La población argentina ya puede generar su propia energía mediante fuentes limpias y no convencionales e incorporar los excedentes a la red pública, gracias a una nueva ley. Se trata de una importante novedad en un país embarcado en un lento y difícil proceso, con final todavía incierto, de reemplazo de los combustibles fósiles.
La ley, aprobada por el legislativo Congreso Nacional en noviembre, fue promulgada en diciembre por el presidente Mauricio Macri, quien declaró a 2017 como “año de las energías renovables”, en una iniciativa que todavía no tiene resultados concretos para mostrar.
La nueva norma nace con la intención de fomentar el aporte a la red eléctrica de energías limpias y no convencionales generadas por muchas y pequeñas fuentes próximas al tendido, de ciudadanos y otros particulares, en lo que se conoce como generación distribuida, dispersa o descentralizada.[pullquote]3[/pullquote]
“Todavía hay muchísimas incógnitas sobre si va a ser efectiva la ley de energía distribuida. Lo fundamental es ver qué decisiones toma este año el gobierno en cuanto a los incentivos”, dijo a IPS el ingeniero industrial Rodrigo Herrera Vegas, quien en 2009 fundó una de las compañías pioneras en energías limpias en el país.
“El equipamiento para energías renovables no se fabrica aquí y paga aranceles de importación muy altos. Por eso, hoy para alguien que vive en la Argentina es demasiado caro comprar, por ejemplo, paneles solares. Tardaría 12 o 13 años en recuperar la inversión”, agregó.
Las energías renovables han sido difíciles de conquistar para Argentina. Hasta ahora siguen teniendo un peso insignificante en el sistema eléctrico, que se nutre de centrales térmicas alimentadas en 64 por ciento con petróleo o gas, 30 por ciento de grandes centrales hidroeléctricas y cuatro por ciento de centrales nucleares, según datos oficiales.
La buena noticia es que, luego del absoluto fracaso de dos leyes de incentivos a proyectos renovables dictadas por el parlamento bicameral en 2001 y 2006, por razones económicas, una tercera sancionada en 2015 parece ser la definitiva.
Gracias a ella, entre 2016 y 2017, el gobierno licitó y firmó contratos con inversores privados para la construcción de 147 emprendimientos renovables, con una potencia total de 4.466 megavatios (MW), en 22 de las 23 provincias del país. La gran mayoría de esos proyectos corresponden a energía eólica (2.466 MW) y solar (1.732 MW).
Se espera que esas instalaciones entren en funcionamiento en los próximos años y serían un aporte significativo a un sistema eléctrico que hoy, con una potencia instalada de unos 30.000 MW, está al límite o no cubre la demanda, particularmente en los días más calurosos del verano austral, cuando el alto consumo provoca comúnmente cortes de energía en barrios de las grandes ciudades.
De acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos, entre marzo y agosto, meses relativamente bajos en el consumo eléctrico, los habitantes de Buenos Aires pasaron casi 16 horas sin luz en promedio.
La generación ciudadana se suma a la ecuación
“El de la energía distribuida es un cambio de paradigma en la producción energética, que puede ser importante para la Argentina. Se acaba el usuario pasivo, que consume y paga un precio, porque ya no es eficiente”, comentó Juan Bosch, abogado especialista en temas energéticos y presidente de SAESA, una compañía dedicada a energías no convencionales y a gas natural.
“La generación a través de grandes centrales supera en este país la capacidad de transmisión en los momentos de picos de consumo y es allí cuando la producción en las casas puede marcar una diferencia, ya que la energía se produce donde se consume”, dijo a IPS.
La ley 27.424, de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, fija como objetivos “la eficiencia energética, la reducción de pérdidas en el sistema interconectado, la potencial reducción de costos para el sistema eléctrico en su conjunto, la protección ambiental prevista en la Constitución Nacional y la protección de los derechos de los usuarios en cuanto a la equidad y no discriminación”.
Se establece, además, la obligación de las compañías eléctricas de “facilitar la inyección” a la red de los excedentes que un consumidor individua pueda generar y se prohíbe que se le cobre cualquier cargo adicional por hacerlo.
De todas maneras, quien incorpore energía a la red no cobrará en dinero lo vendido, sino que la compañía se lo compensará con descuentos en facturaciones posteriores.
En cuanto a la cuestión más crítica de la implementación del sistema de energía distribuida, que es como hacerlo económicamente atractivo para los usuarios, la ley crea un fondo público de incentivo a su desarrollo, que en principio el Estado tendrá que integrar con el equivalente a unos 95 millones de dólares de fondos propios.
Para Juan Carlos Villalonga, el diputado de la alianza gobernante Cambiemos que fue uno de los autores de la ley, “los primeros que van a aprovechar esta posibilidad en la Argentina son los emprendimientos productivos, que tiene dinero para invertir y en muchos lugares del país hoy reciben un servicio eléctrico que es caro y malo”.[related_articles]
Villalonga reconoció a IPS que deberá pasar un tiempo considerable antes que los usuarios residenciales en Argentina se vuelquen a producir su propia energía.
“Lo van a hacer cuando se logren bajar los precios del equipamiento necesario, a través de distintas herramientas que tiene el Estado para conseguirlo, como por ejemplo mejorar la tarifa a la que se compre la energía generada por un usuario, o dar acceso a mejor financiación”, dijo.
La crisis que afecta el sector energético es reconocida por el gobierno.
De acuerdo a información del Ministerio de Energía y Minería, en los días más crudos del invierno austral, cuando aumenta el consumo de gas natural por los sistemas de calefacción residencial, se importa hasta 30 por ciento del gas natural que se consume.
En verano, cuando sube el consumo eléctrico por los equipos de aire acondicionado, este país sudamericano de 44 millones de habitantes compra hasta 10 por ciento de su consumo a sus vecinos Brasil, Paraguay y Uruguay.
El gobierno afirmó que pretende llevar la capacidad instalada del sistema eléctrico de los actuales 30.000 MW hasta 50.000 MW en 2025, de los cuales 11.500 deberían venir de fuentes renovables.
La ley actualmente en vigencia fijaba para el 31 de diciembre de 2017 el objetivo de que las renovables alimentaran ocho por ciento de la oferta total del sistema eléctrico, objetivo que no se alcanzó.
Sin embargo, se aspira a cumplir la segunda meta establecida por la norma, que es la de cubrir 25 por ciento de la demanda con renovables para 2025.
El mascarón de proa del sueño de energías limpias no convencionales es el gigantesco parque de energía solar fotovoltaica Cauchari, que comenzó a construirse el año pasado, en la provincia de Salta, al noroeste del país, y que aportará 300 MW.
Allí tiene un papel protagónico China, que financia más de 80 por ciento de un presupuesto total de 390 millones de dólares que tiene la obra, y donde se fabricaron los 1.200.000 paneles solares que están instalándose sobre un terreno de 700 hectáreas.
El terreno de la planta pertenece a una comunidad indígena, a la que se le prometió compensar con dos por ciento de las ganancias que se generen con la producción energética.
Editado por Estrella Gutiérrez
