Detalles de un centro de detención clandestino, ubicado en una base naval de Tricomalee, en el este Sri Lanka, donde se perpetraron graves violaciones de derechos Humanos, salen a la luz y exponen un secreto a voces.
En junio de este año, el Proyecto Internacional de Verdad y Justicia (PIVJ) divulgó un informe de 134 páginas sobre las actuales y pasadas violaciones de derechos humanos en este país asiático.
“Una guerra sin terminar: Tortura y violencia sexual en Sri Lanka 2009-2014” revela que los detenidos sabían dónde estaban, pero que sus familiares o terceras personas desconocían su paradero.[pullquote]3[/pullquote]
Muchos de los presos integraban, o tenían vínculos con, los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Eelam (LTTE), derrotados por las fuerzas gubernamentales en mayo de 2009, tras dos décadas y media de guerra.
“Testigos contaron haber estado detenidos en el astillero naval con decenas de personas; dijeron que era posible que hubieran muchas más y no lo supieran porque es un lugar enorme bajo el control de la inteligencia (militar) y bien escondido de la vista desde el exterior”, señala el documento.
“Los testigos entrevistados permanecieron detenidos varios años desde el final de la guerra, en 2009”, precisa.
Muchos presos soportaron torturas y ninguno pudo ver a un abogado ni contactarse con organizaciones de derechos humanos ni ver a nadie del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que realiza visitas a conocidos centros de detención.
“Un testigo relató los interrogatorios y contó haber sufrido reiteradas torturas durante varios meses. Escuchó gritos de hombres torturados y vio la sangre que habían perdido otros”, describe el informe.
“Otro detalló que los métodos de tortura empleados fueron patadas, puñetazos o golpes con tubos de plástico o con palos de críquet, los dejaban suspendidos boca abajo o confinados en una caja pequeña durante días, los quemaban con cigarrillos y les arrancaban las uñas de los pies y los dientes”, listó.
Otro más describió las distintas torturas que sufrió durante un tiempo prolongado, además de los abusos sexuales.
Finalmente, su liberación fue bastante simple, según el informe.
“Los detenidos entrevistados fueron liberados en un centro de rehabilitación después de que sus familiares pagaron una importante suma de dinero, como soborno o rescate”, detalla.
Además, los amenazaron de no divulgar ni dar detalles del centro de detención naval, lo que tampoco quedó registrado en los documentos de su liberación.
El gobierno del expresidente Mahinda Rajapaksa recibió un número creciente de críticas por la situación de derechos humanos tras el fin del conflicto, las que negó arguyendo que eran infundadas y basadas en rumores e indirectas. También desmintió la existencia de centros de detención clandestinos, de los que habrían decenas, según algunas organizaciones, señala el informe.
En contraste con su predecesor, el actual presidente, Maithripala Sirisena, y el primer ministro, Ranil Wickremasinghe, han tratado de aclarar algo la situación abriéndose a la comunidad internacional.
En marzo de este año, el canciller Mangala Samaraweera anunció en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias visitaría Sri Lanka tras 15 años de ausencia.
La visita, que tuvo lugar del 9 al 18 de noviembre, contó con la participación del vicepresidente del grupo de trabajo Bernard Duhaime, y los miembros Tae-Ung Baik y Ariel Dulitzky, quienes concurrieron al centro de detención.
“El grupo de trabajo visitó la base naval de Trincomalee y las celdas subterráneas donde mantenían a las personas detenidas. También se reunieron con funcionarios del CID, quienes investigan el caso de 11 personas secuestradas en Colombo en 2008 y trasladas a ese lugar”, informó el equipo en las observaciones preliminares.
“Creemos que es un importante descubrimiento y que debe investigarse adecuadamente. Es probable que muchas personas más hayan estado en ese centro de detención”, observó Dulitzky.[related_articles]
A juzgar por fechas gravadas en las paredes, el centro de detención parece haber estado operativo alrededor de 2010, precisó. También observaron lo que parecían ser manchas de sangre.
El grupo de la ONU informó que habían 12 celdas subterráneas, anteriormente arsenales. El informe del PIVJ incluye mapas de Google Earth con la ubicación del centro clandestino.
“Vimos el número 20100725 gravado en la pared y pensamos que se refiere al 25 de julio de 2010. todo lo que vimos durante el recorrido evidencia el hecho de que el lugar que había servido de depósito de armas, se usó de forma sistemática como centro de detención”, declaró Baik.
El equipo de la ONU que recorrió el lugar, con altos oficiales de policía facilitados por la base naval, dijo que a juzgar por las fechas gravadas en las paredes, si se hubiera realizado una investigación en 2009, cuando comenzaron a circular los rumores de su existencia, se hubiera podido salvar varias vidas.
Tanto Sirisena como Wickremasinghe habían negado la existencia o las operaciones de centros de detención clandestinos tras asumir sus respectivos cargos en enero de este año. El grupo de la ONU no precisó cuándo dejó de funcionar el centro de detención o si, de hecho, había dejado de existir. La Armada también negó que hubiera operado un centro secreto.
La Comisión Presidencial que investiga casos de personas desaparecidas también dijo que nunca se informó de la existencia de ese tipo de instalaciones en las sesiones públicas realizadas a partir de 2011.
La visita a la base naval recibió críticas de la oposición, que arguyó que había sido una violación a la seguridad nacional.
“Quién autoriza a un montón de extranjeros ingresar e inspeccionar dependencias militares”, criticó el parlamentario Wimal Weeravansa.
Pero el hallazgo permitió que resurgieran viejas denuncias sobre la existencia de ese tipo de centros de detención clandestinos. Por ahora, el gobierno no contradijo las observaciones del grupo de la ONU ni informó sobre el inicio de una investigación oficial.
Traducido por Verónica Firme
