La criminalidad en el área metropolitana de Río de Janeiro, atormentada por 22 tiroteos callejeros diarios, 10 efectivos muertos cada mes de la Policía Militar estadal y 6.731 homicidios en 2017, es el escenario de la gradual conversión del Ejército de Brasil en policía.
La intervención del gobierno nacional en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, por decreto del presidente Michel Temer del 16 de febrero, entregó al general Walter Braga Netto, jefe del Comando Militar del Este, todos los poderes del sector, que incluye las policías civil y militar, con el refuerzo de efectivos castrenses.
Es la primera vez, desde el retorno a la democracia de Brasil en 1985, que se emplea esa medida radical. Antes las Fuerzas Armadas fueron movilizadas en operaciones puntuales para contener brotes de violencia o controlar situaciones específicas, como los Juegos Olímpicos de 2016, celebrados en esta ciudad del sureste del país.
“Es una decisión ineficaz que refuerza la lógica de la confrontación bélica. Experiencias anteriores de actuación del Ejército demuestran que no es una solución para reducir la violencia y puede agravar la situación”, sentenció a IPS la psicóloga Raquel Willadino, directora de Derechos Humanos del no gubernamental Observatorio de Favelas.
“No creo que cambie nada, el Ejército estuvo acá antes y no resolvió nada. La mayoría de la población local está descreída”, observó Roseli Gomes, que vive en Rocinha, una de las mayores favelas (barrios pobres y hacinados) de Río de Janeiro, la capital estadal, con 6,5 millones de habitantes, que se amplían hasta 12 millones al englobar su área metropolitana.
Ella se sintió “tranquila” la semana que culminó con el anuncio de Temer, en que no hubo tiroteos en su favela, con casi 70.000 habitantes, quizás por ausencia de la policía militar. Pero la balacera volvió la semana siguiente impidiendo que ella saliera a trabajar por lo menos el martes 20. “Uno solo quiere ocultarse, si sale en la mañana a veces no logra regresar a casa”, contó a IPS.
“Las Fuerzas Armadas nunca tuvieron éxito en combatir la criminalidad en ningún lugar del mundo, véase el fracaso de México desde 2007. La seguridad pública no se construye con tanques en las calles, sino con inteligencia, con información”, corroboró Daniel Cerqueira, investigador de la economía del crimen.
El rechazo prácticamente consensual entre especialistas en violencia urbana y activistas, basado en experiencias anteriores, contrasta con el apoyo de políticos e incluso de la población en general a la intervención “federal”. “Había que hacer algo”, argumentan ante la explosión de criminalidad y de los tiroteos en Río de Janeiro.
Además de los 22 tiroteos diarios, como promedio de la Región Metropolitana de Río de Janeiro comprobado por la plataforma digital Fuego Cruzado, que monitorea las confrontaciones armadas, conmovió la población local y nacional la muerte de mujeres embarazadas y sus bebes por las llamadas “balas perdidas”.
Un bebe fue alcanzado por un tiro dentro del útero de su madre, logró sobrevivir tras ser operado en un hospital, pero murió casi un mes después, el 30 de julio de 2017.
La frecuencia cada día mayor con que se recurre a los militares ante la crisis de seguridad casi generalizada en Brasil, “desgasta la institución militar, que no debería ser sometida a ese uso vulgarizado” e ineficiente, señaló Cerqueira a IPS.
Río de Janeiro es donde más se movilizó a militares en operaciones de seguridad pública desde los años 90. Empezó por la Conferencia Mundial de Ambiente en 1992, conocida como la Cumbre de la Tierra, que involucró a más de 17.000 efectivos del Ejército y la Marina.
La reducción de la criminalidad por la ocupación castrense de la ciudad durante un mes hizo muy popular ese recurso a los militares, que se repitió en la Conferencia sobre desarrollo Sostenible, Río+20, en 2012, en la Jornada Mundial de la Juventud, en 2013, en la Copa Mundial de Fútbol (2014) y en los Juegos Olímpicos.
Durante las tres últimas décadas también se multiplicaron las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden, para contener oleadas de secuestros (1995), de tiroteos entre bandas de narcotraficantes, como en Rocinha en septiembre de 2017 y otras favelas.
Igualmente se movilizaron militares para sostener la implantación de políticas de seguridad promovidas por el gobierno del estado de Río de Janeiro.
Los complejos del Alemán, de 69.100 habitantes según el censo oficial de 2010, y del de Maré, de 129.700 personas, estuvieron ocupadas por 14 meses en 2014 y 2015 para ayudar el gobierno local a “pacificar” las favelas de la urbe.
“No se redujo la violencia y se intensificaron las violaciones de derechos y la sensación de inseguridad de los pobladores”, según Willadino, cuyo Observatorio tiene sede en la Maré.
La intervención tiene otro carácter. Ya no se trata de una operación de apoyo a la policía local, sino que asume el poder en el área de seguridad pública que en Brasil está a cargo de los gobiernos de los 27 estados de la federación. Pero se mantiene su carácter temporal, porque Temer precisó que concluirá, como su mandato, al finalizar 2018.
“Será solo un paréntesis en la violencia. El Ejército no tiene condiciones ni preparación para solucionar la crisis de seguridad en Río de Janeiro, donde las estructuras de la criminalidad son antiguas, con dominio territorial de favelas, calles y barrios, que le quita capacidad de gestión al Estado”, sostuvo el sociólogo Jacobo Waiselfisz.
Coordinador de Estudios de Violencia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Clacso), que hace 20 años elabora el Mapa de la Violencia en Brasil, Waiselfisz considera a Río de Janeiro un caso “muy específico” de criminalidad, con sus “estructuras territoriales”.
Con el puerto que “estimula el tráfico internacional de armas y la riqueza del petróleo, Río es un centro de turismo y de la violencia en Brasil”, con “articulación entre Estado y criminalidad”, que la intervención del gobierno central por 10 meses no lograría superar, concluyó.
La decadencia económica que vive el estado es “solo uno de los factores que explican el aumento de la criminalidad en los últimos años”, evaluó Cerqueira, del gubernamental Instituto de Investigación Aplicada.
“El desempleo estimula los jóvenes a adherir al crimen y la crisis reduce el presupuesto del gobierno, reduciendo inversiones sociales, en educación y seguridad pública”, explicó. Pero no es todo.
La corrupción, que fue generalizada en el gobierno del estado de Río de Janeiro, con varios exgobernadores encarcelados o inmersos en procesos judiciales, agravó mucho ese cuadro, acotó.
Apuntó que “el factor fundamental es político, en que el estado a la deriva, sin liderazgo, con un gobierno destruido, genera indicaciones de que es el momento para los grupos criminales ampliar los territorios bajo su dominio o recuperar los perdidos para las UPP”, las Unidades de la Policía Pacificadora establecidas por la gobernación para controlar la violencia delictiva en las favelas.
Hay, sin embargo, una sola posibilidad de éxito en la intervención, que el período de “anestesia” de la presencia militar le permita al general, con una autonomía que las autoridades locales no tenían, reestructurar el sector, sustituyendo comandantes e imponiendo cambios indispensables, matizó el economista.
Eso podría estimular inversiones en el estado y recuperar un poco la economía, mejorando las condiciones para que el nuevo gobernador, a ser elegido en octubre, pueda adoptar políticas de seguridad más eficientes y duraderas, pero es dudoso, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez
