A 34 años de la recuperación democrática, la Justicia de Argentina tiene más de 500 causas en trámite por violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). La elevada cifra habla de la vigencia del proceso de verdad y justicia, pero también de las demoras que oscurecen el escenario.
Desde que en 2003 se retomaron las investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias, de las cuales solo 60 están firmes, mientras que 140 se encuentran en distintas instancias de revisión.
Así lo reveló un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizado a diciembre de 2017, que detalla que hay 856 personas condenadas y 110 absueltas.[pullquote]3[/pullquote]
Al mismo tiempo, hay otras 393 causas en trámite y la pauta de las demoras está dada porque 247 de ellas todavía están en instrucción, la etapa inicial del proceso judicial, que precede al juicio oral y público, en el que se determina la condena o absolución de los acusados.
“Los juicios por los crímenes de la dictadura en Argentina han sido un ejemplo para toda la humanidad, porque no hubo otro caso así en el mundo. Y es muy positivo que el Estado esté transmitiendo hoy el mensaje de que los juicios siguen”, destacó Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diálogo con IPS.
“Sin embargo, las demoras son graves, porque estamos hablando de acusados que en la mayoría de los casos tienen más de 80 años”, puntualizó Cantón, actualmente secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada del país.
“Que los juicios terminen es importante para todos: para que los acusados no se mueran con un manto de duda sobre ellos y para que las víctimas y toda la sociedad tengan justicia”, agregó
La última dictadura argentina fue responsable de un plan criminal que incluyó la instalación de cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país. Organismos de derechos humanos señalan que son 30.000 las personas desaparecidas y muertas por la represión ilegal.
Luego de la recuperación democrática, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) promovió la investigación y el castigo de los crímenes. El punto culminante fue el célebre Juicio a las Juntas Militares, que tuvo como acusados a nueve altos jefes de las Fuerzas Armadas.
Así, en 1985, el exgeneral Jorge Videla y el exalmirante Emilio Massera, hombres fuertes de la primera etapa de la dictadura, la más brutal de la represión, fueron condenados a prisión perpetua.
Sin embargo, bajo presión militar, en 1986 y 1987, el Congreso Nacional dictó las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que restringieron fuertemente las posibilidades de investigación y condena. El círculo fue cerrado por el presidente Carlos Menem (1989-1999), quien en 1990 indultó a Videla, Massera y al resto de los jefes militares presos.
Solo en 2001, un juez de primera instancia declaró inválidas las dos leyes exculpatorias, con el argumento de que los de la dictadura fueron crímenes contra la humanidad y por lo tanto no pueden ser objeto de amnistías.
Esa decisión marcó un cambio de época, reafirmada en septiembre de 2003, cuando el Congreso, a instancias del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A partir de allí se retomaron las investigaciones judiciales y se removió el último obstáculo en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció por la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y por la imposibilidad de perdonarlos.
“Es muy importante que desde 2003 hasta hoy se hayan hecho 200 juicios, gracias al esfuerzo y el compromiso de víctimas y familiares”, consideró Luz Palmás Zaldúa, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización que promovió la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, en 2001.
Palmás Zaldúa destaca algunos juicios en particular, como el del Plan Cóndor, que finalizó en 2016 con 15 condenados, “en el que se probó que existió un plan de represión política entre distintas dictaduras del Cono Sur”.
También valoriza especialmente el de los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino emblemático de la dictadura, finalizado en noviembre pasado con 29 condenados a cadena perpetua.
“Allí se probaron los llamados vuelos de la muerte, en los que fueron arrojadas al río, por ejemplo, las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo”, dijo Palmás Zaldúa a IPS.
La abogada, de todas formas, advierte que el proceso de justicia y memoria “atraviesa diversas dificultades, que son responsabilidad de los tres poderes del Estado”.
El CELS fue uno de los 13 organismos de derechos humanos argentinos que en octubre de 2017 denunciaron, en una audiencia ante la CIDH realizada en Montevideo, que el gobierno argentino debilitó o desmanteló dependencias oficiales dedicadas al relevamiento de documentos de la dictadura, con el fin de aportar pruebas a la Justicia.[related_articles]
También dijeron que el Congreso no puso en funcionamiento la comisión bicameral que debe investigar las complicidades económicas con la dictadura, creada por ley en noviembre de 2015.
Para el sociólogo e investigador Daniel Feierstein, desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, en diciembre 2015, “se constata con preocupación el desmembramiento o recorte de áreas de investigación y el vaciamiento de fiscalías dedicadas a estas causas”, según dijo a IPS.
Además, “pareciera haberse creado un nuevo clima judicial que ha llevado a muchos tribunales a otorgar con facilidad prisiones domiciliarias a los genocidas, ha aumentado significativamente el número de absoluciones y se han rechazado prisiones preventivas en un contexto donde las mismas se incrementan para delitos de menor gravedad”, agregó Feierstein.
“Se trata entonces de un panorama contradictorio, con un proceso que parece continuar pero en condiciones cambiantes, que generan fuertes niveles de incerteza”, alertó.
El informe de la Procuraduría, que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la Nación, precisa que desde que reanudaron las causas en 2003 hubo 2.979 imputados, de los cuales 1.038 están detenidos, 1.305 libres, 37 prófugos y 599 fallecidos, de estos 100 con sentencia y 499, antes de ella.
Un dato significativo es que más de la mitad de los presos (549) gozan del beneficio de arresto domiciliario, lo que en algunos casos ha despertado un fuerte repudio social.
“Aunque se vayan a la casa, quedan condenados por la historia, por la sociedad y en algunos casos hasta por sus propias familias”, subrayó Norma Ríos, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en diálogo con IPS.
“Hace algunos años, nunca hubiéramos imaginado todo esto. Y tal vez lo más importante es que ya está largamente demostrado que no mentimos cuando denunciamos los crímenes de la dictadura”, agregó.
Editado por Verónica Firme
