El esperado apoyo de Canadá a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas generó esperanza y fue motivo de celebración, pero no queda claro si el respaldo también incluye a los daños infligidos por las mineras canadienses a las comunidades autóctonas en distintas partes del mundo.
La relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, dijo a IPS que el apoyo dado por Canadá en la segunda semana de este mes a la declaración era una “bocanda de aire fresco”.
Durante más de una década, Ottawa votó en contra de ese conjunto de derechos humanos colectivos, que tratan sobre una amplia gama de asuntos concernientes a los pueblos indígenas.
El anterior gobierno conservador sostenía que la disposición que le obligaba a consultar a las comunidades indígenas por cualquier decisión que pudiera tener un impacto sobre su capacidad de ejercer sus derechos en sus territorios era como un veto a los grandes proyectos de explotación de recursos.
Suscribir la declaración sería como ignorar los derechos humanos de los canadienses no indígenas, sostenía.
En un giro político significativo, el actual gobierno del primer ministro Justin Trudeau aceptó la declaración, pero Tauli-Corpuz alertó que también debe ser consciente de cómo las compañías mineras canadienses operan en el extranjero y ejercen una fuerte presión sobre las comunidad autóctonas.
Se estima que 75 por ciento de las compañías de exploración y minería del mundo tiene su sede en Canadá, y las actividades de extracción constituyen el sector de mayor poderío económico en ese país.
En tanto que potencia minera, todavía le queda mucho por hacer a ese país para proteger a los pueblos indígenas de la embestida de las mineras, subrayan activistas.
“No creo que el gobierno canadiense se tome en serio la idea de consentimiento previo, libre e informado, ya sea para las operaciones mineras en Canadá como en el extranjero”, dijo Jennifer Moore, coordinadora de proyectos para América Latina de Mining Watch, en diálogo con IPS.
Lo más importante de la declaración no es que implica consultar a los pueblos indígenas, sino que también supone respetar su derecho al consentimiento, la posibilidad de decir sí o no a los proyectos y políticas que los afectan en todas las etapas.
“El gobierno redactó con cuidado su declaración de la (segunda semana de este mes) sobre cómo interpretaría la declaración de la ONU en Canadá en el ámbito doméstico para tratar de evitar el máximo respeto de ese derecho”, explicó Moore.
Eso se debe a que el gobierno liberal sigue comprometido con la misma agenda pautada por el sector privado que tenía su predecesor.
“Canadá sigue considerando que los problemas con la industria se deben a unas pocas ‘manzanas podridas’ y que son una contrariedad para su reputación, más que ser su deseo de hacer frente a los daños sistemáticos que soportan las comunidades indígenas y no indígenas por dar cabida al dinero fácil, al tiempo que se promueven y se protegen en el mundo los intereses de un modelo de desarrollo destructivo”, opinó.
“Hasta ahora, el gobierno liberal reafirma prácticas y políticas del anterior gobierno conservador en lo que respecta al sector minero globalizado en el extranjero”, precisó.
Entre ellas, mencionó Moore, están los mecanismos de reclamo disfuncionales que “no investigan las denuncias ni determinan si las compañías cumplen o no, de hecho, con los estándares supuestamente promovidos por el gobierno, por no hablar de remediar o sancionar”.
La falta de justicia es un problema significativo en Honduras, por ejemplo, donde la industria minera está principalmente en manos de compañías con sede en Canadá, y donde la vida de quienes se atreven a denunciar las consecuencias de sus operaciones sobre la salud, la tierra, los espacios sagrados y el tejido social corre peligro.
Por lo menos 109 personas fueron asesinadas en Honduras entre 2010 y 2015 por oponerse a proyectos de minería, de exploración maderera, agrícolas o de construcción de represas, según Global Witness. De las ocho víctimas cuyos casos tuvieron amplia repercusión pública en 2015, seis eran indígenas.
“Por el protagonismo de Canadá en el sector minero de Honduras, es justo esperar que el gobierno canadiense desempeñe un papel mucho más decisivo para ayudar a poner fin a esos abusos”, remarcó Mercedes García, investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemisféricos, en diálogo con IPS.
En abril, las organizaciones Development and Peace y Mining Watch Canada pidieron a Trudeau que prestara especial atención a una carta abierta de cerca de 200 instituciones latinoamericanas e internacionales que urgen a Canadá un cambio de política en el sector minero global.[related_articles]
Más de 50 por ciento de las inversiones mineras en América Latina proceden de Canadá. Un estudio de 22 proyectos mineros a cargo de compañías canadienses en nueve países latinoamericanos reveló un modelo de violación de derechos humanos en actividades de extracción a gran escala.
“El respeto por los derechos humanos de Canadá se deterioró de forma considerable, no solo a los ojos de la comunidad internacional, sino de las personas, pueblos y comunidades que conviven con las consecuencias negativas de los proyectos de extracción canadienses”, señala la carta.
Además, la misiva reclama al gobierno canadiense que dé garantías de que las compañías locales respetan las decisiones de las comunidades locales, indígenas o no, que rechazaron la minería a gran escala por los graves daños ambientales y sociales.
Todavía no han recibido una respuesta del gobierno de Trudeau.
Para García, el apoyo de Canadá a la declaración de la ONU es una señal de esperanza.
El legislador liberal John McKay dijo que espera que el nuevo gobierno haga otro intento con el proyecto de ley conocido como C-300, una Ley de Responsabilidad Minera que pretende endurecer las normas que rigen a las corporaciones canadienses en el extranjero y que no se aprobó en 2010, cuando fue presentado.
“El actual primer ministro Justin Trudeau votó a favor del proyecto cuando estaba en el parlamento, así que es probable que si se vuelve a presentar tenga mejores posibilidades que ser aprobado”, dijo García a IPS.
“Además, varias indígenas guatemaltecas, que solicitaron reparación por abusos de trabajadores de compañías mineras canadienses, lograron presentar sus casos en la justicia de Canadá”, recordó.
“Sus causas están abiertas, y si el fallo les es favorable, significará un nuevo precedente constructivo y un camino a seguir para las víctimas que buscan que se haga justicia”, remarcó García.
Traducido por Verónica Firme
