Una de las más tareas más complejas a emprender por el gobierno que suceda al presidente cubano Raúl Castro apunta a la reforma de la Constitución, aunque el tema aún no despunta entre las prioridades de la mayoría de la población.
El cese del mandatario de la jefatura del Estado está previsto para el 19 de abril, tras gobernar el país desde 2006, los dos primeros años en funciones, en sustitución por enfermedad de su hermano, Fidel Castro, fallecido en 2016. La previsión aún no formalizada es que el actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, sea su sucesor.
“He leído artículos, ensayos y debates, entre otros materiales, sobre el asunto, pero por ahora lo veo como algo de interés para un sector más instruido (de la sociedad)”, comentó a IPS una abogada que trabaja en una empresa extranjera desde los años 90.
La mujer, que pidió no ser identificada, cree que hay desconocimiento y desinterés en la población acerca de la importancia de la ley fundamental y por eso “la gente no entiende quizás los beneficios de una reforma”, que actualizaría sus derechos y deberes a “los nuevos tiempos”.
Pero niños como Carlos Ochoa, de 13 años, que cursan desde quinto y sexto grado de enseñanza primaria una asignatura llamada Educación Cívica en la cual se familiarizan con este texto y sus elementos fundamentales. “Aprendió asuntos relacionados con la familia, los derechos de los niños y de la organización del Estado”, dijo su madre a IPS.
Esos estudios continúan desde hace varios años en enseñanza básica, con un libro guía en que se define la Constitución como “documento jurídico fundamental y la fuente mayor de derecho (….) en ella se refleja el sistema de valores, aspiraciones e ideales de la sociedad en el momento histórico en que se elabora y aprueba”.
“Durante los últimos años ha mejorado mucho la divulgación de la Constitución. Circulan con facilidad versiones impresas y digitales, a las que cualquiera puede acceder. Creo que también ha crecido el interés por conocerla en coincidencia con los cambios económicos”, señaló a IPS el jurista y académico Julio Fernández Estrada.
Sin adelantar posible fecha ni detalles de procedimiento, el oficial diario Granma confirmó el 27 de marzo que se estudia una futura reforma de la Constitución y que esta recogerá aspectos referidos a la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En un reporte sobre una reunión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) que evaluó el proceso de actualización del modelo socialista de desarrollo, el periódico indicó que la nueva Constitución “ratificará el carácter irrevocable de nuestro socialismo y el papel dirigente del Partido en la sociedad cubana”.
Asimismo, adujo, “deberá reflejar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales derivadas de los acuerdos aprobados en el VI y VII congresos del Partido y de los objetivos de su Primera Conferencia Nacional”.
La conferencia se efectuó en enero de 2012, entre el VI (abril 2011) y el séptimo Congreso del PCC (abril de 2016), el único partido legal en el país, y señala los postulados de orden interno de la única organización partidista, definida constitucionalmente como” vanguardia organizada de la nación cubana” y “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”.
Entre los objetivos acordados por la cita partidista de 2012 figura el de “limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”, decisión que se prevé será incluida en una nueva Constitución.
Castro ha dicho desde 2013 que no esperará esa modificación para dejar la presidencia.
El mandatario anunció en 2011 la creación de un equipo de especialistas de alta calificación encargado de coordinar con los organismos correspondientes las modificaciones legales para acompañar la actualización del modelo económico y social de desarrollo y la introducción de los ajustes pertinentes en la Constitución.
La ley fundamental está vigente desde 1976 y ha sido modificada en 1992 y 2002.
En entrevista a IPS en 2015, Fernández Estrada señaló que la reforma de 1992 precedió y sirvió de apertura a las transformaciones económicas, financieras y empresariales de esa época, cuando Cuba ingresó en una depresión de la que aún no se ha recuperado.
Pero las reformas emprendidas por Castro desde 2008 se han hecho hasta ahora sin transformaciones constitucionales lo que ha creado contradicciones “entre la mayoría de los ajustes, cambios y modificaciones o perfeccionamientos institucionales de todo tipo que se han hecho en la economía cubana y otros ámbitos”, opinó.
También desde el campo académico, la socióloga Reina Fleitas afirmó a IPS que la Constitución es la “ley suprema de todo el país” y el resto de las leyes y decretos se deben atemperar a ella y no pueden contradecirla. Agregó que su texto define “la naturaleza de una sociedad, el modelo de sociedad que ha escogido el pueblo”.
Transformar “nuestra constitución es la oportunidad de perfeccionar todo nuestro sistema y en particular el político. Nos obliga a pensar y discutir sobre los logros alcanzados y qué deseamos reafirmar y cuáles son los cambios que queremos acometer para hacerla más cercana al ideal de una sociedad democrática”, concluyó.
Puesto a pensar en los cambios que debería incluir una nueva Constitución, un lector habitual de IPS Cuba que se identificó solo como Rolando, mencionó, entre otros, las transformaciones en la estructura económica del país, con el surgimiento de la actividad privada, las cooperativas y la inversión extranjera.
“El surgimiento de empresas privadas pequeñas y medianas requiere que se les de personalidad jurídica, también habría que tener en cuenta los cambios en las empresas estatales y la separación de las funciones de la administración estatal y el sector empresarial”, consideró al responder a una encuesta a los suscriptores de IPS en la isla.[related_articles]
Rolando también propone modificaciones en los órganos del Poder Popular, como que el parlamento unicameral, compuesto actualmente por 605 diputados, se reduzca a la mitad de sus miembros y que estos se profesionalicen para trabajar todo el año en sus funciones legislativas y de control.
La reestructuración del funcionamiento del parlamento para hacerlo más activo y sistemático y una nueva ley electoral son frecuentes entre las sugerencias de cambio constitucional que circulan en las redes sociales. También se menciona mucho el tema migratorio y el de la doble ciudadanía.
En una encuesta entre asistentes a un foro debate de la revista científica Temas a mediados del pasado año, los asuntos más votados para considerar en una reforma constitucional incluían el derecho a la información, descentralización de la toma de decisiones, participación ciudadana y papel y estatus de los medios de comunicación.
Por ahora no parece cercana la hora del cambio constitucional, que se mueve discretamente, sin trascendidos y al mismo ritmo de “sin prisa, pero sin pausa” de las transformaciones económicas.
“Pienso que las ideas que se estén manejando serán consultadas en diversas instancias antes de redactar la propuesta última. Creo también que no se apurarán”, estimó Rolando.
Edición: Estrella Gutiérrez
