Los bambutis eran los habitantes originales del parque nacional más antiguo de África, el Virunga, en República Democrática del Congo (RDC), cuyo territorio se remonta a 1925 cuando fue delimitado por el rey Alberto I de Bélgica.
Pero ahora los bambutis – que pertenecen a grupos indígenas también conocidos como pigmeos, son seminómadas y viven de la caza y la recolección – tienen prohibida la posibilidad de vivir o cazar dentro del parque, y enfrentan la represión tanto de los guardaparques como de grupos armados.[pullquote]3[/pullquote]
Otras comunidades del parque acusan al Instituto Congoleño por la Conservación de la Naturaleza (ICCN) de expropiar tierras sin su consentimiento ni ofrecer una compensación, pero las autoridades argumentan que los guardaparques deben recurrir a la «legítima defensa» y tomar medidas cuando la gente de la zona «recluta a grupos armados para mantener la tierra”.
La ubicación del parque, en la frontera con Ruanda y Uganda, complica la difícil relación entre las comunidades indígenas y los conservacionistas. Según los investigadores, la zona es el epicentro de un conflicto armado en curso desde hace años.
El conocimiento indígena frente al desarrollo impuesto
Sin acceso a la selva y sus tierras ancestrales para cazar y recolectar, los bambutis tienen dificultad para sobrevivir. Muchos dependen del trabajo jornalero que realizan para comunidades circundantes, como la tala de árboles para extraer madera que se vende en Goma, ciudad contigua al parque en las fronteras con Ruanda y Uganda.
Muhima Sebazungu, de 70 años y uno de los líderes de la comunidad de Mudja, un pueblo próximo a Goma, afirma que están empezando a olvidar su conocimiento tradicional sobre plantas y medicinas.
Que el parque y el gobierno excluyan a los bambutis de los esfuerzos de conservación es un desperdicio del inmenso conocimiento que las comunidades indígenas tienen sobre los ecosistemas forestales, aseguró Patrick Kipalu, representante en RDC de la organización Forest People’s Programme. Una solución sería reclutarlos como guardabosques, sugirió.
Jean Claude Kyungu, del ICCN, explica que hay «criterios específicos» que rigen el reclutamiento de los guardabosques, y los bambutis no los cumplen, como el tener un diploma estatal.
Norbert Mushenzi, subdirector del ICCN en el Parque Nacional de Virunga, sostiene que los bambutis tienen un «déficit intelectual» y que una forma en que pueden beneficiarse del parque sería mediante la «venta sus productos culturales y con danzas para los turistas”.
Su opinión no es poco común. Mucha gente, incluso aquellos que defienden los derechos de los bambutis, cree que son inferiores a otras comunidades. Aunque la política oficial del régimen de Mobutu Sese Seko (1965-1997) en lo que entonces era Zaire pretendía »emancipar” a las poblaciones indígenas y considerarlas sin diferencias a otras comunidades, en la práctica eso significaba el fomento de un estilo de vida sedentario y agrícola.
Doufina Tabu, presidenta de una organización de derechos humanos, la Asociación de Voluntarios del Congo, trabaja con comunidades de bambutis que viven fuera del parque y cuyas tierras les fueron robadas.
«En (la localidad de) Masisi hubo un pigmeo que fue detenido porque alguien lo engañó para que le entregara su campo. No tenía título de propiedad, por lo que fue acusado de ocupación ilegal, aunque se trata de su propia tierra. Fue detenido hace un año y aún estamos tratando de sacarlo”, relató.
Tabu defiende que los bambutis mantengan sus tierras, pero también cree que deben integrarse a la sociedad «para que puedan vivir como los demás”.
«Hay cosas en su cultura que debemos cambiar. No pueden seguir en el bosque como animales”, comentó.
Un informe de la organización Survival International afirma que imponer el «desarrollo» de los indígenas tiene consecuencias «desastrosas» y que el factor más importante para su bienestar es el respeto de sus derechos sobre la tierra.
Según Kipalu, las condiciones de vida de los bambutis son mucho peores ahora que cuando estaban en el bosque. «Estar sin tierra y vivir en las tierras de otras personas significa que terminan siendo tratados casi como esclavos», denunció.
Los bambutis de la localidad de Biganiro no entienden por qué no pueden acceder a los servicios básicos y aun así poder volver al bosque.
Shukuru, de 18 años de edad, cursó dos años de la escuela primaria y quiere conducir una moto, pero no sabe por dónde empezar. «Solo aprender cuesta unos 20 dólares. Y apenas encontramos lo suficiente para comer todos los días», comentó.
Vías legales y soluciones a largo plazo
La organización Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo y la Rainforest Foundation, de Noruega, presentaron una demanda legal en 2010 para que los batwas, otro grupo indígena, reciban una indemnización por la pérdida de sus tierras dentro del Parque Nacional Kahuzi-Biega, que al igual que el Virunga fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El caso llegó a la Corte Suprema de Kinshasa en 2013, y allí permanece. En mayo de 2016 ambas organizaciones presentaron una queja ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, pero aun no han recibido una respuesta del gobierno congoleño.[related_articles]
Mathilde Roffet, de la Rainforest Foundation, dijo que incluso si el tribunal falla a favor de los batwas, todavía tendrán que lidiar con la Unesco y el estado del parque como patrimonio de la humanidad. La activista espera que el caso siente un precedente para otros parques nacionales.
Virunga, sin embargo, es un caso diferente y, para Kipalu, «una zona muy delicada para el gobierno debido a la posibilidad de prospección petrolera, minera y grupos rebeldes”.
A nivel nacional, la red de organizaciones Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones procura la aprobación de una ley que reconozca los derechos de los pueblos autóctonos.
Aunque RDC votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, la Constitución, la ley de tierras y el Código Forestal del país no hacen referencia alguna a esos derechos.
El proyecto de ley incluye la protección de su medicina tradicional y cultura, así como el acceso a la tierra y los recursos naturales. El artículo 42 establece específicamente que las personas indígenas tienen derecho a regresar a sus tierras ancestrales y a una compensación justa si son trasladadas.
La adopción de la ley está estancada desde 2014. «Siguen diciendo ‘la vamos a discutir la próxima semana, el mes que viene’, pero el país está pasando por muchos cambios políticos, y les dan prioridad a otras cuestiones», observó Kipalu.
Mientras tanto, la red trabaja con el ICCN y el gobierno en un plan a corto plazo, que incluye el acceso de los pueblos indígenas a la educación y la sanidad.
«Queremos que las comunidades vuelvan a su tierra con el tiempo. Algunos quieren volver al bosque, pero otros están dispuestos a aceptar parcelas externas. Llevará muchos años», dijo Kipalu.
Este artículo recibió el apoyo de International Women’s Media Foundation.
Traducido por Álvaro Queiruga
