Aimal Khan, de 27 años, aviador de la Fuerza Aérea de Pakistán, advierte que el país terminará en el caos si el gobierno no actúa contra el abuso de las leyes sobre blasfemia. «La gente las empleará para resolver rencillas personales», aseguró.
Él debería saberlo. Su hermano menor, Mashal Khan, de 25 años, fue asesinado por una multitud que lo acusaba de haber cometido blasfemia. «Se convirtieron en juez, jurado y verdugo», denunció Aimal.[pullquote]3[/pullquote]
Alumno de la Universidad Abdul Wali Khan, en la norteña ciudad de Mardan, Khan era conocido por pronunciarse en contra de la corrupción y las injusticias imperantes en la sociedad. El 13 de abril la multitud lo mató a balazos, lo desnudó y mutiló su cadáver.
La investigación policial posterior a su asesinato no encontró pruebas de que la víctima hubiera cometido blasfemia. Desde entonces las autoridades arrestaron a 47 de los 49 acusados.
El activista político y abogado Jibran Nasir dijo a IPS que las leyes de blasfemia son utilizadas por la mafia de la tierra para desalojar a la gente, y también por organizaciones fraudulentas para recaudar fondos y reclutar miembros.
«Los medios de comunicación social se han convertido en una herramienta potente en los que una cuenta falsa con apenas un tuit blasfemo puede matar a alguien», destacó, en alusión a la cuenta apócrifa creada en nombre de Mashal Khan para involucrarlo en un acto de blasfemia.
Según el líder de la oposición Syed Khursheed Shah, desde 1990, 65 personas fueron asesinadas por acusaciones de blasfemia, pero nadie fue sometido a la pena capital por esos crímenes.
«Si el trágico asesinato de Mashal pudiera reavivar el debate y llevar a la reforma de la (legislación sobre) blasfemia, sería un homenaje digno de su valentía y coraje», expresó a IPS Reema Omer, abogada de la Comisión Internacional de Juristas.
«La ley debería haber sido revisada y reformada hace mucho tiempo. Estos incidentes son los últimos, pero no los primeros», señaló Nasir.
Si bien la explotación de estas leyes puede corregirse mediante reformas procesales, lo que está intrínsecamente mal es que se está violando la jurisprudencia Hanafi – la que tradicionalmente se aplica en Pakistán – que no aplica la pena de muerte por blasfemia a los no musulmanes, a diferencia de la ley pakistaní vigente, afirmó.
Asia Bibi, una mujer cristiana, fue condenada en 2010 a la horca por una corte del distrito de Nankana, por el delito de blasfemia contra el profeta Mahoma. La organización de derechos humanos International Christian Concern considera su caso uno de los más «polémicos» y notorios ejemplos de abuso de las leyes sobre blasfemia.
Aunque es improbable que la ley se elimine, muchos consideran que esta es la oportunidad para reavivar el debate. En 1986, para «islamizar» el país, el entonces líder del Pakistán, el general Mohammad Zia ul Haq, promulgó las leyes de blasfemia. Todo intento posterior de iniciar una discusión sobre el tema fue censurado o silenciado.
En 2011, Salmaan Taseer, entonces gobernador de Punjab, fue asesinado por expresar su apoyo a Asia Bibi. A su muerte le siguió el crimen de Shahbaz Bhatti, un ministro que opinó que la ley se estaba aplicando erróneamente.
Maulana Fazalur Rehman, líder del partido religioso Jamiat Ulema-e-Islam (Fazal) – que tiene gran cantidad de adeptos en la provincia de Jiber Pajtunjwa -, aunque condenó el linchamiento de Khan, dijo que las fuerzas liberales aprovecharían el incidente para solicitar la modificación de las leyes. Y advirtió que a nadie se le permitiría cambiarlas.
«Durante unos días, tras la indignación general se creyó que había llegado el momento para realizar una revisión crítica de las leyes sobre blasfemia. Los clérigos estaban a la defensiva», observó IA Rehman, un destacado activista por los derechos humanos.
Pero la euforia duró poco.
Rehman añadió que los legisladores pertenecientes a partidos religiosos rechazaron una resolución del poder legislativo para revisar las leyes en cuestión y que antes habían respaldado. El activista alberga pocas esperanzas en el primer ministro Nawaz Sharif, quien en abril sobrevivió a un intento de destitución gracias al veredicto de la corte suprema, después de que la oposición lo acusara de corrupción.
El partido gobernante, Liga Musulmana de Pakistán, “no enfrentará a los clérigos en esta etapa. La oportunidad de hacer algo con respecto a (las leyes sobre) blasfemia se perderá una vez más”, se lamentó Rehman. El partido de gobierno «es cómplice de la ortodoxia, por lo tanto no hay esperanza de un cambio para mejor», sentenció.[related_articles]
Sin embargo, otros aseguran que las leyes no tienen nada que ver con los recientes episodios de linchamiento, ya que ni siquiera fueron mencionadas por los perpetradores.
Tras el crimen de Khan, en otra parte de Pakistán un hombre fue asesinado a tiros por sus tres hermanas. La víctima fue acusada de blasfemia en 2004 y las hermanas, en su confesión, dijeron que las había incitado el imán de la mezquita de su vecindario.
El mismo día, una multitud atacó a un hombre después de las oraciones del viernes en la ciudad de Chitral, en el norte de Pakistán, pero el imán de la mezquita y agentes de policía lograron intervenir a tiempo para su rescate. El hombre sufría una enfermedad mental y se dirigía a Islamabad para recibir tratamiento.
«No es la ley sino el pueblo, un pueblo que se ha vuelto loco», comentó el educador Pervez Hoodbhoy, que enseña física en las universidades de Islamabad y Lahore.
En el caso del linchamiento “es evidente que las pasiones religiosas se encienden fácilmente porque día tras día lo único que oímos son sermones religiosos», subrayó.
Pero la abogada Omer tiene otra opinión. «Los homicidios en nombre de la blasfemia y la violencia de la multitud… no pueden separarse de la ley y su pena de muerte obligatoria, la impunidad – incluso el patrocinio – que disfrutaron los responsables en el pasado, y el uso de la blasfemia por el Estado para reprimir a las voces disidentes o críticas», manifestó.
Con respecto al clima reinante poco antes del asesinato de Khan, recordó el empuje de diversas instituciones estatales contra los blasfemos, a quienes calificaban de “terroristas”, mientras exhortaban a la gente a denunciar los actos de blasfemia para que se tomaran rigurosas medidas contra los responsables.
Traducido por Álvaro Queiruga
