La pena de muerte continúa como uno de los temas menos debatidos por la sociedad en Cuba, que mantiene en su legislación ese castigo capital aunque no la aplica desde hace 14 años, en una decisión que salvó la vida a dos salvadoreños y un cubano condenado por terrorismo en la década de los 90.
“¿Y eso existe aquí”, preguntó Carlos, de 13 años, a su madre Mairelvis González, cuando esta quiso indagar qué sabía su hijo sobre ese tema tan sensible y controvertido. Las opiniones van desde el desconocimiento, rechazo o el apoyo de quienes consideran esa condena necesaria para delitos graves, como violación de menores o asesinato.
Sin embargo, en el contexto internacional que rodea a Cuba actualmente de buenas relaciones con los otros países de América Latina y la Unión Europea (UE), un fuerte detractor de esa sentencia, la imagen de este país insular caribeño se vería fortalecido si de la moratoria de hecho vigente en estos momentos se avanzase hacia la abolición.
Las autoridades cubanas han sido hasta ahora renuentes a renunciar al efecto disuasivo que provoca la pena capital en el enfrentamiento de alegadas actividades agresivas contra este país.
Según estadísticas oficiales, el país ha sido objetivo de 713 actos de terrorismo desde los años 60, de ellos 56 ocurridos a partir de 1990, “organizados y financiados” desde territorio estadounidense.
El restablecimiento en 2015 de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana alimentó las esperanzas de que el proceso de reformas avanzara en la legislación cubana al punto de abolir la pena de muerte de la legislación local.
Pero ellas parecen alejarse tras la llegada en enero del republicano Donald Trump a la presidencia estadounidense y su cercanía con los sectores más conservadores de la emigración cubana.
Varios analistas y ciudadanos interrogados al respecto por IPS se mostraron escépticos respecto a que el deshielo cubano-estadounidense iniciado bajo la presidencia de Barack Obama (2009-2017) evolucione hasta crear un escenario favorable para abolir la sanción capital.
“La política entre ambos países sigue siendo de recelo y hostilidad, entre ellas, el tema migratorio y las consecuencias que de este se podrían derivar”, opinó Mylai Burgos, profesora e investigadora en temas de derechos humanos.
El periodista Roberto Molina consideró, en cambio, que si bien el restablecimiento de relaciones solo significó un paso hacia un mejor entendimiento de las partes. “Cuba podría abolir ya la pena de muerte. La moratoria vigente ha venido a corroborar que eso es posible en estos momentos y en las actuales circunstancias”, aseguró.
Burgos afirmó a su vez que para dialogar sobre una postura abolicionista hay que generar una cultura jurídica dirigida hacia ella. “Para mí, la base de esta cultura jurídica tendría fundamento en los derechos humanos, con nociones que ante cualquier situación de gravedad, la vida debe ser respetada en cualquier contexto”, añadió.
El fusilamiento el 10 de abril de 2003 de tres secuestradores de una embarcación repleta de turistas extranjeros, en la que intentaban llegar Estados Unidos, rompió la moratoria de hecho iniciada por Cuba en 2000, en respuesta a un llamado de la Organización de las Naciones Unidas, que considera este castigo una práctica cruel e inhumana que no tiene cabida en el siglo XXI.
Ante la reacción adversa dentro y fuera del país, el gobierno cubano argumentó que la aplicación de la pena máxima a esas tres personas respondió a la necesidad de frenar en seco una oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos «alentados por la política de Estados Unidos, en (el marco de la entonces) la recién iniciada guerra de Iraq».
Desde esa fecha, no se ha vuelto a aplicar. La moratoria fue afianzada en abril de 2008, cuando el presidente Raúl Castro anunció la decisión de conmutar por cadena perpetua o 30 años de privación de libertad a un grupo de personas condenadas a pena de muerte.
La prisión de por vida fue introducida en 1999 en el Código Penal, como alternativa a la pena capital.
El beneficio incluyó a los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados a la pena máxima por terrorismo en 1998, y a Humberto Eladio Real Suárez, arrestado en 1994 y enjuiciado y condenado por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego.
Al hacer el anuncio, el mandatario aclaró, sin embargo, que aún no estaban dadas las condiciones para suprimir definitivamente esa sentencia. Aún prevalece «el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos», dijo el gobernante.
Para la periodista independiente y activista opositora Miriam Leiva, suprimir esta sentencia de la legislación de Cuba convendría a la imagen internacional del gobierno de Raúl Castro. “Yo creo que eso es lo fundamental, más que el tema de las relaciones con Estados Unidos”, dijo.
La legislación cubana mantiene esta figura penal para casos graves de asesinato, violación, pederastia con violencia, robo con violencia e intimidación y crímenes con agravantes de corrupción.
“Yo creo que en casos como este se debe contemplar, para que las personas piensen a la hora de cometer delitos que conlleven esa sanción”, consideró la emprendedora Maricel Ponvert.[related_articles]
También se aplica para delitos contra la seguridad exterior del país, como promoción de la acción armada contra Cuba, el servicio armado contra el Estado, ayuda al enemigo y espionaje.
En materia de seguridad interior, está prevista para rebelión, sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, sabotaje y terrorismo, entre otros.
Al mismo tiempo, la ley estipula que esa condena “no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encinta o que lo estén al momento de dictarse la sentencia”. En la práctica, ninguna mujer fue ejecutada desde 1959.
Según datos de 2016 de la no gubernamental Amnistía Internacional, a nivel mundial, 104 países han eliminado la pena de muerte de sus sistemas jurídicos, mientras en 1997 solo 64 naciones eran totalmente abolicionistas.
Editado por Estrella Gutiérrez
