La vida en este pequeño poblado de 500 habitantes en el noroeste de México gira alrededor del surf y la pesca. Aquí el océano Pacífico es potente y dadivoso. Las playas son visitadas en el verano por surfistas que practican en la bahía Escorpión, famosa por tener la segunda ola más larga del mundo.
Luego, en octubre, comienza la temporada de pesca de langosta, la cual deja buenas ganancias a los pescadores. La gente local o es pescador o es albañil en las construcciones de los norteamericanos o se va de San Juanico, sentencian sus pobladores.
Frente a este lugar, a 40 kilómetros frente a la costa, Odyssey Marine Exploration, una empresa estadounidense dedicada a buscar tesoros en barcos hundidos, planea extraer fósforo del fondo marino, generando una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.
El proyecto minero llamado Don Diego está en el golfo de Ulloa, perteneciente al municipio de Comundú, en el estado de Baja California Sur.
De llevarse a cabo, aplicará una técnica de minería que nunca ha sido probada, de la que se desconocen riesgos o afectaciones al lecho marino. Aunque la empresa dice que los riesgos de la minería submarina son mínimos, biólogos aseguran que no hay manera de que el dragado no afecte el ecosistema.
Pero no solo los científicos ven a la mina en el fondo del mar como una amenaza. “Si trabajan aquí tronamos, se acaba el pueblo, se acaba todo. Y lo mismo va a pasar en otras partes porque las corrientes del mar van y vienen”, dice Juan Luis, habitante y pescador de San Juanico.
Recientemente, en septiembre de 2016, Namibia se convirtió en el primer país en aprobar una mina submarina de fosfato en el mundo.
Sin embargo, esta decisión sucedió después de que el gobierno namibio impuso una moratoria al proyecto durante 18 meses, hasta que la empresa Namibian Marine Phosphate (NMP) realizó estudios para proteger la industria pesquera de la zona. Aun con esto, los pescadores dudan de los análisis que fueron pagados por la misma compañía.
Por su parte, los promotores de la mina Don Diego venden su operación como una segura, necesaria y que —incluso— beneficiará al campo mexicano.
Señalan que al extraer fósforo, un elemento esencial para la fabricación de fertilizantes, México se librará de la dependencia de la importación de este importante y escaso mineral, apoyando a los agricultores del país. Pero, organizaciones sociales e investigadores consideran este argumento como falaz y una estrategia para conseguir apoyo político.
Aunque el proyecto ya fue rechazado una primera vez por las autoridades ambientales mexicanas, Odyssey Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA), una de las empresas mineras más importantes del país, para promoverlo frente al gobierno.
Así, los cazadores de tesoros norteamericanos preparan, de la mano de exfuncionarios de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para obtener los permisos de operación de la mina subacuática.
La discusión de la viabilidad de la minería submarina trasciende la frontera mexicana: otro proyecto similar de Odyssey permanece vedado en Nueva Zelanda. Mientras, en México, lo que detiene el proyecto hasta ahora es que el lugar es ruta migratoria de la tortuga amarilla, una especie protegida y en peligro de extinción que migra de Japón, pasando por la costa del Pacífico mexicano, hasta Hawái.
Esta tortuga, y la presión que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a México para protegerla, amenazando con un embargo pesquero; provocó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) decretara una veda pesquera en el golfo de Ulloa durante tres meses.
Paradójicamente, en ese mismo lugar, la mina submarina sigue siendo una posibilidad mientras no se prohíba tajantemente, argumentan ambientalistas.
“Nuestra legislación es muy endeble, en realidad no hay nada que nos proteja bien, que proteja al medio ambiente. Es muy fácil, extremadamente fácil, tener el discurso de la minería sustentable basado en nada, porque realmente no tenemos la normatividad que lo asegure, y tenemos al contrario todas las ventajas para que las empresas se lleven lo que quieren, que no paguen los impuestos y no haya un seguimiento”, considera la bióloga Jeanneht Armendáriz.
*Una asociación entre cazatesoros y una siderúrgica
Una empresa de cazatesoros. Así es definida Odyssey Marine Exploration en el boletín de la Secretaría de Cultura que promueve la exposición “El último viaje de la fragata Mercedes”, la cual reúne el tesoro rescatado del buque español hundido en el océano Atlántico desde 1804.
