Hace un año, un 11 de enero, cinco jóvenes fueron detenidos y luego desaparecidos mientras hacían una parada antes de volver a sus casas en Playa Vicente, en el sureste de México. La investigación realizada por sus padres reveló lo que durante años ha sido una realidad en ese estado: las desapariciones forzadas cometidas por la policía de Veracruz.
Los cinco muchachos -José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, Susana Tapia, Mario Arturo Orozco Sánchez y Alfredo González Díaz- recorrían en un automóvil la carretera La Tinaja-Tierra Blanca después de pasar unos días de descanso en el Puerto de Veracruz.
Pararon en un puesto de comida a orilla del camino, donde fueron abordados por policías estatales y desaparecidos.
Todo quedó grabado por una cámara de vigilancia de una tienda colindante con la carretera. El video ayudó a que el caso tuviera repercusión fuera del estado y el impacto en redes sociales obligó a medios nacionales e internacionales a retomarlo.
El estadal subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, atendió personalmente a los padres. Pero otros casos ocurridos en Veracruz no tuvieron la misma suerte.
En un recuento realizado por Pie de Página registramos al menos 80 casos en los que la policía estatal estuvo implicada en la desaparición de personas. Las cifras son atroces: el 83 por ciento de los desaparecidos son jóvenes, la mayoría son hombres y la cifra se disparó con el nombramiento de Arturo Bermúdez Zurita como jefe de la policía en Veracruz.
Arturo Bermúdez, hombre de confianza del exgobernador Javier Duarte, hoy está vinculado a un proceso penal por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Sin embargo, quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos y en los últimos meses se le ha visto caminando por las calles de Xalapa y en la Rivera Maya.
Por los desaparecidos no hay ni un cargo en su contra y de las más de las 90 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz hizo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado durante su mandato tampoco hay nada que lo vincule a un proceso.
A 135 kilómetros al norte de Tierra Blanca, está Úrsulo Galván, un pequeño municipio costeño donde el 11 de enero, hace cuatro años, ocho policías municipales fueron desaparecidos cuando realizaban un rondín. Según testigos, sus atacantes también fueron policías del estado.
Entre los desaparecidos estaban el primer y segundo comandante, Agustín Rivera Bonastre y Juan Carlos Montero Parra; y los policías Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Baite Hernández, Javier Araujo Molina, Guillermo Torres Perdomo, Luis Alberto Valenzuela y Aureliano Sánchez Tonil.
El caso sigue impune, en las investigaciones no hay avances y los familiares de los municipales temen por sus vidas.
“Nos sentimos vulnerables, las personas que se llevaron a nuestros familiares siguen libres. El gobierno, derechos humanos nos dejaron solas. Están libres, nosotros siempre hemos asegurado que fue seguridad pública del estado” dice Rosario Sayago, esposa del comandante Montero.
En agosto de 2016, en Colinas de Santa Fe, una zona cercana al Puerto de Veracruz, los integrantes del colectivo Solecito identificaron el cementerio clandestino más grande del estado. Hasta ahora se han localizado más de 160 cuerpos de personas desaparecidas en la región en los últimos años.
Las esposas y madres de los policías de Úrsulo Galván participan en la búsqueda, a pesar que cuatro años después no han obtenido pistas sobre sus desaparecidos.
El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca tuvo un desenlace fatal: los cuatro hombres y la mujer de 16 años fueron entregados por la policía veracruzana a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Luego, en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, fueron asesinados, quemados, triturados y enterrados según la hipótesis de la gubernamental Comisión Nacional de Seguridad de México.
Por ese caso han sido detenidos siete policías, entre ellos el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, un operador de Arturo Bermúdez que también era jefe policíaco de la zona de Cardel-La Antigua-Úrsulo Galván cuando desaparecieron los policías municipales.
Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
Revisado por Estrella Gutiérrez
