En un momento donde las economías más grandes de la América Latina se encuentran en recesión o en franco proceso de estancamiento y las cifras de desempleo van lentamente aumentando, muchos se preguntan en qué quedarán las grandes ganancias sociales que la región supo generar en los últimos 15 años.
Algo más alentador se espera de países de porte pequeño y mediano como Bolivia, Paraguay y Uruguay, que seguirán creciendo, inclusive el primero por encima de cuatro por ciento, lo cual agrega un elemento de moderado optimismo al cuadro regional.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Mundial, si bien 80 millones de latinoamericanos lograron evadir la pobreza y la clase media llegó a sobrepasar las 150 millones de personas en 2013, un 40 por ciento de los latinoamericanos vive en situación de vulnerabilidad.
Se trata de aquellos con un ingreso entre cuatro y 10 dólares diarios, a quienes un “shock” económico puede devolverlos a una posición de precariedad.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de ese segmento, un 65 por ciento, así como 14 por ciento de la clase media sufre una caída en la pobreza al menos una vez en un periodo de 10 años. Por ello, las redes de protección social son clave incluso para los que de momento no están en riesgo.
Hay quienes pronostican una tormenta perfecta, dada la caída de los precios de las materias primas incluyendo el petróleo, la descendente demanda china ante la desaceleración parcial de su economía, el potencial aumento de las tasas de interés -nuevamente postergado- por parte de la estadounidense Reserva Federal y el hecho de que, salvo Estados Unidos, los países industrializados aún registran un magro progreso económico.
Arguyen que «se terminó la fiesta», que la bonanza económica de la última década fue producto de una mera coyuntura internacional favorable y nada más.
Desconocen que la región, especialmente los países con los que trabajo directamente en FONPLATA -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- instrumentaron un proceso de renovación tecnológica en la producción agropecuaria y la minería, que les permitió captar la demanda creciente y hacerlo de forma competitiva en el mercado global.
Olvidan asimismo que, si bien aún insuficiente para los niveles que se requieren, la inversión en infraestructura vial tuvo un aumento significativo.
Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad Argentina, por ejemplo, solo en 2011 se invirtieron 3.065 millones de dólares para la construcción de nuevas autovías y carreteras concesionadas en ese país. Bolivia, en tanto, destinó 7.800 millones de dólares a inversiones en infraestructura, -mayormente vial- entre 2011 y 2015, según fuentes oficiales.
Por supuesto que hay que diversificar más la producción y los mercados, e invertir más en innovación y en adecuar la educación pública a los desafíos del mundo en que vivimos. Añadir valor a la producción de materias prima es algo deseado.
Pero son procesos a largo plazo, que requieren un ajuste a las cadenas de comercio internacional e implican una serie de reformas internas en los países en varios sectores, desde la educación, pasando por las alianzas público-privadas y la eficiencia en la gestión del Estado.
Y mientras tanto, ¿cómo evitar un rebrote de la pobreza y un aumento de la inequidad?
Los bancos de desarrollo que trabajan en la región aportan un promedio de 35.000 millones de dólares anuales en apoyo al sector público y privado de la región.
En esta coyuntura es doblemente crítica la asistencia de estos organismos en áreas con claro impacto social, particularmente en el mantenimiento y generación de empleo, así como en preservar los progresos de inclusión logrados en la última década. FONPLATA trabaja en esa dirección, porque se focaliza en las áreas rurales y de frontera con mayor riesgo social y económico.
Continuar el apoyo a las redes de protección social y eventualmente aumentarlo es esencial y además es costo-eficiente.
Según indica un reciente informe del Banco Mundial, los programas de protección social bien diseñados, como lo son la mayoría de los de nuestra región, son eficaces en relación a los costos, pues solo representan entre el 1,5 por ciento y el 1,9 por ciento del producto interno bruto (PIB), una cifra muy inferior al gasto de la mayoría de los Gobiernos en subvenciones a los combustibles.
En condiciones de mayor dificultad económica, la capacidad de los hogares para generar ingresos se hace cuesta arriba, ya que se incrementan las desigualdades en materia de oportunidades, los riesgos y las deficiencias del mercado aumentan y explican por qué algunas personas logran acumular más activos productivos y otras todo lo contrario.
Por ello, el aporte de los bancos de desarrollo es esencial para limitar esa brecha de oportunidades y generar un muro de protección social que contribuya a relanzar el ciclo económico.
Editado por Estrella Gutiérrez