Más de medio millón de monedas de oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural subacuático, fueron sacados del mar en 2007 por Odyssey y transportados a Estados Unidos. Pero el gobierno español promovió un litigio que duró cinco años y la empresa fue sentenciada a regresarlo a España. Hoy, lo rescatado se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de México.
Coincidentemente, esa misma empresa cazatesoros pretende llevar a cabo —a través de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas— la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas mexicanas.
Odyssey Marine Exploration fue fundada en 1994. Desde entonces la compañía se dedicó a desarrollar tecnología para recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les permitió cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Su sitio web resalta que ha descubierto y explorado más naufragios que cualquier otra compañía, grupo académico, organización o gobierno en el mundo.
Pero Odyssey también tiene una faceta minera: es socia mayoritaria de otras tres empresas (Neptune Minerals, Chatham Rock Phosphate y Oceanica Resources) que poseen licencias de explotación de depósitos minerales en el fondo marino.
“Odyssey ofrece servicios de contratación, incluyendo su experiencia en la exploración del fondo oceánico y el equipo, a gobiernos y compañías de todo el mundo”, señalan en el sitio web.
Neptune Minerals, tiene concesiones en Nueva Zelanda y Japón. Chatham Rock Phosphate, en Nueva Zelanda. Esta última promueve un proyecto similar al mexicano que fue rechazado, el 11 de febrero de 2015, por encontrarse en una Zona Económica Exclusiva de la plataforma continental (como también es en el caso de Don Diego).
Oceanica Resources, basada en Panamá, es filiar de Exploraciones Oceánicas, que a su vez es presidida por Daniel de Narváez, un historiador náutico colombiano que aparece en múltiples publicaciones de la “socialité” en este país y fue presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol).
A través de Exploraciones Oceánicas, Odyssey promovió la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Don Diego para operar en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, ante la Semarnat, en septiembre de 2014.
En marzo de 2015, Exploraciones Oceánicas recibió una inyección de capital de 15 millones de dólares de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), convirtiendo a la empresa mexicana en socio mayoritario. Entonces, el proyecto minero inició una nueva estrategia.
AHMSA es considerada la principal siderúrgica en México. Su dueño, Alonso Ancira Elizondo, llamado el rey del acero, preside el consejo administrativo de AHMSA a la par de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).
Después de que AHMSA invirtió en Exploraciones Oceánicas, la empresa retiró la MIA ingresada en 2014, a tan solo días del fallo. Luego, fue público que la empresa se reunió con representantes del entrante gobierno panista de Baja California Sur para cabildear el proyecto minero Don Diego e ingresaron una nueva MIA, anunciando la asociación con la siderúrgica.
Ese mismo mes, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un periodista sudcaliforniano, Carlos Ibarra, y a miembros de la Cooperativa Pesquera Puerto Chale por dar a conocer que estaban realizando pozos de exploración sin la autorización de la Semarnat.
“Nos acusaron de un delito federal, una cosa risible: conspirar en contra del desarrollo económico de México”, dijo Carlos Ibarra. Además, el periodista denunció que la Procuraduría General de la República no le permitió revisar el expediente de la denuncia. La organización de defensora de periodistas Artículo 19, señaló una campaña de hostigamiento judicial y, meses más tarde, la empresa retiró la denuncia.
Para este reportaje se contactó a Odyssey Marine Exploration y a AHMSA. Sin embargo, se negaron a responder preguntas específicas. “En este momento no estamos dando entrevistas relacionadas con el proyecto Don Diego”, contestó Laura Barton, directora de comunicaciones de Odyssey. Y la oficina de relaciones públicas de AHMSA dijo que no harían ningún comentario como socios del proyecto Don Diego porque no existe una postura oficial del asusto.
Un último movimiento empresarial sucedió en diciembre de 2015: Odyssey vendió una parte de la compañía por 21 millones de dólares a Monaco Financial, una firma estadounidense dedicada a comercializar monedas raras y productos de metales preciosos. Entonces, Mark Gordon, director de Odyssey, señaló el depósito de fosfato en el fondo marino de México (Don Diego), como un emprendimiento clave para su negocio.
La técnica de dragado
El proyecto Don Diego está localizado en el Pacífico, a 22 kilómetros de la costa, entre Punta Abreojos y Cabo San Lázaro, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur. Toda esta área ahora es conocida como Golfo de Ulloa, aunque los pescadores de la zona dicen que solo es partir del proyecto minero que comenzó a llamársele así.
