La destitución de la ya expresidenta Dilma Rousseff, este miércoles 31, cierra un capítulo turbulento de la crisis de Brasil, pero no despeja las incertidumbres que amenazan la política y la economía de la potencia latinoamericana.
La primera mujer de la historia en gobernar Brasil fue condenada por el Senado, convertido en tribunal, a dejar el cargo que ostentó desde el primer día de 2011, cuando 61 senadores la consideraron culpable y solo 20 inocente de irregularidades en el manejo del presupuesto, en la culminación de un juicio iniciado el día 25.
Poco después asumió con plenos poderes el desde el 12 de mayo mandatario interino, Michel Temer, quien afronta desafíos que exigen medidas impopulares y al que respaldan partidos que tienen buena parte de sus parlamentarios acusados de corrupción o bajo investigación del Ministerio Público (fiscalía).
El mismo Temer, un político gris y sin carisma, está involucrado en denuncias que le atribuyen haber negociado aportes ilegales a campañas electorales de su centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
El presidente, los diputados y senadores solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF) y resulta improbable que haya una cualquier sentencia contra Temer en esa corte antes de que acabe el actual cuatrienio constitucional.
Temer también enfrenta una demanda en la Justicia Electoral para impugnar su elección en 2014 como vicepresidente de Rousseff, bajo la acusación de abuso de poder económico y político. Otras denuncias de corrupción agravaron la situación judicial de ambos.
El dictamen sobre este caso se espera para 2017 y podría anular el resultado de los últimos comicios. Si ello sucede, el parlamento escogerá un nuevo presidente, para completar el mandato que culmina el último día de 2018.
La operación Lava Jato (autolavado), que investiga la corrupción en los negocios de la empresa estatal Petrobras y que ya llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, amenaza provocar bajas masivas en el parlamento, cuando el STF empiece a juzgar los diputados y senadores involucrados.
Hasta que eso suceda, las denuncias serán una sombra sobre la legitimidad de un gobierno débil y sometido al bombardeo de la nueva oposición de izquierda, que lo acusa de ser producto de un “golpe de Estado parlamentario”, como repitió decenas de veces Rousseff en su aguerrida defensa en el juicio de destitución, el lunes 29.
La destitución de la expresidenta, suspendida ya del cargo desde el 12 de mayo, significa también la salida del poder del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó este país de 204 millones de personas desde 2003, con su máximo líder, Luis Inácio Lula da Silva (2003-2011) y su sucesora Rousseff.
En el frente económico el nuevo gobierno ya anunció como eje del ajuste fiscal la imposición de un límite del gasto público, con su congelación por dos décadas. Su monto sería cada año igual al del precedente, más el incremento de la inflación durante el anterior ejercicio.
Así, el crecimiento de la economía, una vez que se salga de la recesión actual, se acompañaría con la reducción del déficit.
Los analistas dudan que esa medida la apruebe un Congreso Nacional legislativo tradicionalmente opuesto a medidas de austeridad, más aún cuando ella supone una enmienda constitucional, cuya aprobación requiere una mayoría de 60 por ciento.
Una reforma previsional, elevando la edad para las jubilaciones, es otra medida considerada indispensable para interrumpir el deterioro de las cuentas públicas, que enfrentará duras resistencias en el Congreso los sindicatos y los movimientos sociales.
Temer cuenta, sin embargo, con el empuje de una mayoría parlamentaria fortalecida por la batalla del juicio de destitución de Rousseff y el voto de confianza que al menos por ahora le otorga el determinante sector empresarial.
En la votación en la Cámara de Diputados que autorizó el proceso contra Rousseff, el 17 de abril, la mayoría fue de 71,5 por ciento de los 513 diputados. En el Senado alcanzó 75 por ciento en la condena de este 31 de agosto y porcentajes similares en decisiones previas sobre inicio del proceso y la aprobación del informe de la acusación.
Destitución sin inhabilitación
La única división en el bloque ocurrió al final del juicio. El Senado mantuvo los derechos políticos de la expresidenta, aunque la destituyó por la mayoría abrumadora de 61 votos de 81.
En una propuesta sorpresiva y de última hora de senadores del PT, la sentencia se dividió en dos partes, aunque la Constitución vincula ambas.
En la primera, se condenó a Roussef a la destitución como culpable de “delitos de responsabilidad” en el maquillaje de las cuentas presupuestarias.
En la segunda se la eximió de la consecuente inhabilitación política por ocho años, porque la proscripción obtuvo solo 42 votos, cundo se requerían los dos tercios, 54 senadores, para poner prácticamente fin a la carrera política de Rousseff, de 68 años.
Fue un gesto de conciliación de una parte del nuevo oficialismo, especialmente del PMDB, después del intercambio de agresiones durante el proceso contra Rousseff, que comenzó en diciembre, cuando el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acogió uno de los 37 pedidos para destituirla.
De “golpe de Estado contra la democracia”, “traición”, “farsa”, “basura de la historia” y otros epítetos similares acusaron Rousseff y sus partidarios el proceso, durante los seis días del juicio, en que fueron oídos los testigos de acusación y defensa, abogados de las dos partes y pronunciamientos en dos ocasiones de casi todos los senadores.
Generadores del “caos económico”, “demagogos”, “irresponsables”, “defraudadores”, “mentirosos” y corruptos fueron otras acusaciones contra los favorables a la destitución.
Rousseff se defendió durante todo el lunes 29, con un alegato inicial y respuestas a los senadores, en que insistió en rechazar como “golpe parlamentario” su destitución, arguyendo que no cometió ningún delito previsto en la Constitución para justificar su condena.
La acusación sostuvo que usar recursos de bancos estatales para ocultar el déficit fiscal y emitir decretos ampliando gastos sin autorización legislativa constituyen “delitos de responsabilidad”, que la Constitución incluye como causal para la destitución.
Hubo opiniones opuestas de juristas, auditores y otros especialistas, estimulando la versión del “golpe”, comparándolo incluso con el golpe militar de 1964 que instauró la dictadura que duró hasta 1985.
Pero la crisis económica, especialmente el gigantesco déficit público acumulado en los últimos años, debilitó a Rousseff, acusada de ocultar la grave situación financiera en la campaña por su reelección de 2014. Los acusadores pasaron a hablar del negativo “conjunto de la obra” como motivo para su destitución.
Rousseff atribuyó a la repentina caída de los precios internacionales de productos básicos y a políticas monetarias de países ricos la recesión iniciada en 2014, agravada por el boicot legislativo a sus iniciativas en 2015.
Solo el voto popular legitima el gobierno en el régimen presidencialista, arguyeron Rousseff y sus aliados, descartando el mecanismo constitucional del “impeachment” (destitución), usado la primera vez en 1992 contra Fernando Collor (1990-1992) e intentado sin éxito muchas veces contra Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
La caída de Rousseff y el PT “es parte de una tendencia mundial de descenso de la izquierda, que es más fuerte en América Latina, donde sus gobiernos enfrentan graves recesiones económicas”, evaluó para IPS el profesor Elimar Nascimento, de la Universidad de Brasilia.
En la región, concluyó, “ocurre un evidente desgaste del pensamiento de izquierda, que vive de fantasías del pasado, incapaz de comprender los cambios”, en otro movimiento pendular, después de mayoría de gobiernos de esa tendencia durante los primeros 15 años del siglo.
Editado por Estrella Gutiérrez
