Un fallo judicial podría sentar un importante precedente en Sudáfrica si hace lugar a la demanda de las comunidades rurales que reclaman poder de decisión sobre proyectos mineros en sus tierras.
Conocido como un referendo sobre el “derecho a decir no”, varias poblaciones rurales de la costa oriental del país reclaman a la justicia que reinterprete la legislación sobre la extracción minera para obligar a las compañías a solicitar su consentimiento antes de empezar a operar.
El caso, cuyos argumentos se presentaron al tribunal a fines de abril en Pretoria, nació tras una disputa por un proyecto de extracción de titanio, la que ya lleva más de una década, en la provincia de Cabo Oriental, en una zona llamada Costa Salvaje.
El proyecto enfrentó a la compañía australiana Mineral Commodities Ltd contra cinco poblados, conocidos como Amadiba. La población local impidió que la compañía comenzara a operar. Pero hubo varios episodios de violencia, que dejaron a numerosas personas muertas.
“Su modo de vida está intrínsecamente relacionado con la tierra. Las costumbres tradicionales sufren consecuencias desproporcionadas por la minería”, arguyeron los demandantes, y acotaron la degradación ambiental, el desplazamiento y la pérdida de tierras agrícolas.
“Sin consentimiento libre, previo e informado, corren un grave peligro, no solo de perder derechos a la tierra, sino su propia existencia”, añadió.
Nonhle Mbuthuma es la secretaria y líder del Comité de Crisis de Amadiba, que representa a todos los residentes de las aldeas.
Mbuthuma asumió el liderazgo tras la muerte de Sikhosiphi “Bazooka” Radebe, quien recibió un disparo frente a su casa en marzo de 2016; se estima que fue por sus actividades de ambientalista. Y también se dice que Mbuthuma está en una lista de personas a eliminar, junto al nombre de él.
“La tierra es nuestra identidad. Cuando perdemos esa tierra, perdemos nuestra esencia. Y cuando pierdes tu esencia, es muy parecido a que te maten”, explicó Mbuthuma.
Las comunidades y las organizaciones sociales que colaboraron con los demandantes pidieron al tribunal que si no hacía lugar a sus reclamos, que por lo menos les concediera la posibilidad de negociar algunos términos como las regalías antes de la extracción. Si el tribunal también les niega eso, los demandantes reclamaron la inconstitucionalidad de la ley actual.
Una filial de la Mineral Commodities arguyó que los demandantes malinterpretaron la ley, extendiendo su alcance con el fin de frenar a la minera, que ya obtuvo los permisos. La compañía señaló que “si se les concede, (la demanda) afectará los derechos a la tierra y la minería en todo el país”.
“Esperamos que si el juez falla a nuestro favor, servirá a todas las comunidades africanas, no solo a Xolobeni, porque el problema de la minería que expulsa a la gente de sus tierras se da en toda África”, explicó Mbuthuma, refiriéndose a uno de los poblados que se volvió sinónimo del conflicto.
Tras el opresivo apartheid (régimen de segregación racial de la minoría blanca en perjuicio de la mayoría negra), Sudáfrica eligió democráticamente un nuevo gobierno en 1994, que se esforzó por devolver la riqueza minera a la ciudadanía a la vez que se incorporaba a los mercados internacionales.
Según la legislación actual, el Estado reclamó los derechos mineros con el fin de impulsar el desarrollo económico.
Pero con el otorgamiento de licencias de extracción, crecieron los conflictos entre las compañías mineras y las comunidades rurales que viven de las tierras comunitarias.
Alrededor de 13 por ciento del territorio nacional corresponde a tierras comunales, vestigios de las “patrias” de la época del apartheid, creadas como especies de estados independientes para sacar a los sudafricanos negros de las ciudades.
Unos 18 millones de sudafricanos viven en esas tierras en la actualidad.
Los líderes tradicionales, como jefes, reyes y reinas y consejeros presiden las tierras comunales, pero su mandato deriva de la gente, según los derechos consuetudinarios, que les impiden tomar decisiones sin contar con el consentimiento de los pobladores.
Pero en muchos casos, los líderes tradicionales suscriben acuerdos con las compañías mineras que abren la tierra para la extracción, sin contar con el consentimiento popular. Eso ocurrió en Amadiba, cuyo jefe apoyó la propuesta de la compañía, que lo nombró director de la misma vinculado al proyecto.
A cambio, el jefe declaró a la policía que le prometieron que las discrepancias hacia su jefatura desaparecerían y que obtendría ganancias de la mina.
El gerente general de Mineral Commodities, Mark Caruso, no quiso hacer declaraciones a IPS.
Esos conflictos son comunes en las zonas rurales, explicó Johan Lorenzen, socio de la firma Richard Spoor Inc. Attorneys, representante legal de la comunidad, que como todas las otras, no logra beneficiarse del todo de la democracia sudafricana.[related_articles]
“La mayoría de los campesinos sudafricanos viven en tierras comunales, como la de Amadiba”, precisó Lorenzen.
“Como mayor productor mundial de platino, Sudáfrica registró una ola de concesiones de derechos de extracción en tierras comunales y, sin claridad sobre si tienen derecho o no, ha tenido efectos contundentes sobre decenas de miles de personas en las áreas rurales”, explicó.
El fallo demorará varios meses, estimó Lorenz.
El ministro del Departamento de Recursos Minerales anunció una moratoria de 18 meses que interrumpió de forma temporal ambos proyectos, y tampoco emite ningún permiso de extracción en la zona. La medida durará hasta fines de este año y no está claro qué pasará después.
En ese contexto, el departamento se comprometió a solicitar a “especialista/s social/es independiente/s que investigue/n las causas de raíz de los problemas, y documente/n las posibles soluciones” del conflicto con las mineras.
En respuesta a las consultas de IPS, el departamento reconoció haber evitado esa medida, y señaló: “No hubo una investigación independiente por las dificultades bien conocidas entre las partes en el área”. También señaló que el organismo estaba por decidir si renovaría la moratoria.
Por otra parte, como forma de elevar la voz de las comunidades damnificadas, el fotógrafo británico Thom Pierce realizó una serie de retratos de residentes de Xolobeni e hizo postales que enviará por correo electrónico al ministro del Departamento de Recursos Minerales.
En las postales, la pobladores describen la importancia de tener la última palabra en lo que respecta a sus propias tierras.
Themba Yalo recordó la Revuelta de Pondoland, un levantamiento de los años 60, cuando los residentes de Amadiba y sus alrededores se alzaron en armas contra el apartheid.
“Mis abuelos lucharon por su tierra para que yo viviera en libertad. Nunca apoyaré la extracción minera aquí ni la destrucción de la tierra ni de las sepulturas de mi familia”, escribió.
Otros como Mamthithala Yalo, pidieron agricultura, en vez de minería. “Tengo cerdos, vacas y cabras. También cultivo alimentos necesarios. Nunca permitiré que llegue la minería y cambie nuestra forma de vida. Esta tierra no está a la venta”, sentenció.
Traducción: Verónica Firme