Lo que la empresa Exploraciones Oceánicas planea hacer allí es dragar el lecho marino para extraer siete millones de toneladas de arena fosfática, las cuales serán procesadas para obtener el fósforo y el resto será regresado al mar. Proyectan cinco etapas, cada una de 10 años. En total, 50 años de dragado continuó.
De acuerdo con organizaciones ambientales, el Golfo de Ulloa es un importante centro de actividad biológica por el que migran especies protegidas como la ballena gris, cinco diferentes tipos de tortugas marinas y donde existen unas 400 clases de peces. Por ello, afirma Jeaneht Armendáriz, bióloga e integrante de la asociación Medio Ambiente y Sociedad, es imposible que el dragado de la mina Don Diego no afecte a las especies marinas y con ello a la actividad pesquera.
“Van a hacer siete metros aproximadamente de dragado hacia abajo. Toda la fauna, la flora que haya en el fondo marino, la van a arrastrar y la van a exterminar. Y, además, con esta remoción de minerales tóxicos, lo que ocasionan es una productividad de micro algas nocivas que les llaman mareas rojas […] es afectar muchísimo a las pesquerías porque estas algas tóxicas, que son oportunistas, desplazan a otras microalgas y a otros pequeños animales que hay en el plancton, que son la base de toda la cadena alimenticia”, explica.
Armendáriz también advierte sobre el riesgo radionuclear asociado a la minería de fósforo, que usualmente se encuentra acompañado de elementos tóxicos como uranio, cadmio, cromo, vanadio, zinc y torio. La preocupación es que, con la remoción del lecho marino, estos minerales de acompañamiento también se liberan y queden flotando.
“En su estudio de impacto ambiental [la empresa] manifiesta que encontraron una concentración considerable de uranio en el sedimento. Pero el problema con la normatividad es que no tenemos cantidades que sean permisibles en agua que no vayamos a beber. Entonces, ahí pueden estar y los pueden desechar y nadie les va a decir nada porque no hay una norma”, puntualiza.
Anna Cederstav, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), consideró que la extracción de fosfato en el Golfo de Ulloa podría traer más daños que beneficios. “Nadie sabe si una mina de este tipo puede ser sustentable. Ese es el problema. Lo que sí se sabe es que la minería de fosfato en tierra tiene problemas enormes porque los sedimentos toman años en cimentarse”, dijo.
Crisis de fosfato
El consorcio Odyssey–AHMSA se encargó de vender la mina Don Diego ante políticos locales y el gobierno federal como indispensable para la seguridad alimentaria de México, uno de los puntos clave de la “Cruzada nacional contra el hambre”, impulsada por el presidente de Enrique Peña Nieto.
Como México depende en gran medida de las importaciones extranjeras de fertilizantes (83 por ciento), los promotores de la mina de fosfato aseguran que, con su mina de fósforo, un elemento esencial para la fabricación de fertilizantes, los agricultores mexicanos se verán beneficiados.
“Estamos hablando de un recurso que los países necesitan para para asegurar su seguridad alimentaria. Y, básicamente, son cinco países los que controlan las reservas de fósforo en el mundo. Por lo tanto, esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional y es preocupante que no esté en la agenda o en el radar de la mayoría de los países”, explicó Dana Cordell, investigadora del Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de la Tecnología en Sydney.
La investigadora aclaró que no se trata de un agotamiento del recurso mineral per se, sino de una escasez provocada por razones geopolíticas y económicas. “Hoy en día, uno de cada seis agricultores no pueden acceder a fertilizantes y, si el fósforo se vuelve más escaso por razones geopolíticas o por el alza de precios, menos agricultores podrán cultivar alimentos”, puntualizó.
Pero la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) consideró en un análisis que “extraer fosfato en aguas de México no garantiza que el mismo será utilizado para suplir la demanda de la agricultura en ese país ni en el continente americano”.
En el caso mexicano, la falta de seguridad alimentaria obedece a otras razones, de acuerdo con el ingeniero agrónomo y especialista en economía agrícola, Victor Suárez Carrera.
“El hecho de que no haya seguridad alimentaria en México se debe a políticas públicas que ha impulsado el gobierno mexicano bajo presiones internacionales en los últimos 30 años”, dijo.
