Lo que hasta hace no mucho era un tema alejado de la política y los medios de comunicación pasó de pronto al centro de la agenda pública en Argentina. Así, sorpresivamente, el legislativo Congreso Nacional se prepara para tratar la despenalización del aborto.
Será la primera vez que se abra el debate parlamentario de un tema que durante años fue materia de decenas de proyectos de ley, sistemáticamente ignorados, en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo no es punible solo en dos causales: cuando sea producto de una violación o la salud o vida de la gestante corran peligro.
La cuestión ganó espacio en la consideración social en los últimos meses, pero, en un país de cultura fuertemente presidencialista y de amplia mayoría católica, fue una inesperada jugada del gobierno la que cambió el escenario.
El 22 de febrero, tres días después de una multitudinaria manifestación de mujeres precisamente frente al Congreso, para reclamar que el tema sea tratado, el presidente Mauricio Macri hizo trascender que está de acuerdo en que se discuta y que dará libertad de conciencia a sus legisladores, a pesar de que él está personalmente en contra de la despenalización.
Días más tarde Macri recibió en la residencia presidencial a los diputados y senadores de la alianza gobernante de centroderecha Cambiemos para decirles: “Yo estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie. Discutan mucho, discutan todo lo necesario”.
Esta noticia dio vuelta el tablero político.
“Ahora se nos abren todas las puertas que antes se nos cerraban y nos atiende todo el mundo. Esto nos agarró por sorpresa y estamos desbordadas”, dijo a IPS la socióloga Victoria Tesoriero, que desde hace años recorre los pasillos del Congreso, como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Tesoriero es una de las mujeres que está juntando firmas de adhesión al proyecto de despenalización que presentará la Campaña en la Cámara de Diputados, por séptima vez, el 6 de marzo.
“Ya tenemos más de 50 firmas de representantes de todos los bloques políticos y creo que nos vamos acercar a 100. Está pasando algo muy lindo”, dijo.
La Campaña es un colectivo inorgánico que nació en 2005 y ni siquiera tiene personería jurídica, pero creció al calor del movimiento de defensa de los derechos de las mujeres y hoy está integrado por más de 300 organizaciones.
Sus activistas se identifican con pañuelos verdes que dicen: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
El proyecto de despenalización del aborto fue presentado por primera vez en 2006 por la Campaña, que desde entonces lo hace cada dos años, ya que al cabo de ese tiempo las iniciativas pierden estado parlamentario.
El texto de la iniciativa establece que “en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción del embarazo” hasta las 14 semanas de gestación y que el aborto debe ser realizado en el sistema público de salud en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento.
“Hoy estamos en las universidades, en la política, en los barrios… Las cooperativas que fabrican el pañuelo verde no dan abasto. Hacen 10.000 y no alcanzan… Hubo un estallido del feminismo a partir del movimiento ‘Ni una menos’”, explicó Marta Alanis, quien hace 25 años fundó en Córdoba, la segunda ciudad del país, la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
“Ni una menos” es el lema del movimiento de mujeres formado en 2015 como reacción contra los femicidios o feminicidios, que anualmente realiza manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades de este país de 44 millones de habirantes, donde en 2016 fueron asesinadas por razón de género 254 mujeres, según la Corte Suprema de Justicia.
“El rechazo al aborto es una política de la jerarquía vaticana, que está fuera de época. Las mujeres católicas abortan en la misma proporción que la de otras religiones y las no creyentes. Nosotras no desafiamos a la Iglesia; les decimos que seguimos siendo parte”, explicó a IPS.
Hoy muchos hacen cuentas para intentar determinar si la despenalización del aborto será o no aprobada, para lo cual hace falta mayoría simple en la Cámara de Diputados (con 257 bancas) y el Senado (72).
Es difícil, sin embargo, arriesgar un pronóstico.
Diputados opinan
La discusión comenzará en marzo en la comisión de Legislación General de Diputados, cuyo presidente, el oficialista Daniel Lipovetzky, dijo a IPS: “Será el debate más importante en el Congreso en muchos años y estamos pensando cómo organizarlo porque queremos escuchar todas las voces. Tal vez hagamos audiencias en el interior del país”.
“Estimo que dos meses es un plazo razonable (para el debate). Pero si dura un poco más no es grave; después de todo esperamos 15 o 20 años”, agregó.
Lipovetsky está a favor de la despenalización, pero muchos diputados del bloque progubernamental (primera fuerza con108 bancas) están en contra.
“Muchos han dicho que Macri instaló este tema para desviar la atención de la marcha de la economía, que no es favorable. Puede ser que así sea, pero en todo caso es bueno que se debata”, dijo a IPS el diputado del Partido Demócrata Cristiano de Córdoba, Juan Brugge.
Brugge se opone a la despenalización y cuestiona las estadísticas de la Campaña, que sostiene que en la Argentina se realizan 500.000 abortos por año y que en los últimos 35 años murieron 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros.
“Esos números no son ciertos, pero de todas maneras me importan más los conceptos y el sentido común. No se trata de derechos de la mujer, porque la persona por nacer no forma parte de su cuerpo”, dijo Brugge.
Una mirada experta
La ausencia de números confiables es una realidad y en ese sentido Mario Sebastiani, un afamado médico obstetra que milita a favor de la despenalización, afirmó a IPS que “los números reales sobre aborto en la Argentina los vamos a tener el día en que sea legal”.
“Mientras tanto, cifras oficiales dicen que en 2016 fueron atendidas 46.000 mujeres por complicaciones en abortos en el sistema de salud. Y los estándares científicos internacionales establecen que, por cada aborto que se complica, se realizan 10”, afirmó.
Sebastiani, con más de 40 años de experiencia, comenzó a trabajar en un hospital público de San Miguel, uno de los municipios de las afueras de Buenos Aires con elevados índices de pobreza, y hoy lo hace en el Hospital Italiano, uno de los centros de salud privados más prestigiosos de la capital.
“En el hospital público veía las infecciones o hemorragias por abortos inseguros como una problemática dramática y cotidiana. En el hospital privado eso no lo vi más. Así aprendí que las pobres llevan la peor parte con la penalización del aborto”, contó.
Aunque de manera ambigua, al impulsar el debate pero manifestarse “a favor de la vida”, Macri ha puesto sobre la mesa un tema que su antecesora, la centroizquierdista Cristina Fernández, rechazó que se debatiera durante sus ocho de gobierno (2007-2015).
Fernández se escudó para no hacerlo en sus convicciones personales, pese a que algunos integrantes de su espacio político lo plantearon insistentemente.
Uno de los principales legados de Fernández fue la sanción en 2010 de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, en lo que este país fue pionero en América Latina.
Pronto se sabrá si durante el gobierno de Macri Argentina despenaliza el aborto inducido, o al menos se amplía los supuestos en que sea legal.
Las restrictivas dos causales en que la interrupción voluntaria del embarazo es no punible se incorporaron al Código Penal en el lejano 1921.
Pero las muchas fórmulas jurídicas y sanitarias para obstaculizar su práctica, forzaron en 2012 a la Corte Suprema de Justicia a interpretar en forma flexible los casos de violación. También fijó una guía técnica para facilitar el derecho al aborto inducido de las mujeres víctimas, pero esas medidas se han ejecutado muy parcialmente.
Editado por Estrella Gutiérrez
