Cuando las comunidades que habitan el corredor de conservación Parque Nacional Natural Tatamá y Serranía de los Paraguas, en el oeste de Colombia, se organizaron en 1996 para defender sus tierras y conservar la zona, se enfrentaban a la deforestación, la degradación del suelo y la caza furtiva.
Veinte años después, las poblaciones locales, los productores y las organizaciones comunitarias han creado cuatro reservas, una marca de café, una radio comunitaria y han avanzado en la conservación ambiental en esa franja perteneciente al corredor natural Chocó-Darién, en la frontera con Panamá, aunque persisten las amenazas.
“Uno de los factores es mantener reservas a largo plazo y generar beneficios para las comunidades locales”, declaró César Franco, fundador y director de la organización ambiental comunitaria Corporación Serraniagua. [pullquote]3[/pullquote]
El ecologista destacó a IPS que “todo está amenazado”, especialmente por los megaproyectos, como la minería de oro practicada en la región y las prospecciones petroleras; la pérdida de certeza legal en la posesión de las tierras comunitarias y las plantaciones agroindustriales “que destruyen los sistemas familiares”.
Serraniagua es un colectivo de propietarios de reservas naturales, grupos asociativos de productores agroecológicos, redes de mujeres campesinas y grupos ecológicos locales en una zona de 2.500 kilómetros cuadrados habitada por unas 40.000 personas, que incluyen a pueblos indígenas y afrodescendientes.
La labor de Franco y sus compañeros les ha valido uno de los 15 premios a los héroes de los sitios clave de biodiversidad, concedido por el estadounidense Fondo para la Alianza de los Ecosistemas Críticos, entregados en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza, que hospeda Honolulú los primeros 10 días de septiembre.
Este caso fotografía la relevancia de la protección a pequeña escala, en beneficio del ambiente y de sus moradores, en comparación con las grandes obras de infraestructura que suponen un impacto considerable sobre los ecosistemas.
El cuidado local es uno de los temas principales del Congreso, que se realiza cada cuatro años, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC). En esta ocasión, congrega en la capital del estado insular estadounidense de Hawái, en el océano Pacífico, a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas.
La cita, cuyo lema es “Planeta en la encrucijada”, culminará con Los Compromisos de Hawái, de los que 85 resoluciones ya llegaron a Honolulú aprobadas por la Asamblea de la UICN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales.
Durante el Congreso, el debate se concentra en 14 mociones sobre temas polémicos, como la compensación por destrucción de riqueza biológica, el cierre de mercados domésticos para el comercio de marfil y mejores estándares para ecoturismo.
Además, tres resoluciones versan sobre conservación y el impacto de las grandes infraestructuras, como carreteras, centrales hidroeléctricas, puertos y explotación de recursos naturales.
En el noroccidental estado de Nayarit, Heidy Orozco, directora ejecutiva del no gubernamental Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, ha atestiguado las ventajas de dejar correr el río San Pedro, el único en México libre de represas.
La zona “contiene lugares sagrados, hay manglares, una reserva de la biosfera. Todavía se considera área de riqueza biológica y cultural”, describió a IPS la activista, quien habita cerca de los márgenes del río y está presente en Honolulú.
La parte media del afluente posibilita la siembra, en tanto que la pesquería se desarrolla en los bajos de la cuenca.
Pero el ecosistema y sus beneficiarios están bajo la amenaza del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, planificado por la estatal Comisión Federal de Electricidad sobre la cuenca del cuerpo de agua, a unos 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, la capital de Nayarit.
La represa tendrá una capacidad instalada de 240 megavatios y un dique de 188 metros de alto en una superficie de 53,49 kilómetros cuadrados. [related_articles]
Las organizaciones del Consejo Intercomunitario y Náyeri, formado para enfrentar la obra, denuncian que esta golpeará la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales, el sistema de manglares más extenso de la costa mexicana sobre el océano Pacífico.
Además, alegan, perjudicaría a 14 sitios sagrados y centros ceremoniales de los pueblos originarios náyeri o cora, wixárica o huicholes, tepehuanos y mexicaneros, así como el desplazamiento forzado de una comunidad.
El estudio sobre el impacto ambiental de la central admite que se perderían en la zona la agricultura de subsistencia y la ganadería de pequeña escala, que pasarían a ser reemplazadas por la actividad de pesca en el embalse.
En Bolivia, las iniciativas comunitarias de conservación a pequeña escala conviven peligrosamente con la construcción de megraproyectos.
Por ejemplo, en una mina de bolivianita, en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, en el Pantanal boliviano, en el departamento de Santa Cruz, fronterizo con Brasil, solo se ha aprovechado una hectárea en 10 años para obtener la piedra, una fusión natural del citrino y la amatista que ha cobrado auge en la última década.
Esa explotación contrasta con la obtención de oro en gran volumen en el norte del país.
“El desarrollo a pequeña escala es una solución. Hay varias lecciones aprendidas, como la distribución de beneficios entre los socios, la creación de mecanismos reales de protección y el respeto a acuerdos y leyes”, analizó para IPS la activista Carmen Miranda, coordinadora regional para la Amazonia del internacional y no gubernamental Consorcio de Áreas y Territorios Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades.
En Guatemala, comunidades q’eqchí’s próximas al Parque Nacional Laguna Lachuá, en el norteño departamento de Alta Verapaz, han restaurado el bosque, siembran cacao orgánico que beneficia a 150 productores, a los cuales se sumarán otros 350 durante este año, al mismo tiempo que cultivan miel y aprovechan en forma sostenible el bosque.
“Una de las mejores soluciones para conservar áreas protegidas es trabajar a pequeña escala con la gente. Tenemos una comunidad fortalecida, organizada y con sostenibilidad económica. Eso demuestra que es mejor invertir en comunidades que solamente llegar con grandes proyectos de infraestructura”, señaló Grethel Aguilar, coordinadora regional de la oficina para México, América Central y el Caribe de la UICN.
En enero próximo, contó a IPS como ejemplo, la UICN iniciará un proyecto en la selva maya del sur de México, el norte de Guatemala y Belice, mediante un financiamiento de casi nueve millones de dólares provistos por el gubernamental banco alemán de desarrollo KfW, para proteger el bosque y ofrecer vías productivas a sus habitantes, en su mayoría indígenas.
Franco adelantó que “queremos ampliar las áreas bajo manejo comunitario. Serraniagua se propone identificar las acciones clave que aporten a la conservación de los bosques que protegen las reservas hídricas de los acueductos comunitarios rurales”.
Miles de kilómetros al norte, Orozco no está dispuesta a aceptar ninguna central hidroeléctrica. “No vamos a salir beneficiados de manera económica. Queremos desarrollo, obras de cuidado del agua, pero no que afecten nuestra cultura e identidad”, recalcó la activista, cuya red ha interpuesto varios amparos legales en contra de la obra.
Editado por Estrella Gutiérrez