Suárez señaló que el concepto de la seguridad alimentaria es complejo y tiene diversas dimensiones, y no está determinado por la escasez de un insumo como el fósforo. “El problema de la inseguridad alimentaria es provocado por políticas gubernamentales orientadas al abandono del campo, a la dependencia de importaciones y a la existencia de un sistema de grandes corporaciones agroalimentarias”, apuntó.
Anna Cederstav de AIDA agregó que el vínculo entre la mina y el beneficio al campo mexicano es débil y, en todo caso, si la mina Don Diego se llevara a cabo en la zona, no solo tendría efectos ambientales, sino que afectaría a la pesquería y, por lo tanto, la economía y sustento social local.
*Pesquería y la ruta de la tortuga
La pesquería en el golfo de Ulloa es muy importante. En ella se realiza el 70 por ciento de la pesca de Baja California Sur. Un ejemplo es la Cooperativa Pesquera Puerto Chale, que agrupa 136 pescadores de San Juanito y Las Barrancas, dos poblados en la costa de este golfo. La temporada de langosta (que inicia en septiembre) es la más lucrativa para esta cooperativa: reportan ventas de 90 a 100 toneladas del crustáceo al año.
Actualmente, en el golfo de Ulloa existe una veda pesquera para proteger a las tortugas. El nombrado refugio pesquero, que inició en diciembre de 2014 y para el 2015 se amplió; respondió a la alta mortandad de tortugas que sucedió en 2012, de acuerdo con las autoridades.
La ampliación de la veda permitió que, en septiembre de 2016, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa) certificara positivamente a México en relación con la protección de la tortuga caguama.
Anteriormente, en agosto de 2015, la Noaa certificó negativamente a México y el gobierno de Estados Unidos amenazó al mexicano con realizar un embargo pesquero de no detenerse las muertes tortugas.
Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la mortandad de esta especie se debe a su pesca incidental y por ello, el 24 de junio de 2016 inició una veda general que prohibió cualquier tipo de pesca en la zona del refugio durante tres meses.
Juan Luis Murillo es pescador, originario de San Juanico, un poblado de unos 500 habitantes en la costa norte del golfo de Ulloa. En verano este lugar recibe una población flotante de extranjeros (la mayoría canadienses y estadounidenses) que llegan a surfear las olas del Pacífico. Fuera de la pesca, la única otra actividad económica rentable para los pobladores de San Juanito es trabajar como albañil en las construcciones de casas de los norteamericanos.
“No vamos a poder hacer nada. Nosotros estamos impuestos a estar trabajando y el mar ha sido nuestra vida. Vamos a tener que limpiar calles para no estar sin hacer nada. Nos vamos a mal imponer. Ya cuando podamos ir al mar, no vamos a querer ir —dice, entre risas, Juan Luis— Lo fuerte para nosotros es ir al mar, ir a buscar el pescado, la langosta, el abulón”.
Por la veda pesquera, Juan Luis recibió 3.000 pesos (145 dólares) quincenales como compensación. Sin embargo, para pescadores que en una buena temporada pueden obtener hasta 55.000 pesos (2.675) en un solo día, no es suficiente.
A partir del 1 de octubre, la veda general terminó y los pescadores iniciaron la temporada de captura de langosta. Sin embargo, para algunos defensores ambientales la veda debería ser permanente.
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, organización que en su momento se opuso a la mina Don Diego, considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) debe mantener el refugio pesquero en el Golfo de Ulloa.
La bióloga Jeanneht Armendáriz explicó que la zona del refugio pesquero coincide con la zona en donde se pretende realizar el dragado de la mina Don Diego, por lo que considera que existe una incongruencia de las autoridades que, por un lado, prohíban la pesquería y por el otro mantengan abierta la puerta a un proyecto minero que arrasaría con todas las especies, protegidas y no protegidas.
Gladys Martínez de Lemos, abogada senior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA, explicó que la prohibición tajante de la minería submarina en México es cuestión de voluntad política, y una moratoria bajo el principio de precaución podría ser una estrategia para bloquear actividades de las que se desconoce su impacto ambiental o social, como es el caso de la mina Don Diego.
En abril de 2016 la SEMARNAT rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero Don Diego, principalmente por el riesgo que implicaría para la tortuga caguama. Ante esto, la empresa dijo que promoverá una nueva MIA en cualquier momento, adecuándola para que la autoridad la apruebe.
Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
Revisado por Estrella Gutiérrez
