La estrategia de “Muro de Contención” de Nicaragua, destinada a garantizar su seguridad interna, ostenta éxitos con su política contra el delito transnacional, pero tiene como grandes víctimas a los migrantes a los que se bloquea en forma implacable su pase por el territorio en el camino hacia su meta: Estados Unidos.
Una situación que también representa una paradoja, dado que Nicaragua es el segundo país centroamericano con más emigrantes, solo por detrás de El Salvador.
Roberto Orozco, exinvestigador social del centro de pensamiento Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas y actual consultor independiente en temas de seguridad, recordó a IPS que el origen de la actual política migratoria nicaragüense está en la crisis desatada en la región en noviembre de 2015.[pullquote]3[/pullquote]
Entonces, una ola de migrantes, provenientes de Ecuador y que buscaban llegar a Estados Unidos antes de que ese país anulase la especial política de acogida hacia ellos, generó una crisis a la que buscaron salida varios países centroamericanos, Colombia y México.
Pero el gobierno de Managua, presidido desde 2007 por el sandinista Daniel Ortega, se negó a participar en las acciones conjuntas para facilitar la movilidad de los 3.000 cubanos que habían quedado varados en Costa Rica, en su frontera con Nicaragua.
Este país desplegó tropas militares y policiales, así como agentes fronterizos, para impedir el acceso de los migrantes, y creó una crisis humanitaria sin precedentes en la región, que solo pudo solventarse con medidas de los demás gobiernos para facilitar que los migrantes siguieran su trayecto sin tocar Nicaragua.
Ortega y sus mandos militares y policiales han explicado que el Muro de Contención consiste en el uso coordinado de esas fuerzas armadas y las instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado: narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes en condición irregular y otras amenazas a la seguridad nacional.
Orozco adujo que ese cierre al tránsito humano en la frontera sur de Nicaragua, ahora ya no de cubanos, sino de africanos, sudamericanos, haitianos y otros, benefició desde fines de 2015 a México, antesala de la meta de los migrantes: Estados Unidos, y a ese país, el principal socio comercial de Managua y su principal fuente o aval de fondos de asistencia.
Pero cuestionó la eficacia del Muro de Contención, en reducir el flujo migratorio por el continente, así como la actividad de los “coyotes (traficantes humanos)”, por falta de información oficial al respecto, tanto en las entidades del gobierno, la policía y el Ejército, como en sus páginas digitales, según constató IPS.
El único dato conocido fue brindado en septiembre del 2017 por el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, en un acto en Managua por el aniversario de las fuerzas armadas en Managua.
“En la lucha contra la migración ilegal fueron detenidos 4.579 migrantes que, en su inmensa mayoría, procedían de países del África y el Medio Oriente y pretendían llegar a Estados Unidos”, afirmó.
Ricardo de León Borge, decano de la facultad Ciencias Jurídicas y Humanidades en la universidad American College, dijo a IPS que en efecto “la política migratoria de Nicaragua responde en primer lugar a salvaguardar los intereses de la población nicaragüense, resguardar su seguridad e integridad dentro del territorio nacional”.
A su juicio, la política fronteriza pretende “tratar de que extranjeros en situación irregular, si se mueven por nuestra nación, sea de forma ordenada, y no formen parte de la triste estadística de personas timadas por los ‘coyotes’ que se mueven en un peligroso entramado de redes de traficantes de personas y del crimen organizado”.
En todo caso, De León Borge explica que no solo con leyes o con políticas duras se controla la migración irregular. “Es un tema que en muchas ocasiones desborda la capacidad del Estado, más acostumbrado a ser un país que genera gran cantidad de migrantes, que a servir como tránsito o estadía de ellos”, dijo.
Logros extramigración
Pero el académico subrayó que la política de mano dura, más allá del tema migratorio, ha brindado los efectos deseados en materia de seguridad.
Nicaragua se enorgullece ahora de contar con los índices de seguridad más altos de América Central: una tasa de homicidios de seis por cada 100.000 habitantes en 2017, la más baja en los últimos 15 años, según la Policía Nacional.
“Tanto Nicaragua, como sus vecinos de Centroamérica, México y Estados Unidos, se benefician de un muro de contención que brinde resultados tangibles, en base a las leyes que rigen el tema de migración contra amenazas no tradicionales a la seguridad de los Estados y las personas, como el narcotráfico, las maras (pandillas), el tráfico de personas, de órganos, la trata de personas”, opinó.
Derechos humanos, daño colateral
Sin embargo, detrás de la política de contención migratoria se denuncian abusos y violaciones a derechos humanos, según el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Gonzalo Carrión, abogado de ese organismo, opinó a IPS que el Estado nicaragüense ha criminalizado la migración ilegal y ha empeorado las condiciones de peligro de los viajeros que buscan atravesar el territorio en ruta a Estados Unidos.
Recordó como ejemplo tres casos que considera dramáticos.[related_articles]
Se trata de la expulsión por la fuerza de miles de cubanos y africanos a fines de 2015, la muerte por ahogamiento de 12 migrantes africanos en 2016 que pretendían burlar los controles a través del Gran Lago de Nicaragua (Cocibolca) y el juicio contra una mujer camerunesa, detenida en diciembre de 2017.
Es Marie Frinwie Atanga, originaria de Camerún y residente en Bélgica, desde donde viajó a Nicaragua en 2017 para reclamar el cuerpo de su hijo migrante de 20 años, quien murió a balazos al sur de Nicaragua en un presunto choque entre una patrulla fronteriza y un grupo de coyotes, que trasladaban a migrantes desde Costa Rica a Honduras.
Ahora la mujer está detenida y acusada de pertenecer a una red internacional de tráfico de migrantes y podría enfrentar hasta 12 años de prisión, lo cual a criterio de Carrión “es una barbarie jurídica y moral de Nicaragua contra los migrantes”.
Además, dentro de su política, las autoridades han prohibido a los pobladores locales el auxilio a migrantes en tránsito y han llegado a acusar penalmente de colaboración en tráfico humano a algunos que apoyaron con alimentos, agua o ropa a viajeros abandonados por los coyotes y en situación de riesgo.
Para Carrión, la rígida postura del país ante la migración es contradictoria con la realidad histórica de Nicaragua, un país de 6,3 millones de habitantes, porque 11 por ciento del total sus habitantes vive y trabaja fuera de su frontera, principalmente en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y España.
Eso, según un informe de 2017 del Fondo Monetario Internacional, le convierte en el segundo país emisor de migrantes de América Central, solo por detrás de El Salvador, que tiene 24 por ciento de sus connacionales en el exterior, mientras que Honduras es el tercero con siete por ciento, seguido de Guatemala (6,5 por ciento), Panamá (cuatro por ciento) y Costa Rica (3,5 por ciento).
Nicaragua tiene una tasa de pobreza de 29,6 por ciento, según las últimas cifras del Banco Mundial, lo que le sitúa como uno de los tres países más desfavorecidos de América. Este año, esta nación espera captar 1.424 millones de dólares de remesas de migrante, 3,5 por ciento más que en 2017, según datos del Banco Central.
Editado por Estrella Gutiérrez
