En una choza en esta ciudad india de Jammu, varias mujeres de entre 19 y 30 años comparten dos cosas: son refugiadas rohinyás de Myanmar (Birmania) y todas tienen miedo de que las devuelvan a la fuerza a su país, de donde escaparon de la persecución que sufre su comunidad musulmana.
“Llegué cuando tenía 13 años, ahora tengo 19”, relató Nur Kalina, una de las más jóvenes. Apenas recuerda cómo huyó con sus padres de su aldea en el estado birmano de Rakhine.
Tuvieron que correr por campos de arroz y cruzar el río para llegar a Cox’s Bazar, del otro la de la frontera, en Bangladesh, donde encontraron a sus vecinos y hasta una tía. Pero no había alimentos ni trabajo ni tenían futuro. Y entonces sus padres decidieron trasladarse a India.
Todas las otras mujeres, Leila, Shamshida, Taiyyaba y Rahena, tienen historias similares: llegaron a Jammu en 2012 y desde entonces, el barrio de Kiriyani Talav, en esta ciudad de India, ha sido su hogar. Todas se casaron y fueron madres aquí.
Cada tanto hablan con familiares que quedaron en la aldea de Sittwe, y les cuentan los nuevos ataques y de nuevos familiares y vecinos asesinados. “Siempre nos dicen: ‘no vuelvan’”, relató Laila.
Rohinyás en Jammu
Hay unos 5.743 rohinyás en este estado de Jammu y Cachemira, según datos oficiales, dispersos en Jammu, la capital estadual de verano, y en el vecino distrito de Samba, muy pocos con respecto a los 858.898, en Bangladesh, y los 350.000, en Pakistán.
Sin embargo, están en el centro de la controversia acusados de cometer actividades criminales como acaparamiento de tierras, asentamientos ilegales y simpatizar con terroristas, y la población local reclama su repatriación a Birmania.
El derechista Partido Nacional de las Panteras de Jammu y Cachemira, encabezado por Harshdev Singh, exministro de Estado, es uno de los que lidera la oposición contra los rohinyás.
Singh, quien no conversó con IPS a pesar de haber concedido una entrevista, encabezó el 3 de este mes una protesta reclamando al Ministerio del Interior la repatriación de los rohinyás con el argumento de que son una amenaza a la seguridad.
“Los inmigrantes ilegales suponen una amenaza para la armonía de la comunidad y el pluralismo de Jammu”, declaró.
“El ministro debe intervenir personalmente y dirigir al gobierno para que tome las acciones necesarias, de lo contrario la situación en Jammu se deteriorará como en Cachemira”, añadió.
Lo sentimientos contra la comunidad musulmana se intensificaron tras un ataque terrorista contra un campamento del ejército indio en Sunjwan, a las afueras de esta ciudad.
Tras el incidente, el legislador Kavinder Gupta, acusó a los rohinyás de estar involucrados, y si bien fue criticado por otros parlamentarios, su partido lo respaldó.
India, que no firmó la Convención Internacional para los Refugiados, pidió a los estados de la unión en agosto de 2017 que identificarán a los rohinyás para una posible deportación. Pero algunos inmigrantes llevaron el caso a la Corte Suprema de India.
Miedo en el aire
Hazara es una refugiada rohinyá de 29 años que vive cerca del campamento militar en Sunjwan.
Al igual que muchas rohinyás, la joven madre soltera nunca fue a la escuela ni tiene capacitación alguna por lo que se ganaba la vida pelando nueces para sus vecinos, quienes no eran rohinyás. Ganaba apenas menos de un cuarto de dólar por kilogramo, pero le servía para alimentar a sus dos hijos.
Pero después del atentado, se hizo muy difícil trabajar.
“Al día siguiente cuando fui a trabajar me dijeron ‘traes problemas, no te queremos aquí’. Todo el mundo me miraba con sospecha, como si hubiera hecho algo malo”, relató Hazara, quien ahora trabaja como empleada doméstica para una familia musulmana de Cachemira.
Con eso podrá pagar la renta de su choza, equivalente a unos siete dólares, pero no le alcanzará para alimentar a su familia. La joven sobrevive gracias a una madrasa (escuela religiosa) de otros rohinyás.
Mushtaq Ahmed, uno de los profesores de la escuela, contó que tras el ataque, las fuerzas de seguridad ingresaron a la escuela y los interrogaron sobre los atacantes. Desde entonces, la actitud de los vecinos cambió de forma drástica.
“Desde 2017, escuchamos cosas como que colaboramos con los militantes, que los ayudamos, pero esta vez, los ataques son más directos”, puntualizó.
“Algunas mujeres todavía pelan nueces, pero cuando se termine la temporada, quién sabe de qué vivirán”, preguntó.
Analfabetismo, matrimonio infantil y mala salud
Hay 40 familias rohinyás en Kiriyani Talav, y ninguna de las mujeres recibió una educación formal y a todas las casaron antes de los 18 años.
“Los ancianos de la comunidad dicen que es pecado quedarse mucho tiempo sin casarse”, relató Nur Kalina, casada a los 14 años. “Mis padres me casaron poco después de que comencé a menstruar”. Y a los 19, la adolescente ya tiene tres hijos.
“El matrimonio infantil está generalizado en la comunidad rohinyá refugiada”, confirmó Ravi Hemadri, director de la Iniciativa de Desarrollo y Justicia (DAJI, en inglés), con sede en Nueva Delhi.
La organización trabajó hasta febrero con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) colaborando en la entrega de documento y asegurándose de que los rohinyás reciban la asistencia que les corresponde.
Los refugiados viven en una pobreza extrema, lo que hace que las familias entreguen a sus hijas en matrimonio a muy temprana edad, explicó Hemadri.[related_articles]
Laila Begum, de 34 años, y Taiyyaba, de 29, tienen asma, y esta última tiene una hija de tres años con problemas de crecimiento y extremidades flojas.
Además, unas 12 mujeres dicen que sufren problemas respiratorios, como la mamá de Kalina, Medina, de 54 años, quien tiene tuberculosis.
Kalina, además, tiene un dolor de espalda crónico, que la deja muchas veces postrada.
Ninguna de las mujeres recibe tratamiento médico periódico porque no lo pueden pagar. De hecho, Laila, quien se atienden en el hospital público para recibir medicamentos gratis, contó que la última vez que fue le pidieron que pagara el equivalente a 30 dólares.
“No tengo tanto dinero”, se lamentó, y contó que solo las viudas tienen derecho a un poco de asistencia, unos 10 kilogramos de arroz al mes.
Algo de esperanza en medio de la desolación
A principios de este año, concluyó el acuerdo entre Acnur y DAJI en Jammu. En el marco de la creciente oposición política, la agencia recomendó a los rohinyás que se mudaran, lo que hicieron unos 200 refugiados.
Pero muchas mujeres sostienen que a pesar de la creciente amenaza a su seguridad, irse no es una opción.
“En Birmania, todavía matan a nuestro pueblo”, recordó Ansari.
“Dicen que somos bangladesíes, pero no hablamos bengalí. ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué tenemos que irnos? No tenemos lugar seguro, la única forma es quedarnos tranquilos”, añadió.
Traducido por Veróncia Firme
