El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abogó una vez más por la seguridad de los periodistas tras adoptar una resolución con medidas para que los estados garanticen la protección de los profesionales de los medios.
El organismo ha aprobado otras resoluciones para la protección de periodistas, pero la de este año se considera una de las más completas porque incluye la defensa de derechos como la libertad de expresión y de prensa.
La resolución “plantea esos asuntos de forma más explícita que las otras”, dijo a IPS la directora de campaña del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Courtney Radsch.[pullquote]3[/pullquote]
El documento también subraya la responsabilidad de los estados en la violencia contra los periodistas y en la creación de un ambiente permisivo que pone en riesgo la seguridad de los profesionales.
“No se trata solo de hablar de la seguridad de los periodistas sin atender la necesidad de crear un ambiente en el que la libertad de expresión y la libertad de prensa puedan florecer”, subrayó.
La oficial de comunicaciones de Reporteros sin Fronteras (RSF), Margaux Ewen, coincidió y dijo a IPS que la última resolución es una “maravillosa reiteración”, que llama a los estados miembro de la ONU a implementar sus obligaciones internacionales.
Por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos llamó a los países a liberar a las y los reporteros detenidos de forma arbitraria y a reformar la legislación que limita su trabajo.
Según el CPJ, unos 200 periodistas fueron encarcelados en 2015. La organización registró el mayor número de detenciones en China, integrante del Consejo de Derechos Humanos y donde 49 profesionales están presos.
El último caso sonado es el de Lu Yuyu y Li Tingyu, dedicados desde 2012 a documentar y registrar las protestas en ese país, y detenidos en junio de este año por “provocar peleas y causar problemas”.
La resolución, adoptada el 26 de septiembre, también afirma el derecho de los profesionales a usar herramientas para encriptar información y preservar su anonimato.
Los periodistas suelen recurrir a esos mecanismos para distribuir información a través de Internet de forma segura, así como también los usan en sus comunicaciones, para proteger a sus contactos y sus fuentes.
Radsch subrayó que son herramientas esenciales para que los periodistas “puedan hacer su trabajo en el siglo XXI”.
La resolución también menciona los riesgos específicos que afrontan las mujeres periodistas y condena los ataques por cuestiones de género.
A principios de septiembre, la periodista independiente Gretchen Malalad y la corresponsal de Al Jazeera Jamela Alindogan-Caudron recibieron varios ataques a través de las redes sociales, que incluían amenazas de violación y de muerte, por su cobertura sobre la polémica guerra contra las drogas del gobierno de Filipinas.
El integrante del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, Ryan Rosauro, expresó su preocupación por la situación de la prensa en su país.
“Nunca tomaremos las amenazas, ya sean físicas o de silenciarnos, a la ligera porque ya perdimos a demasiados colegas y casi no se les ha hecho justicia”, declaró.
En un comunicado conjunto, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el sindicato filipino reclaman al gobierno que se tome en serio las amenazas en las redes sociales y que castigue a los responsables para garantizar la seguridad de los profesionales de la prensa.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa en el mundo, RSF ubicó a Filipinas en el lugar 138, entre los 180 estados sondeados, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Como en años anteriores, el Consejo de Derechos Humanos volvió a subrayar la necesidad de poner fin a la violencia contra los periodistas y de combatir la impunidad que gozan los agresores.
El CPJ concluyó que más de 1.200 periodistas fueron asesinados desde 1992, la mayoría con total impunidad. Otras organizaciones especulan que el número de profesionales muertos puede ser mayor. La FIP sostiene que por lo menos 2.300 trabajadores del sector fueron asesinados desde 1990.
En 2009, el conocido periodista y editor srilankés Lasantha Wickramatunga fue asesinado a golpes tras ser obligado a detener su automóvil por ocho hombres que llevaban casco y se trasladaban en moto.
Crítico del gobierno y de su gestión de la guerra civil, Wickramatunga ya había sufrido ataques y recibido amenazas de muerte meses antes de su asesinato. De hecho, anticipó su fatal destino con un breve artículo premonitorio sobre el estado de la libertad de prensa en esa nación de Asia meridional.
“En los últimos años, los medios independientes sufren cada vez más ataques. Los medios impresos y electrónicos han sido quemados, bombardeados, clausurados y forzados. Un sinnúmero de periodistas han sufrido acosos, amenazas y fueron asesinados. Ha sido un honor pertenecer a todas esas categorías y ahora, especialmente, a esa última”, escribió Wickramatunga.
El escritor y periodista jordano Nahed Hattar fue asesinado el 25 de septiembre de un disparo en la cabeza afuera del tribunal donde declararía por haber compartido en Facebook una caricatura considerada un insulto para el Islam.
“El asesinato de Hattar es terrible, y es inaceptable que no se hayan tomado medidas para garantizar su seguridad, en particular cuando las amenazas en su contra eran bien conocidas por las autoridades”, declaró el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye.
Kaye urgió a las autoridades a procesar a los responsables y a dotarse de leyes que permitan una cultura que permita la libre expresión de opiniones diversas.[related_articles]
Pero Radsch y Ewen señalaron que la última resolución del Consejo de Derechos Humanos es solo un primer paso, que todavía debe traducirse en medidas concretas en el terreno.
“Seguimos siendo testigos del fracaso de los estados en la investigación de asesinatos de periodistas; si bien las resoluciones son importantes, necesitamos medidas concretas que acompañen la normativa”, puntualizó Radsch en diálogo con IPS.
Por su parte, Ewen observó que las resoluciones de la ONU son “fuertes y con términos contundentes”, pero hay que ver que los estados tomen medidas para proteger a los periodistas y la libertad de expresión.
De hecho, mencionó la campaña de RSF para crear un representante especial del secretario general para la seguridad de los periodistas como forma de garantizar que las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales.
La campaña, encabezada por RSF, reunió a más de 100 organizaciones de medios y de derechos humanos, como CPJ, el diario británico The Guardian, y la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas, con ese fin.
El secretario general de RSF, Christophe Deloire, declaró que un representante especial puede oficiar de alerta temprana y de mecanismo de respuesta rápida para que los periodistas amenazados accedan a las autoridades, y que estas tomen medidas para su protección, como señala la resolución.
También dijo que un representante especial con peso político puede asegurarse de que todas las operaciones y programas de la ONU incluyan y prevean la protección de periodistas.
“Todas las semanas, hay nuevos nombres y tumbas en los cementerios de periodistas, no podemos permitir que mueran más por falta de voluntad política”, declaró Deloire.
El Consejo de Derechos Humanos, de 47 miembros, adoptó la resolución sobre la seguridad de los periodistas por consenso, y expresó su profunda preocupación por el aumento de reporteros y trabajadores de los medios asesinados, torturados y detenidos.
Traducido por Verónica Firme
