Llenar un cántaro con agua para abastecer las necesidades del hogar era un suplicio para la salvadoreña Corina Canjura, pues implicaba caminar varios kilómetros al río, perder mucho tiempo o pagar por el recurso.
Pero un innovador proyecto de “cosecha” de agua de lluvia le ha cambiado la vida.
“Ahora ya solo bombeamos, llenamos el tanque y tenemos agua lista para usar”, dijo a IPS esta mujer de 30 años, oriunda del caserío de Los Corvera, en el municipio rural de Tepetitán, en el departamento de San Vicente, en el centro de El Salvador.
En este lugar, 13 familias se benefician de un sistema que capta el agua lluvia que cae en el techo de la casa de Canjura, y luego mediante una tubería se canaliza hacia una enorme bolsa de polietileno, con capacidad para almacenar 25.000 litros.
Desde allí se bombea manualmente hacia un tanque con un grifo, que funciona como cantarera o toma colectiva, de la cual se abastecen las familias beneficiadas.[pullquote]3[/pullquote]
“Como ha llovido bastante, la bolsa siempre está llena, eso es una alegría para nosotros”, añadió Canjura, mientras cargaba en su cabeza un cántaro que recién acababa de llenar.
Esta iniciativa está en marcha desde febrero de 2017. La promueve la Asociación Mundial para el Agua (GWP, en inglés), que junto a la cooperación australiana y la Fundación Ford aportó los fondos para echarla a andar, mientras que organizaciones nacionales y gobiernos locales dieron el apoyo operativo.
La tecnología del sistema fue desarrollada por el consorcio Mexichem Amanco, que incursionó en el mercado de membranas de polietileno usadas como barrera impermeable en obras de ingeniería civil, rellenos sanitarios, lagunas artificiales para acuicultura y otros.
GWP Centroamérica ya había impulsado en 2013 un esfuerzo de cosecha de agua en el sur de Honduras, en comunidades que sufrían su escasez, y ese ejemplo fue retomado en el salvadoreño valle del Jiboa.
En este pequeño país de 6,4 millones de personas, se han instalado hasta ahora ocho sistemas en siete de municipios que son parte de la microrregión del valle del Jiboa, en San Vicente. Es uno por cada pueblo, a excepción de Jerusalén, localizado en el departamento de La Paz, que cuenta con dos.
De las 323 familias identificadas con problemas de acceso al agua en comunidades rurales de esos municipios, 100 están siendo beneficiadas directamente ya con el proyecto, concebido como un plan piloto del que aprender lecciones para su ampliación a más localidades.
La participación de las mujeres de la zona ha sido vital para ejecutar este proyecto, aprovechando que ellas ya tienen amplia presencia en las comunidades desde la Red de Mujeres Emprendedoras del Valle del Jiboa.
“Las mujeres somos las que nos ocupamos del quehacer de la casa y al final tenemos que andar buscando agua… somos las que nos preocupamos y sufrimos por encontrarla para nuestras familias”, comentó Lorena Ramírez, de 43 años.
Ramírez contó su experiencia a IPS durante un encuentro sobre la situación hídrica del país, celebrado el 21 de septiembre, en San Vicente, la capital del departamento.
Ella es originaria en el caserío de Hacienda Nuevo Oriente, una comunidad de 400 personas, localizada en la jurisdicción de Verapaz, también del departamento de San Vicente. Allí, otras 15 familias son beneficiarias con la captación de agua de lluvia.
Dedicada al trabajo en el hogar y el cultivo de un huerto casero, Ramírez añadió que, antes de la llegada del proyecto, las familias del caserío padecían buscando agua en las quebradas para lavar la ropa y otras necesidades.
La que usaban para beber tenían que buscarla en un manantial localizado a un kilómetro de distancia, pero había que madrugar mucho para no encontrarlo ya vacío. “De esa bebíamos, del manantial”, acotó.
Durante la estación lluviosa, de mayo a octubre, no habrá problema para mantener la bolsa de polietileno llena, dijo Ramírez, pero durante la seca, se tendrá que establecer un mecanismo para usar el recurso con sensatez.
Se calcula que los 25.000 litros almacenados en la bolsa equivalen a cinco camiones cisterna, y pueden abastecer a una familia por 15 días o un mes, dependiendo del uso, aunque cada sistema instalado en El Salvador va dirigido a 15 familias.
“No se puede decir que es para solventar completamente las necesidades de esas 15 familias, es para llenar un par de cántaros para beber y usarla en cosas básicas”, subrayó.
Y cuando el agua se acabe en verano, las municipalidades involucradas se han comprometido a enviar camiones cisternas y mantener las bolsas llenas, de modo que no falte el recurso.
En principio el agua cosechada es exclusivamente para beber, y por ello las familias que forman parte del programa han recibido ya un filtro para potabilizarla.
La Universidad de El Salvador aportará equipo y personal científico para hacer las mediciones de la calidad de esa agua ya potabilizada, detalló Marta Alfaro, alcaldesa de Jerusalén, uno de los municipios que participan del programa.
De momento, uno de esos mecanismos está instalado en el barrio de El Progreso, en el casco urbano del pueblo, y otro en el caserío de Veracruz.[related_articles]
“Queremos ir poniendo más sistemas, el costo no es tan elevado, pero pasa que este año no estaba presupuestado”, aclaró Alfaro en su diálogo con IPS.
Para el próximo año su alcaldía sí va a incluir en el presupuesto la instalación de otros 10 sistemas para otras tantas comunidades.
El costo por sistema ronda los 1.400 dólares, señaló a IPS la investigadora en desarrollo territorial de la no gubernamental Fundación Nacional para el Desarrollo, Vilma Chanta.
El plan de cosechar agua lluvia es “una solución para las comunidades rurales en el corto plazo, en lugar de instalar cañería desde el sistema nacional u otros mecanismos, que es a mediano y largo plazo”, añadió Chanta, quien es también voluntaria de la Red de Jóvenes por el Agua de GWP Centroamérica, un espacio independiente impulsado por esa asociación internacional.
Y ante los efectos ya visibles del cambio climático, este esfuerzo “tiene potencial de ser una alternativa de adaptación a los impactos”, acotó.
Por su parte, Jorge García, del Fondo del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró a IPS que una de las principales apuestas del plan hídrico de esa institución es almacenar agua en grandes reservorios, para enfrentar la escasez del recurso.
El plan costaría unos 1.200 millones de dólares, acotó.
“Este proyecto piloto en el valle del Jiboa sentará un precedente de lo que se puede replicar”, sostuvo.
Y si bien el agua recolectada es primordialmente para beber, Lorena Ramírez, del caserío de Hacienda Nueva Oriente, contó que, como en la época de lluvia la bolsa del sistema se llena rápidamente y hay que desaguarla, ella piensa captar ese excedente en un pequeño pozo y usarla en su huerto.
“Así la aprovecho para nuestras necesidades principales y de paso riego mi milpa (tradicional cultivo de maíz) y mis cultivos de frijoles, tomate y ejotes, y sin afectar a las otras 14 familias”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez
