Desde hace unas semanas, miles de personas protestan en distintas partes de Turquía contra la construcción de una mina de oro en Cerattepe, cerca de esta nororiental ciudad de Artvin, por temor a que cause daños irreparables al ambiente natural único de esta región.
Las manifestaciones pacíficas comenzaron el 15 de febrero, pero pronto se tornaron violentas tras la represión con agentes traídos de las provincias vecinas para contener el levantamiento popular.
Días después, ambientalistas de todo el país acudieron a esta ciudad en apoyo a la resistencia local, lo que llevó al gobierno a prohibir todo ingreso esta provincia.
Al parecer, la construcción de la mina se suspendió tras una reunión entre el primer ministro, Ahmet Davutoğlu, y representantes de la Asociación Verde de Artvin.
Pero la violenta represión policial hace pensar que el gobierno es renuente a ceder a los reclamos y que continuará con sus planes de desestimar las objeciones legales.
Idas y vueltas sin fin
Cerattepe tiene abundante recursos minerales, en especial oro, plata y cobre, y el primer intento de explotación se dio a principios de los años 90, pero se suspendió después de varios años, cuando se confirmó que la contaminación emanada de la actividad minera causó la muerte de numerosos animales de granja y silvestres.
Diez años después, otra compañía reanudó las obras, pero tras las protestas de miles de personas, en 2007, se inició un proceso legal que terminó con la revocación de la licencia, una medida confirmada en 2009 por el Consejo de Estado. Y desde entonces, la batalla legal por las actividades extractivas tiene numerosas idas y venidas.
Un cambio en la legislación promovido por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en 2010 habilitó las nuevas licitaciones al año siguiente. Pero un dictamen judicial de 2014 detuvo las operaciones, tras lo cual se rechazó un informe de impacto ambiental presentado al año siguiente, al que le siguió la aprobación de un documento en junio de 2015.
Pero el 15 de febrero llegaron a Cerattepe obreros de Cengiz Holding, el conglomerado turco propietario de la compañía que construirá y gestionará la mina, para comenzar a trabajar, pese a no contar con la aprobación legal definitiva tras la presentación del último informe.
Tras las protestas locales, los trabajadores volvieron al día siguiente custodiados por la policía y la gendarmería, que reprimieron a los manifestantes dando pie a varios días de confrontaciones entre, por un lado activistas y la población local y, por otro, las fuerzas de seguridad.
Varias personas resultaron heridas cuando la policía y la gendarmería apelaron a carros lanza agua y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
Otro Gezi
Luego de una reunión con representantes locales, el primer ministro anunció el 24 de febrero la suspensión de todas las actividades en la mina “hasta que termine el proceso”. Y “todo el mundo respetará la sentencia judicial como lo establece la ley”, añadió.
Los manifestantes entienden que la interrupción temporal de las obras en la mina fue un logro, pero sobran los motivos de preocupación.
El presidente del Centro de Aplicaciones e Investigación de Problemas Ambientales, Baran Bozoğlu, dijo al diario turco Today’s Zaman, que teme que Davutoğlu se haya referido a que la “construcción de la mina continuará de acuerdo con las condiciones necesarias para proteger el ambiente de Artvin una vez terminado el proceso legal”.
Bozoğlu opinó que la declaración puede significar que en vez de que Cengiz Holding cambie de planes para cumplir la ley, esta sea reformada para ajustarse a los planes de la compañía.[related_articles]
Es revelador que el primer ministro declarara: “Si alguien todavía dice que quiere que las riquezas bajo tierra permanezcan allí a pesar de todas estas advertencias, es imposible que nosotros lo aceptemos”.
En una campaña mediática orquestada por las autoridades y los medios oficialistas se denuncia la legitimidad de las protestas. Mientras Davutoğlu las calificó de “ilegales”, el presidente Recep Tayyip Erdoğan opinó que la población de Artvin era “exactamente igual a la de Gezi, son jóvenes pro-Gezi”.
Las protestas en defensa del parque Taksim Gezi comenzaron en Estambul a mediados de 2013 como una pequeña movilización ambientalista, pero pronto se convirtieron en un movimiento nacional que convocó a millones de personas en las calles de Turquía.
Los defensores de Gezi fueron acusados por el gobierno, y en especial por Erdoğan, de intentar dar un golpe de Estado en connivencia con fuerzas extranjeras con el fin de perjudicar a Turquía.
Incluso, el diario oficialista Sabah llegó a acusar a los manifestantes de Artvin de “ser integrantes de una organización terrorista”.
Mentalidad autoritaria
La posible construcción de una mina en Cerattepe supone una grave amenaza para el ambiente local, así como para la salud y el sustento de la población. Pero ese ni siquiera es el problema principal.
La respuesta del gobierno a las manifestaciones en Artvin indica la tendencia a criminalizar todas las formas de resistencia, de tildar de terroristas a los disidentes, lo que hace que las autoridades reaccionen al descontento social con una violencia desproporcionada.
Las causas abiertas contra conglomerados multimillonarios como Cengiz Holding, que mantienen una relación estrecha con las autoridades se desestimaron sin más y se les borraron deudas tributarias por cientos de millones de liras turcas (cientos de miles de dólares).
Además, las personas que se atreven a denunciar la situación, terminan siendo silenciadas, procesadas o encarceladas.
Es la misma mentalidad autoritaria que hace que el gobierno se niegue a escuchar las demandas de la población kurda, que procese a menores de edad por “insultar al presidente” o que ordene represiones de una violencia inaudita como en Estambul y que encarcele a periodistas y académicos por denunciar irregularidades; la misma mentalidad que pone a Turquía al borde de una guerra civil.
Traducido por Verónica Firme
