Buscar petróleo y gas en el mar, activar los yacimientos no convencionales, desarrollar por fin las energías renovables, construir centrales hidroeléctricas. Todas las recetas que conduzcan a una mayor producción de energía parecen bienvenidas hoy en la Argentina, que en los últimos años ha tenido sus cuentas en rojo en este rubro.
El gobierno del presidente Mauricio Macri intenta revertir una crisis energética que es producto de mucho tiempo de falta de inversiones y que se hizo visible a partir de 2010, cuando el país perdió el autoabastecimiento de petróleo y gas por primera vez en 17 años.
Los hidrocarburos constituyen 87 por ciento de la matriz energética nacional total y también resultan el insumo fundamental que abastece al sistema eléctrico en particular, al alimentar las centrales térmicas que aportan 64 por ciento de la capacidad instalada, de acuerdo a datos oficiales.[pullquote]3[/pullquote]
Macri responsabilizó a su antecesora, Cristina Fernández (2007-2015) por la situación el 1 de marzo, cuando abrió el período de sesiones ordinarias del legislativo Congreso de la Nación y anunció: “Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético”.
Fernández había admitido la crisis energética ya en 2012 cuando, al cabo de un proceso de aguda declinación de la producción y las reservas de hidrocarburos, que llevó al país a gastar miles de millones de dólares en importaciones, impulsó la nacionalización de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), privatizada 19 años antes por Carlos Menem (1989-1999).
“Si seguimos así, vamos a ser un país inviable”, dijo Fernández al enviar al Congreso el proyecto de expropiación de 51 por ciento de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. Aunque la iniciativa fue aprobada rápidamente, desde entonces la situación no cambió de manera sustancial.
En febrero, en pleno verano austral y en medio de una ola calor en la ciudad de Buenos Aires y otras partes del país, que llevó el consumo de electricidad más allá de los 25.000 megavatios, en el límite de la capacidad del sistema, el gobierno importó esta energía de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile para evitar cortes masivos de luz que dispararan el malhumor social.
Se trata de un tema muy sensible para el gobierno de Macri porque una de sus primeras medidas luego de su asunción, en diciembre de 2015, fue aumentar las tarifas electricidad y gas, que habían estado congeladas durante años, con el argumento de que fue la energía barata lo que provocó la falta de inversiones y el deterioro del sistema energético.
Esos aumentos debieron ser moderados por los cuestionamientos de la opinión pública e, incluso, por una serie de fallos judiciales.
“También en invierno el sistema está al límite, porque el gas natural se utiliza para calefacción y entonces hay escasez de combustibles para las centrales térmicas, que debe cubrirse con la importación de gasoil o fueloil a precios elevados”, dijo Juan Bosch, abogado especialista en energía, presidente de la empresa Saesa.
“Hay consenso en que la Argentina no tiene otra alternativa que ampliar su oferta energética, como lo demuestra, por ejemplo, el amplio acuerdo político con que fue aprobada la nueva ley de energías renovables”, planteó en diálogo con IPS.
A diferencia de otros países de la región y aunque tiene un notable potencial especialmente para la energía eólica, gracias a los fuertes vientos de la sureña región de la Patagonia, Argentina no ha desarrollado hasta ahora las fuentes renovables, cuyo peso en la matriz eléctrica nacional es insignificante.
Luego de la sanción de dos leyes de promoción de este tipo de energías, en 1998 y en 2006, que fracasaron de manera rotunda, el Congreso sancionó en 2015 una nueva ley que esta vez sí abre expectativas en sectores empresarios y ambientalistas.
Esta norma, que exige que las renovables cubran 20 por ciento de la demanda eléctrica nacional en 2025, fue aprobada en los meses finales del gobierno de Fernández, con apoyo de todos los sectores políticos, y fue rápidamente puesta en marcha por el nuevo gobierno.
“Ya adjudicamos 59 proyectos (de energías renovables) en los que captaremos la energía en 17 provincias por una inversión privada aproximada de 4.000 millones de dólares”, detalló Macri en el Congreso.
Pero la apuesta a las energías renovables no excluye, sino que complementa, la búsqueda de combustibles fósiles.
El gobierno intenta desarrollar el potencial de Vaca Muerta, un yacimiento de 30.000 kilómetros cuadrados que se extiende por cuatro provincias, con depósitos de gas y petróleo de esquisto, descubierto en 2011 por YPF.
Su exploración llevó dos años después a la estadounidense Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) a colocar a Argentina como el tercer país con mayores reservas de hidrocarburos de esquisto, solo superado por el propio Estados Unidos y China.
Pero justamente estos yacimientos, en los que el petróleo y el gas están atrapados en rocas a gran profundidad y son recuperables con la polémica tecnología de la fractura hidráulica, requieren inversiones muy elevadas, con la desventaja adicional que en los últimos años ha significado la baja de los precios de los hidrocarburos.[related_articles]
Luego de anunciar a fines de 2015 un acuerdo con el gremio petrolero para bajar los costos laborales y alentar la llegada de inversiones a Vaca Muerta, el gobierno aseguró este mes por decreto un precio mínimo para el gas extraído de reservorios no convencionales, que está por encima de los valores de mercado.
“Junto a los trabajadores del sector petrolero estamos generando las condiciones para que la explotación de la cuenca de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta deje de ser un potencial y se transforme en una realidad», dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
La búsqueda de hidrocarburos también incluye la plataforma marina. En enero, Aranguren firmó una resolución que autorizó a YPF a estudiar un área de 360.000 kilómetros cuadrados frente a las costas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, en el océano Atlántico.
Ya en diciembre, el gobierno había encargado un estudio para medir el interés de empresas internacionales en explorar el Mar Argentino, como se denomina localmente a la plataforma continental de la oriental costa atlántica del país.
El gobierno también asegura que este año se van a comenzar a construir dos gigantescas represas sobre el río Santa Cruz, en la Patagonia, cuya construcción, a un costo de cerca de 5.000 millones de dólares, fue acordada por la administración anterior y tendrá financiamiento de tres bancos estatales chinos.
El proyecto fue cuestionado desde el comienzo por organizaciones ambientales, debido a que el río Santa Cruz nace en el lago Argentino, el mayor y más austral de la Patagonia, dentro del espectacular Parque Nacional Los Glaciares, uno de los principales atractivos turísticos del país.
A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia consideró que el estudio de impacto ambiental no se hizo de manera adecuada y ordenó no iniciar la obra, aunque el gobierno promete realizar una nueva evaluación para poder empezar.
Editado por Estrella Gutiérrez
