Los ciudadanos de la municipalidad salvadoreña de Cinquera, en el norteño departamento de Cabañas, se opusieron a un proyecto minero de forma contundente. El voto favorable de 98 por ciento de los consultados lo convirtió en el quinto “territorio libre de minería” de El Salvador.
“Las compañías mineras tienen un vasto campo con grandes extensiones en otros países, y muchas veces necesitan usar leyes comparadas de otros países para poder aplicar sus prácticas en El Salvador.”, explicó a IPS el fiscal para la Defensa de los Derechos Humanos, William Iraheta.
Este es el país más pequeño de América Central, con 6,3 millones de habitantes, pero también el de mayor densidad, con 300 por kilómetro cuadrado. También es el cuarto país más vulnerable al cambio climático, según GermanWatch, con 95 por ciento de la población en zonas de alto riesgo de desastres.
El gobierno nacional declaró en 2016 una emergencia hídrica. El Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales concluyó que solo dos por ciento del agua superficial es apta para consumo humano y para el crecimiento de la vida acuática.
Actualmente, la población de zonas rurales pagan a empresas privadas para recibir agua embotellada. La crisis ambiental y la contaminación del agua, dos tercios de la cual procede del río Lempa, son consecuencia de las prácticas dañinas de las mineras del noreste de El Salvador.
La demanda de la compañía canadiense Pacific Rim y de la contaminación del río San Sebastián son los ejemplos más visibles de ese legado de destrucción.
Entre 1998 y 2003, se habilitaron 29 licencias de exploración a varias compañías, siendo la principal Pacific Rim, adquirida en 2013 por la corporación australiana-canadiense OceanaGold.
Pero el gobierno le negó los permisos a Pacific Rim para operar la mina de El Dorado porque no cumplía con los requisitos ambientales y esta respondió en 2009 entablando una demanda por 77 millones de dólares a través del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones, del Banco Mundial.
La demanda se basó en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana y en la Ley de Inversiones de El Salvador.
Finalmente, el Estado ganó el litigio en octubre de 2016, pero tras gastar millones de dólares en su defensa y, sin embargo, Pacific Rim/OceanaGold todavía no ha pagado.
Pero ese triunfo no merma la lucha del pueblo salvadoreño en defensa del ambiente.
“Hasta ahora ha sido el gobierno, el presidente, quien ha rechazado los proyectos mineros, pero no hay garantías de que siga siendo así en el futuro sin una ley”, precisó Ana Marina Alvarenga, legisladora del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) por el departamento de Cabañas, en el marco de la consulta popular de Cinquera.
“La posición de nuestro partido es a favor de la creación y de la aprobación de una ley a nivel nacional que prohíba definitivamente la minería en nuestro país. Forma parte de la agenda legislativa, o plataforma legislativa, del FMNL de 2015 a 2018 aprobar esa norma para prohibir la minería metálica”, aseguró.
Como forma de presionar al gobierno salvadoreño para que apruebe esa ley, los movimientos sociales se contactaron con las comunidades para realizar consultas populares al respecto.
“Cabañas está ubicada en la cuenca alta del río Lempa, y eso hace que, lamentablemente, todo proyecto minero tenga consecuencias negativas en todos los departamentos por los que corre, que son la mayoría”, explicó Alvarenga.
Desde 2005, y coincidiendo con el inicio de las movilizaciones contra la minería en esa localidad, la Fundación El Dorado comenzó a operar en Cabañas como la cara pública de Pacific Rim/OceanaGold en El Salvador.
La fundación hace donaciones a escuelas, patrocina clínicas médicas, ofrece computadoras y clases de inglés y promueve capacitación empresarial para mujeres, entre otras actividades que le permitan presentar a la minera como benefactora de las comunidades de donde pretende operar.
“Las comunidades comprenden las consecuencias (negativas) de la minería, pero se volvieron dependientes de esos servicios”, explicó Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), que participa en La Mesa Redonda contra la Minería Metálica en El Salvador (La Mesa) y trabaja desde 2006 directamente con las comunidades en Cabañas.
El trabajo de la fundación procura mejorar la reputación de la compañía y reunir apoyo para el proyecto minero de El Dorado.
Actualmente, se teme una reacción negativa, y quizá hasta violenta, de las personas o de los grupos beneficiados o de los que esperan recibir beneficios si se concreta la iniciativa.
Según el tribunal regional, Pacific Rim es responsable de la violencia en Cabañas, que ya dejó cinco personas muertas, entre ellas tres ambientalistas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su hijo por nacer, además de Juan Francisco Durán.[related_articles]
El clima de terror instalado por esos episodios y por otras amenazas violentas sigue presente en las comunidades.
“Si bien esas compañías pueden tener recursos económicos y financieros, el capital que tenemos es la organización de la comunidad”, explicó Pedro Cabezas, representante de Aliados Internacionales contra la Minería y de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes).
La consulta popular realizada el domingo fue histórica para la municipalidad de Cinquera, la primera que se hace en Cabañas, un territorio principalmente agrícola en la frontera con Honduras.
Organizada por la oficina del alcalde, junto con organizaciones sociales locales, la consulta, que contó con la participación de 52 por ciento de los habilitados, reveló que 98 por ciento están en contra de la minería en Cinquera.
Las consultas populares son una práctica nueva en El Salvador, pero no en América Latina, donde ya hubo varias en distintos países y con diferentes figuras legales.
El código municipal de El Salvador permite que las municipalidades organicen referendos para que la comunidad se exprese sobre asuntos que realmente les afectan a título personal o familiar.
“El asunto de la minería se ve como algo que permitirá el desarrollo de la comunidad. Si las compañías vienen, es cierto, las traen por sus beneficios: por unidades de trabajo y desarrollo de las comunidades”, dijo William Iraheta, consultado por IPS.
“Pero es solo el comienzo, y al final es un desastre. Agotan los recursos naturales y solo dejan un desastre. Como eso afecta directamente a las comunidades, las tienen que tomar en cuenta y deben de contar con información sobre ambos lados del argumento para poder decidir qué es viable para ellos”, apuntó.
Bernardo Belloso, presidente de Cripdes, que participa en la organización de la consulta popular, dijo que no es suficiente con tener una ordenanza municipal.
“Esperemos que esta experiencia también sirva para otras municipalidades”, observó.
“Queremos una sociedad más segura para nuestras generaciones futuras. Es importante que toda la población de El Salvador tome una posición en defensa del territorio y de los pocos recursos naturales que quedan, así como de nuestra soberanía”, añadió Belloso.
Traducido por Verónica Firme
