A pesar de que América Central es una de las regiones más vulnerables al cambio climático en el mundo, tiene las arcas medio vacías para lidiar con este fenómeno, en parte porque recibe solo migajas de la asistencia internacional para afrontar los impactos del incremento de las temperaturas.
Un estudio divulgado en junio determinó que entre 2003 y 2016 el istmo centroamericano recibió apenas 0,7 por ciento del financiamiento climático mundial, una porción equivalente a 211,65 millones de dólares.
Eso significa que de cada 100 dólares destinados en cooperación internacional para la lucha climática, solo 70 centavos llegaron a la “billetera” centroamericana.
El informe fue preparado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con base en Guatemala, y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos), el brazo de cooperación internacional de Holanda, usando datos del portal Climate Funds Update.
“A pesar de que Centroamérica es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, los países de la región no han consolidado una estrategia que permita movilizar mayor cantidad de recursos con base a este criterio”, dijo a IPS la investigadora del Icefi a cargo del estudio, Lourdes Molina.
El istmo, con todos sus países con costas al mar Caribe menos El Salvador, es una de las regiones más vulnerables del mundo ante el cambio climático.
Según el Índice de Riesgo Climático elaborado por German Watch, que monitorea daños climáticos, para el período 1995-2015 el país más vulnerable del mundo fue Honduras, Nicaragua fue el cuarto y Guatemala el décimo.
Justo a Honduras fue la mayor parte del dinero, con 70,2 millones de dólares (cerca del 33 por ciento), mientras que Nicaragua recibió 32,2 millones de dólares (15 por ciento) y Guatemala 13,2 millones (10 por ciento).
El segundo país que más dinero recibió dentro del istmo fue Costa Rica, que captó 35,5 millones de dólares (17 por ciento). La lista la completan El Salvador, que recibió 32,7 millones de dólares (16 por ciento) y Panamá, que solo obtuvo 20,6 millones (seis por ciento).
El tres por ciento restante respaldó proyectos regionales, precisó el estudio.
En diciembre de 2015, los países centroamericanos pidieron a la comunidad internacional que el Acuerdo de París sobre cambio climático reconociera que la región es especialmente vulnerable al cambio climático, una distinción asignada a los pequeños Estados insulares y los llamados países menos adelantados.
La propuesta no quedó en el texto final del histórico tratado que 196 Estados parte acordaron en la capital francesa, a fin de amortiguar el recalentamiento planetario.
Molina planteó desde Ciudad de Guatemala que es importante que exista financiamiento para lidiar con este fenómeno porque “el cambio climático es una realidad que tiene un impacto directo en el bienestar de las personas, incrementa la pobreza y la desigualdad y afecta el crecimiento económico”.
La experta dijo que un problema para acceder a recursos es que los procesos de asignación de fondos son lentos.
Según Molina, de todos los fondos comprometidos entre 2003 y 2016 –aquellos que mediante cualquier mecanismo los países industrializados prometieron entregar–, solo 43,8 por ciento han sido aprobados hasta ahora para proyectos específicos.
Explicó que los países insulares del Caribe viven una situación similar en acceso a fondos que los centroamericanos, que son aquellos en los que se centró su investigación.
“El sector al que más recursos se le destinó en Centroamérica fue el energético, en el Caribe (insular) es el de ayuda humanitaria”, apuntó Molina, quien explicó que esta región recibió 285,6 millones de dólares.
Por su alta vulnerabilidad al aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos, las islas del Gran Caribe son altamente vulnerables a los impactos asociados al cambio climático.
A esto se le suma una situación económica y social vulnerable, que sirve como caldo de cultivo para que situaciones de riesgo exploten.
En el Caribe, 70 por ciento de los fondos se destinan a mitigación (aquellos que reducen emisiones que calientan la atmósfera), 22 por ciento a adaptación (la preparación para hacerle frente a los impactos negativos) y el resto para proyectos mixtos.
En el istmo centroamericano, la proporción es diferente: 64 por ciento va para mitigación, 33 por ciento para adaptación y el resto para iniciativas que combinan ambos componentes.
“Si bien los recursos destinados a mitigación son mayores, los recursos en su totalidad resultan insuficientes para cubrir ambos objetivos, por lo que la región debe implementar esfuerzos por movilizar una mayor cantidad de recursos”, explicó Molina.
Para enfrentar sus retos, los gobiernos del istmo están preparándose para pedirle 400 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, que opera dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que coordina las anuales conferencias de las partes (COP), donde se negocian los compromisos para contener las temperaturas en el planeta.
Ese monto les permitirá hacerle frente al cambio climático en el llamado Corredor Seco Centroamericano, una franja árida que atraviesa el istmo desde Guatemala hasta Costa Rica.
Un ejemplo de este dinero que sí llega es la cartera de proyectos del Fondo de Adaptación contra el cambio climático de Naciones Unidas, que en Costa Rica maneja la no gubernamental Fundecooperación y prioriza las áreas de recurso hídrico, sector agropecuario y zonas costeras.
En 2013, el Fondo de Adaptación aprobó 10 millones de dólares para que Costa Rica financiara una de 40 iniciativas en Costa Rica. Este es uno de los principales aportes de cooperación internacional en el país.
En el Parque Nacional Cahuita, el proyecto permitió comprar el equipo de buceo y monitoreo de anidación de tortugas marinas para la Unidad de Monitoreo Participativo, pero también restaurar con árboles la línea costera y capacitar a funcionarios.
Hace tres años, Marcia Cortés y otros dos funcionarios aprendieron a bucear como parte de un entrenamiento en monitoreo submarino de corales, para así poder llevarle el pulso a la salud del arrecife en las aguas del parque de la región del Caribe Sur.
Dado que el área protegida que ellos resguardan no tenía equipo de buceo propio, les fue imposible estudiar el ecosistema sumergido bajo las olas.
La solución llegó en junio de 2017 cuando un proyecto asociado al Fondo de Adaptación al cambio climático, dependiente del Banco Mundial, pagó los 15.000 dólares que costó el equipo de buceo para los tres y otros tres equipos para monitorear el desove de tortugas en las playas del parque.
Por su parte, el Parque aporta mano de obra calificada –como la de Cortés y sus colegas–, equipo e instalaciones para poder cumplir el trabajo.
Más que un receptor pasivo de ayuda internacional, los países deben empezar a encauzar recursos propios hacia acciones para responder al cambio climático, dijo a IPS la directora de Fundecooperación, Marianella Feoli.
“Tiene que ser así, porque si no, no se le da sostenibilidad y solo se depende de los fondos externos. De no hacerlo así, los proyectos viven mientras haya cooperación”, expresó.
Editado por Estrella Gutiérrez
