Douglas Tompkins conoció en 1997 los Esteros del Iberá, en el noroeste de Argentina, y quedó fascinado con ese salvaje paisaje de pantanos y pastizales de 1.300.000 hectáreas, casi sin seres humanos y con una diversa vida silvestre.
Tompkins, un empresario estadounidense que había hecho una fortuna en la industria textil, comenzó a comprar estancias agropecuarias en ese gran humedal, para restaurarlas ambientalmente y luego donarlas al Estado, con el fin de que se creara un parque nacional.
El millonario ecologista murió en diciembre de 2015, pero el año pasado su sueño comenzó a cumplirse, cuando fue donada la primera fracción de tierras del Iberá, que se constituye como uno de los modelos con los que Argentina busca ampliar su superficie de áreas protegidas, con esfuerzo compartido entre el Estado y capitalistas privados.[pullquote]3[/pullquote]
“El país tiene apenas seis por ciento de su territorio protegido en términos ambientales, si se incluyen las provinciales y municipales, así que queda muchísimo por hacer”, aseguró este mes la bióloga Sofía Heinonen, presidenta en Argentina de Conservation Land Trust (CLT), la fundación creada por Tompkins, fallecido en un accidente cuando navegaba en kayak en uno de los lagos patagónicos que comparten Argentina y Chile.
“Se debe entender que los parques nacionales no son solamente preservación de la biodiversidad, sino que son motores de la economía. Tener una naturaleza sana es asegurar el largo plazo de un país”, añadió.
En este país sudamericano de 2.780.400 kilómetros cuadrados muy biodiversos, es el legislativo Congreso de la Nación el que tiene la atribución de establecer mediante leyes específicas los territorios previamente donados al Estado que pasan a ser protegidos bajo la figura de parque nacional.
El presidente Mauricio Macri exhortó a comienzos de marzo a los legisladores a que asuman como propia la ampliación de las áreas protegidas.
Macri dijo que el “compromiso” es duplicar las superficie de áreas protegidas en el país.
También anunció para este año la reapertura de la Escuela de Guardaparques, que estuvo cerrada durante años, en la sureña ciudad de patagónica Bariloche, puerta de entrada al espectacular Parque Nacional Nahuel Huapi, el más antiguo de Argentina, con una superficie de 700.000 hectáreas.
Sus palabras fueron tomadas con satisfacción pero también con cautela por la comunidad ambientalista, que en el comienzo del gobierno de Macri, en el poder desde diciembre de 2015, celebró la elevación de Secretaría de Ambiente a Ministerio para luego decepcionarse con la designación como titular de un político cercano al presidente sin antecedentes en la materia.
Se trata de Sergio Bergman, el primer rabino que ocupa un ministerio en la historia argentina.
El total de áreas protegidas bajo jurisdicción nacional, sumando los 33 parques nacionales y otros territorios que se encuentran bajo otras figuras legales, suman 4.441.808 hectáreas, según datos actuales entregados por la gubernamental Administración de Parques Nacionales (APN) ante la consulta de IPS. Representa 1,58 por ciento de la superficie argentina.
Si se suman las áreas protegidas bajo jurisdicción provincial o municipal y las reservas privadas, las estimaciones indican que seis por ciento del territorio está exceptuado de la actividad productiva y destinado a distintas formas de conservación. Un porcentaje muy bajo para los estándares internacionales.
Hace pocos días se conoció un trabajo de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que llegó a la conclusión, en base a información pública, que apenas 0,5 por ciento del presupuesto nacional (unos 670 millones de dólares) se destinarán este año a inversiones en políticas ambientales.
Al poner el foco en sectores vinculados a la generación de energía, a la minería y al transporte, el documento afirma que 7,5 por ciento de las partidas presupuestas se vuelcan en rubros que provocan “un impacto negativo en los recursos naturales, lo que resulta en que por cada peso (moneda nacional) invertido en ambiente hay 16 pesos que se destinan a cuestiones que podrían dañarlo”.
“La anunciada intención oficial es significativa para todos los que trabajamos en conservación y esperamos a que se convierta en realidad. Sin embargo, podría parecer contradictoria con la vocación productivista que ha expresado este gobierno”, dijo a IPS el director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo.
“Lo que la Argentina necesita es un adecuado proceso de ordenamiento territorial ambiental, que defina cuáles son las áreas productivas y cuáles las que deben destinarse a conservación, de manera que se establezcan incentivos fiscales o de otro tipo para favorecer o desalentar la actividad económica. Es el camino que han tomado otros países”, agregó Jaramillo.
La APN ya recibió las primeras 23.7000 hectáreas del Iberá de parte de la fundación CLT, que se comprometió a donar en los próximos tres años la totalidad de las 150.000 hectáreas que adquirió en la ecorregión, viejas estancias agropecuarias en las que se suspendió la actividad productiva.[related_articles]
El futuro parque nacional se integrará con un parque contiguo en la provincia donde se ubica, Corrientes, de 550.000 hectáreas, para así establecer un área protegida de 700.000 hectáreas, que será una de las más grandes del país.
Otra fundación, Flora y Fauna Argentina, ha anunciado su intención de donar tierras en el sur del país, que fueron adquiridas con dinero aportado por un donante suizo, para que se amplíe el Parque Nacional Patagonia, el más nuevo de los parques nacionales, creado en 2014 sobre 53.000 hectáreas.
El gobierno anunció un acuerdo con la provincia de Tucumán, también en el norte, para crear allí el Parque Nacional Aconquija, sobre unas 50.000 hectáreas de la Selva de las Yungas, un ecosistema que ha sufrido una desacelerada deforestación en los últimos años por el avance de la frontera agrícola.
También firmó un convenio con la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina, para crear dos parques nacionales. Uno será en Mar Chiquita, el lago más grande del país, incluido en la llamada lista Ramsar de humedales de importancia internacional.
El otro será en una antigua estancia de más 100.000 hectáreas en la ecorregión del Chaco -el bosque subtropical que Argentina comparte con Bolivia, Paraguay y Brasil- que está abandonada desde hace más de 30 años y, paradójicamente, gracias a ello está en relativo buen estado de conservación ambiental.
“Tenemos un déficit de áreas protegidas. En el mundo se ha entendido que conservar es un gran negocio, pero Argentina todavía no lo entendió. El problema es que las premuras económicas y las ambiciones desmedidas no son compatibles con conservar ningún recurso”, afirmó Claudio Bertonatti, uno de los naturalistas más reconocidos de Argentina y exdirector del Zoológico de Buenos Aires.
“Fíjese que la estructura de la toma de decisiones en este país se mantienen. Las decisiones sobre agricultura, energía o minería las toman los ministros de esas áreas y el ministro de Ambiente trabaja sobre las consecuencias. Apenas trata de ver cómo hace para que el impacto ambiental sea lo menor posible, pero no participa en las decisiones”, agregó en diálogo con IPS.
La comunidad ambientalista coincide en que uno de los grandes déficits de Argentina en materia de áreas protegidas es la escasa porción marina resguardada y en ese sentido el foco está puesto en el área oceánica del Atlántico Sur.
En diciembre, cancilleres de Argentina y Chile acordaron avanzar en la “identificación de áreas marinas de interés mutuo para la conservación del ecosistema” lindero entre los dos países, en la costa del océano Pacífico.
Editado por Estrella Gutiérrez
