, el segundo país más extenso de América Latina, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados (196 millones de hectáreas), poseía 20,3 millones de hectáreas de bosque templado, 850.000 de bosque mesófilo de montaña, 50,2 millones de matorrales, 7,9 millones de pastizales, 11,5 millones de selvas y 1,4 millones de vegetación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4.886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2.100 explotan comercialmente el recurso.
Pero solo siete millones de hectáreas, en manos de unas 600 comunidades, operan con un plan de manejo y conservación, un requisito para obtener el aval para los programas de aprovechamiento promovidos por la estatal Comisión Nacional Forestal.
La producción maderable mexicana totaliza siete millones de metros cúbicos anuales, de los que Oaxaca aporta casi siete por ciento.
Estos ecosistemas proveen de agua a zonas urbanas, regulan el ciclo hídrico, aportan alimentos y capturan dióxido de carbono (CO2), el gas responsable del calentamiento planetario, entre otros servicios ecológicos, según indican estudios científicos.
Por ello, y ante la amenaza del cambio climático, los bosques requieren de políticas públicas que generen mejores incentivos económicos, ofrezcan certidumbre legal sobre la tenencia de la tierra, ensanchen los mercados y aumenten la productividad, aseguran organizaciones y especialistas sobre silvicultura.
En Ixtlán, que significa “lugar de hilos o fibras” en idioma zapoteco y donde hay 600 hectáreas dañadas, han emprendido la lucha contra las plagas mediante la experimentación con cinco especies de pino en el vivero comunitario.
“En noviembre y diciembre, hacemos selección de semillas. Queremos especies de más rápido crecimiento y resistente a las plagas. Confiamos en que las nuevas especies sean más resistentes”, explicó Sergio Ruíz, asesor forestal de la empresa comunitaria Unión Forestal Santo Tomás Ixtlán.
La comunidad de Ixtlán, también en el municipio homónimo, posee 19.125 hectáreas, de las cuales 30 por ciento se destina a aprovechamiento forestal.
Sus actividades incluyen también ecoturismo, una gasolinera, una tienda, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua. En 2018, su vivero aporta 360.000 plántulas, 100.000 de las cuales consignan a reforestación y donan las otras 260.000 a comunidades cercanas. La aspiración es crear un huerto de semillas.
Un estudio bajo elaboración de la estatal Universidad Técnica de la Sierra Juárez analiza factores climáticos como la temperatura, humedad y estado del suelo en Ixtlán.
En 2015, México emitió 683 millones de toneladas de CO2, el segundo mayor contaminador en la región detrás de Brasil, y de las cuales 20 millones provinieron de la pérdida de tierras forestales.
Ante ello, este país latinoamericano adoptó como objetivo propio la deforestación cero a 2030, todo un desafío cuando la tala promedio anual representa 200.867 hectáreas perdidas entre 2011 y 2016, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la contraloría gubernamental mexicana.
Otros sitios de la Sierra Juárez también están expuestos al cambio climático, aunque su altura sobre el nivel del mar los proteja temporalmente de los insectos. Tal es el caso del municipio de San Juan Evangelista, donde los silvicultores se preparan para adaptar sus bosques al fenómeno.
“Es importante limpiar el bosque, porque le quita poder de combustión y riesgo de plagas. Además, el manejo forestal permite más captura de carbono, más que los bosques no manejados. Pueden contribuir a evitar que el cambio climático sea más acelerado”, señaló a IPS el asesor técnico de la comunidad forestal en ese municipio, Filemón Manzano.
Analco, que significa “al otro lado del río” en náhuatl, consta de 150 comuneros, propietarios de 1.600 hectáreas y de las cuales 1.000 albergan bosque y destinan 430 a aprovechamiento forestal. La comunidad opera un vivero para 3.000 plántulas.[related_articles]
Manzano y académicos del estatal Colegio de Posgraduadoos en Ciencias Agrícolas preparan una investigación sobre la absorción de CO2 por bosques bajo manejo, que se estima en cinco toneladas anuales por hectárea gestionada.
Dentro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, México se comprometió a reducir para 2030 hasta 14 millones de toneladas de CO2 las emisiones contaminantes anuales de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, mediante el fomento al manejo forestal sostenible, y el incremento de la productividad en bosques y selvas y la promoción de plantaciones forestales.
Pero las erogaciones necesarias para instrumentar las medidas de mitigación totalizarían 11.789 millones de dólares hasta ese año, con un costo de 53 dólares por tonelada de CO2. La deforestación cero requeriría 7.923 millones y el manejo forestal sostenible, 3.861 millones.
En julio, el sector forestal mexicano propuso una política de largo plazo, mayor inversión, marco legal adecuado, fortalecimiento del manejo forestal comunitario, participación comunitaria en el diseño de las medidas y un vínculo con el cambio climático, dentro de la campaña “Bosques con gente, bosques para siempre”.
El silvicultor Rogelio Ruíz pidió más apoyos para cuidar mejor el ecosistema y así cosechar más beneficios.
El estudio “Una referencia global de almacenamiento de carbono en territorios colectivos”, publicado en septiembre y elaborado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalición global de 15 socios, con sede en Washington, estimó que los bosques comunitarios mexicanos atrapan 2.837 millones de toneladas de CO2.
Para Manzano, lo deseable sería más manejo forestal. “Queremos demostrar cómo los bosques manejados contribuyen a la conservación del planeta. Va a ser importante tener especies más resistentes y crear una buena mezcla de especies”, apuntó.
Edición: Estrella Gutiérrez
