En un escenario que se hace común en la capital cubana, revendedores de toda clase de artículos generalmente deficitarios en las tiendas, abordan a las personas en las cercanías o en la misma puerta de los establecimientos formales para hacer sus ofertas, que van desde pañales desechables hasta costosos yacuzzi.
“Tengo juegos de baño desde 280 CUC (unos 314 dólares al canje de la moneda convertible local), bañaderas, duchas, lozas de cerámica, todo de muy buena calidad. ¿Qué busca?”, preguntó una mujer a una potencial clienta antes que terminase de estacionar su vehículo. “Le llevamos el producto a su casa y sin compromiso. Si no le gusta, no hay negocio”, agregó.
Dentro de la ferretería, ubicada en una acomodada zona residencial de La Habana, no había mucho que ver. Dos personas iban de un lado a otro observando la escasa mercancía, mientras una mujer sentada junto a la caja registradora los miraba con cara de aburrida. “No hay” respondió lacónicamente a alguien que buscaba un lavamanos blanco con pedestal.
El economista cubano Esteban Morales comentó a IPS que este mercado subterráneo se nutre de la corrupción en el sector del comercio que él denunció en 2010, lo que le costó ser separado durante varios meses de las filas del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
“Los revendedores aprovechan la escasez y lo que venden proviene del robo en las tiendas estatales”, aseguró.
Cuba es un país de economía centralmente planificada, donde el Estado controla todas las importaciones, así como el comercio interno y externo, si bien como parte del proceso de modernización de su modelo socialista permite el trabajo privado en determinadas áreas productivas y de servicios, como la gastronomía.
En un informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), en sesión durante esta primera semana de julio, la contralora general, Gladys Bejerano, señaló que el análisis de los hechos delictivos reportados en 2015 en “las organizaciones económicas”, muestra que prevalece en algunas administraciones un ambiente de descontrol e impunidad.
Esa situación tiene mayor incidencia en el comercio, gastronomía y en el sector agroalimentario. En el período analizado, el desvío de recursos y manifestaciones de corrupción administrativa costaron al país 30 millones en CUC (más de 33 millones de dólares) y más de 100 millones en pesos cubanos.
Bejerano agregó que la esencia del problema radica en la conducta asumida por parte de quienes se asocian para delinquir o faltar a la ética en beneficio propio y de terceros y las fallas en los sistemas de control interno, así como el abuso en el ejercicio del cargo y en la utilización de facultades por parte de los directivos y funcionarios.
“La bolsa negra (mercado negro) es la expresión visible y diaria de la corrupción, porque detrás de ella está un problema más serio, que es la sustracción de reservas y recursos del Estado, único importador de equipos electrodomésticos, repuestos de automóvil, materiales de construcción, en fin, de todo lo que ofrecen estas personas”, insistió Morales.
En su opinión, esta economía sumergida que aprovecha la escasez para lucrar causa pérdidas millonarias al erario nacional, pero también perjudica moralmente. “La gente que no está involucrada se desalienta, se cansa y dice bueno, si otros lo hacen por qué yo no, que tengo tantas necesidades”, conjeturó el investigador.
Morales consideró insuficientes las inspecciones y los castigos penales, que a veces pasan inadvertidos porque no se publican. En ocasiones, los revendedores desaparecen de los alrededores de las principales tiendas de La Habana debido a una sorpresiva redada policial. Pero pasado un tiempo, retornan.
Diría que en este momento “de mayor apertura para el ejercicio de la crítica, la prensa debía denunciar e investigar de manera sistemática estos problemas, exponer ante la opinión pública a los culpables, señaló Morales, convencido de que una mayor transparencia informativa ayudaría mucho a enfrentar el comercio clandestino.
Isbel Díaz, integrante del colectivo autónomo CUP (Consumidores y Usuarios Protegidos), quien observa el tema desde el punto de vista del consumidor, consideró a IPS que, entre otras razones, las personas suelen optar por el “comercio informal” en busca de artículos de mejor calidad, como sucede con la ropa, por ejemplo.
“Deben coexistir ambas formas de comercio, siempre que se generen mecanismos de autocontrol, por ejemplo: de la calidad y precios, que tengan un vínculo real con los consumidores, y la sociedad”, opinó. El colectivo CUP es una iniciativa creada el pasado año con la intención de revertir la desprotección de los consumidores.
Con un salario medio equivalente a 23 dólares, una parte de la población cubana de 11,2 millones, busca resolver sus necesidades de alimento, calzado o ropa en el mercado informal, donde en algunos casos los precios son menores que en las tiendas estatales, las únicas permitidas.
El mercado paralelo o subterráneo tuvo su mayor auge en los años 90, tras el inicio de la recesión económica conocida oficialmente como período especial. Con la debacle del campo socialista y la extinción la Unión Soviética, Cuba perdió sus principales abastecedores y la escasez se hizo crítica.[related_articles]
Investigadores consideran, sin embargo, que la economía sumergida en la isla caribeña se diferencia de la de la mayoría de la región, porque no compite con la formal –en este caso estatal- sobre la base de menores precios, la tendencia mundial, sino que, por el contrario, opera a precios más altos, debido a la falta de oferta del mercado oficial.
El gobierno de Raúl Castro creó la Contraloría General de la República en 2009 con el encargo de elevar el control interno y «el enfrentamiento directo a cualquier manifestación de corrupción», entre otras funciones. Su autoridad está por sobre los ministerios y despacha directamente con el presidente.
En tanto, estudiosos coinciden en que el movimiento ilegal de mercancías existirá mientras no mejore la economía. Con el fin declarado de aumentar la capacidad adquisitiva del peso cubano, el gobierno rebajó en mayo pasado los precios de algunos productos de primera necesidad en las Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD).
Pero muchas personas consultadas por IPS consideraron insuficiente la medida y se quejaron de que no todas las TRD están bien abastecidas. La familia cubana intenta, según sus ingresos, completar en esos establecimientos sus necesidades no satisfechas por la cartilla de abastecimiento racionado que subsidia el Estado.
Editado por Estrella Gutiérrez
