El cierre de una cadena de televisión es sintomático de la inestabilidad y precariedad institucionalidad que sacude a Maldivas desde hace unos meses.
El 8 de este mes, Raajje TV, un canal de la oposición ubicado en los atolones, suspendió su transmisión por la falta de seguridad, que se agrava en este país insular del océano Índico.
“Raajje TV informa a los telespectadores que suspendimos la transmisión regular por los ataques a los medios libres e independientes, las continuas amenazas a Raajje TV y a su personal, tras la decisión de la policía de reducir la seguridad en el canal y la alerta emitida a los medios de posible clausura sin advertencia previa”, comunicó el canal antes de dejar de salir al aire.
Antes de eso, las Fuerzas Armadas de Maldivas informaron que los medios difundían contenido que podría resultar perjudicial para la seguridad nacional.
La situación en Maldivas se deteriora desde fines de 2012, cuando Mohamed Nashid, el primer gobernante elegido de forma democrática en el país, renunció y fue reemplazado por Abdulla Yamin al año siguiente.
Este país tiene menos de medio millón de habitantes y por lo menos 150.000 de ellos o más concentrados en Male, una isla de seis kilómetros cuadrados.
Tras años de disputas políticas, en 2015, Nashid fue hallado culpable según las leyes antiterroristas y condenado a 13 años de cárcel. Pero al año siguiente, salió bajo fianza y se trasladó a Gran Bretaña, donde vive desde entonces.
Numerosos seguidores y miembros del Partido Democrático de Maldivas están en la cárcel o en el exilio, muchos en Sri Lanka, como base de operaciones.
La situación que desde hace años acumula presión, estalló a principios de febrero.
El 1 de este mes, la Corte Suprema sorprendió al dictaminar que los juicios contra ocho personas, entre ellas el propio Nashid y otras siete figuras destacadas, como el ex vicepresidente Ahmed Adib, habían sido injustos, por lo que su liberación debía ser inmediata.
“Tras considerar los casos remitidos a la Corte Suprema por violaciones a la Constitución de la República de Maldivas y a tratados sobre derechos humanos de los que forma parte ese país para realizar investigaciones con fines políticos, seguidas de juicios en los que fiscales y jueces estaban indebidamente influenciados, la Corte Suprema concluyó que debía repetirse el procesamiento siguiendo estándares legales”, dictaminó el alto tribunal.
El anuncio fue seguido de manifestaciones masivas en Male, en celebración de la decisión judicial.
La policía dijo que respetaría el dictamen, pero los detenidos siguieron presos y los comisionados de la policía fueron mandados para su casa por el presidente Yamin.
Cuatro días después del dictamen, el ejército asaltó la Corte Suprema y dos jueces, incluido el presidente, fueron detenidos.
Y poco después, con diferentes jueces, el alto tribunal revocó la orden de liberar a los presos. En ese contexto, la declaración del Estado de emergencia durante 15 días parecía una nota al pie de página.
El gobierno acusó al expresidente Abdul Gayum, quien gobernó desde 1978 hasta ser derrotado por Nashid en 2008, de estar en medio de un intento de soborno para incidir en la Corte Suprema, y fue detenido junto con su yerno.
Para quienes han soportado estos años de caos e inseguridad, el futuro de las islas, tan codiciadas por los turistas, es lúgubre.
“Un Poder Ejecutivo con muchos poderes, frente a la falta de un sistema de controles y contrapesos que funcione, sumado al apoyo de los servicios de seguridad, significa que el Ejecutivo dominará todos los aspectos de la gobernanza”, analizó Mariyam Shiuna, de Transparencia Internacional en Maldivas, al ser consultada por IPS.
“El presidente controla las instituciones del Estado por medios directos e indirectos, y promueve un uso excesivo de la fuerza por parte de los servicios de seguridad”, explicó.
“Todos los líderes de la oposición están en la cárcel o en el exilio. En ese contexto, es poco probable que Maldivas logre una verdadera estabilidad en el corto plazo”, añadió Shiun.
Una afirmación compartida por muchos analistas y observadores.
“Es claro que el imperio del derecho en Maldivas está asediado”, observó un grupo de organizaciones de derechos humanos.
“Instamos al gobierno a evitar las amenazas o las interferencias que puedan perjudicar la independencia en su calidad de guardián supremo de la Constitución y la legislación del país”, reza un comunicado de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).[related_articles]
Pero el gobierno sostiene que la Corte Suprema no le dejó otra alternativa al actuar de forma inconstitucional y tratar de impugnar al presidente Yamin.
Es poco probable que la situación se calme ahora que falta poco para las elecciones, incluso las presidenciales, previstas para este año y 2019.
Además de la concentración del poder en manos del Ejecutivo, los activistas denuncian una creciente ola de actos extremistas.
El año pasado, el bloguero liberal Yamin Rashid murió apuñalado fuera de su apartamento en Male. La investigación policial avanza con lentitud y todavía no obtuvo resultados tangibles.
De hecho, cuando la crisis estalló, Nashid solicitó la intervención militar de India, como ya lo había hecho la potencia regional en 1988, pero Nueva Delhi no respondió. Y China, con grandes inversiones en las islas, dijo que no estaba de acuerdo con una intervención extranjera.
“En este momento, el presidente tiene todos los ases. Cómo los obtuvo, es el problema, y cómo los usará es el mayor de todos”, analizó un activista cercano al bloguero asesinado y quien pidió reserva de su identidad.
Shiuna, de Transparencia Internacional Maldivas, teme que se deterioren más los controles sobre el Poder Ejecutivo, en especial tras la decisión de la Corte Suprema, que agarró de sorpresa al gobierno.
“El régimen de Yamin avanza hacia el despotismo, si no es que ya se instaló”, señaló. “Todas las instituciones democráticas fueron intervenidas por el gobierno y queda en duda, incluso, que haya elecciones en 2018”, observó.
Dos días y medio después de dejar de salir al aire, Raajje TV volvió a transmitir, pero no será fácil contener el rápido deterioro de los derechos civiles y democráticos en este país asiático.
Traducido por Verónica Firme
