Era de madrugada, cuando el 19 de octubre el periodista Ricardo Matute, del noticiero matutino de la Corporación Televicentro, cubría su fuente de sucesos en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Honduras.
Se enteró del volcamiento de un vehículo y llegó el primero al lugar del accidente, desconociendo que los jóvenes involucrados eran miembros de una poderosa mara (pandilla), que lo hirieron y trataron de secuestrarlo.
Al ver el automóvil volcado y sus cuatro ocupantes dentro, que solo después supo que eran pandilleros, Matute decidió llamar a emergencia para auxiliarlos, pero estos reaccionaron con violencia, le dispararon y obligaron a subir al vehículo de noticiero, junto al camarógrafo y al conductor.
Otros periodistas, que patrullan en conjunto cada noche por las calles de la ciudad, vieron el secuestro y persiguieron al vehículo hasta que los pandilleros chocaron y huyeron. Sin ese “rescate” los tres hombres muy probablemente habrían sido asesinados, porque los delincuentes ya habían identificado a Matute y no suelen dejar cabos sueltos, dijeron a IPS algunos de los colegas que los apoyaron.[pullquote]3[/pullquote]
Matute, integrante de la llamada Patrulla Nocturna del canal TV5, resultó herido en el cuello con un arma Ak-47. Los periodistas lamentan que el hecho se produjo cerca de una brigada militar y pese a que ellos pidieron ayuda, los uniformados no respondieron.
“Es que el Estado no nos protege, más bien nos agrede”, dijo a IPS un reportero bajo anonimato.
Ahora el joven reportero de Televicentro, la principal corporación mediática de Honduras, está acogido a un programa de protección del Estado, bajo la nueva Ley de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
A la conocida como Ley de Protección, vigente desde hace menos de un año, se acogieron ya unos 10 periodistas, según datos oficiales.
Matute se amparó en el programa de protección después que al día siguiente del incidente las autoridades difundieron un video de los pandilleros que le atacaron, captados por una cámara de seguridad de la zona. Eran integrantes de la Mara 18 y portaban fusiles AK-47 y AR-15.
Esa pandilla y la MS-13 son las dos mayores maras de Honduras. La primera es la más violenta de las dos y ambas se han repartido importantes centros urbanos del país para sus operaciones de “sicariato (asesinato por encargo)”, narcomenudeo, secuestros, lavado de activos y extorsiones, entre otros delitos.
De ahí que las autoridades recomendaran a Matute acogerse al programa de protección y abandonar su trabajo, pues al ser difundido el video, los pandilleros se sintieron expuestos y podían actuar en su contra por represalia.
La joven periodista Mailing Coto, que patrullaba con Matute en búsqueda de las noticias nocturnas, detalló a IPS cómo la actividad de reportear dejó de ser “normal” en Honduras para convertirse en un oficio peligroso.
Eso sucede en especial en el corredor de la inseguridad que involucra al menos a ocho de los 18 departamentos del país, según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
“Aquí lo único que nos queda es encomendarnos a Dios, antes uno reporteaba normal sin alteraciones, pero hoy la historia es otra, en especial para quienes trabajamos en la noche. Hay que aprender códigos para moverse en zonas de peligro en la ciudad o sus alrededores”, acotó.
“Si vamos a un territorio de las pandillas, hay que bajar los vidrios del carro (vehículo) y hacer cambio de luces; si es a una zona de bandas criminales de otro tipo, vamos en grupo para que no vean que andamos solos”, dijo Coto desde San Pedro Sula al describir algunos de los protocolos de seguridad que aplican.
San Pedro Sula, a 250 kilómetros de la capital, es la ciudad de mayor desarrollo económico de Honduras, tiene algo más de 742.000 habitantes y en 2015 reportó una tasa de homicidios de 110 por 100.000 habitantes.
A nivel nacional, la tasa de homicidios de Honduras fue de 60 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia.
Honduras, con 8,8 millones de habitantes, es considerado uno de los países más violentos del mundo y de esa violencia no escapan los periodistas.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una coalición de periodistas y organizaciones humanitarias, reporta que entre 2001 y 2015 fueron asesinados cerca de 63 periodistas, comunicadores rurales y otros afines a la comunicación social.
Solo en 2015, C-Libre identificó 11 crímenes ligados a la profesión de la comunicación: un propietario de un medio, un director de programa de noticias, cuatro camarógrafos, un operador de controles, tres locutores de entretenimiento y un locutor de programaciones religiosas. La mayoría fuera de Tegucigalpa.
La directora de C-Libre, Ana Ortega, es del criterio que el periodismo no solo está atrapado por la violencia, sino también por las leyes y la impunidad.[related_articles]
Así lo detalló en el informe anual sobre libertad de expresión al advertir como una ley de secretos obstaculiza el derecho a la información, mientras se ciernen nuevas reformas al código penal con dedicatorias a la prensa.
“Ahora resulta que los periodistas no solo debemos evitar comentar o dar noticias que dañen a los grupos de poder del país, sino también a la delincuencia común, y mientras tanto ni la autoridad da garantías reales de protección”, relató a IPS en Tegucigalpa Juan Carlos Sierra, director del noticiero donde laboraba Matute.
Su frase es rematada por otro periodista sampedrano que pidió el anonimato: “Estamos indefensos porque ni en la autoridad, ni en los policías o fiscales podemos confiar, pues cuando nos ven, nos agreden y a veces nos mandan como carne de cañón a ciertas escenas, donde ellos llegan después”.
“Uno siente que ni el Estado ni la autoridad nos respeta”, afirmó lacónicamente.
Es que el Estado, agregó Sierra, “no ha tenido interés ni antes, ni ahora, en querer resolver los crímenes de los periodistas, menos las violaciones a la libertad de expresión”.
Para el defensor humanitario y exjuez Nery Velásquez, la vulnerabilidad en que se encuentran los periodistas “lejos de disiparse, se fortalece y hemos llegado a aceptar de manera tácita que la impunidad en los crímenes se afiance, mientras la libertad de expresión se restringe”.
De los 63 asesinatos registrados, apenas en cuatro se ha abierto ya un proceso judicial y de ellos, solo dos llegaron a la última fase, el juicio oral y público, y concluyeron con la condena de los autores materiales, pero no así de aquellos intelectuales que ordenaron sus muertes.
“La investigación en Honduras, es un fracaso, todo queda en indicios racionales, y no solo la prensa está atrapada aquí por la violencia, también los defensores humanitarios y los abogados”, sentenció Velásquez a IPS.
De acuerdo a informes de organismos humanitarios temas como corrupción y crimen organizado son las principales tenazas para la libertad de expresión en Honduras, donde la labor del periodismo tiene más de una década de haber caído en una franja de alto riesgo.
Editado por Estrella Gutiérrez
