El nuevo gobierno de Sri Lanka, emanado de las elecciones legislativas del 17 de este mes, no heredó un bagaje tan pesado como le ocurrió a su antecesor, tras casi 30 años de guerra civil en esta nación insular de Asia meridional.
Pero tras seis años de paz, el presidente Maithripala Sirisena, en el poder desde enero, y su remodelado gobierno deberán priorizar el atender algunas de las heridas más dolorosas aún no cerradas de la guerra, con apoyo del nuevo parlamento.
Entre esas tareas destacan el destino de más de 50.000 personas desplazadas, algunas de las cuales hace dos décadas que tuvieron que abandonar su hogar.[pullquote]3[/pullquote]
Si bien los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Ealam (LTTE) terminaron en 2009, terminándose un capítulo violento de 29 años, Siva Ariyarathnam todavía espera que las autoridades le digan cuándo podrá volver a su casa.
Al igual que otras decenas de miles de personas, Ariyarathnam huyó con su familia cuando el ejército se arrogó el control de la provincia Norte, en los años 90, en el marco de su estrategia para derrotar al LTTE, que comenzó la lucha armada en 1983 buscando instalar un territorio autónomo para la minoría tamil en este país de mayoría cingalesa.
El gobierno saliente había dicho que devolvería la tierra a las 50.000 personas damnificadas, pero no dijo cuándo sería eso, y Ariyarathnam protesta que se le acaba el tiempo.
“¿Sabe cómo se siente vivir en la casa de otras personas tanto tiempo? Siempre se es un extraño”, dijo Ariyarathnam a IPS. “Me pongo viejo y quiero vivir con mi familia bajo mi propio techo. Quiero morir en mi propia casa, no en cualquier lado”, añadió.
Un problema de décadas
La historia de Ariyarathnam se repite una y otra vez en la zona donde tuvo lugar el conflicto, una gran extensión de tierra en el norte del país, que incluye a la región de Vanni, a la península de Jaffna y partes de la provincia Este, que el LTTE gobernó de hecho tras el estallido del conflicto en 1983, cuando miles de tamiles se vieron obligados a emigrar al sur, donde reside la mayoría cingalesa.
Durante los años de guerra, el desplazamiento de civiles fue moneda corriente ya que tanto los Tigres Tamiles como el gobierno de Colombo forzaron el desplazamiento masivo de poblaciones que conformarían la base político-electoral según su pertenencia étnica y comunal.
Para la gente de a pie significó que la noción de “hogar” pasó a ser un lujo que pocos podían mantener. El costo del conflicto, que llegó a su fin en mayo de 2009, cuando las fuerzas gubernamentales derrotaron al LTTE, fue enorme.
Según estimaciones conservadoras, más de 100.000 personas murieron durante la guerra, mientras que un informe de la Organización de las Naciones Unidas, señala que solo en los últimos combates, entre 2008 y 2009, llegaron a perder la vida unos 40.000 civiles.
Según el Ministerio de Reasentamiento, los retornados tras el fin del conflicto ascendían a 796.081 hasta fines de junio de este año.
Pero esos mismos datos indican que otros 50.000 todavía vivían con sus familias de acogida y en el Centro para Desplazados de Thellippali, por no poder regresar a sus aldeas natales debido a la ocupación militar.
Las zonas militarizadas datan de los años 90, cuando el ejército comenzó a apropiarse de las tierras de civiles como forma de frustrar el continuo avance del LTTE.
En 2009, el ejército había confiscado unas 4.706 hectáreas de tierra en pleno territorio tamil de Jaffna, en el norte de este país insular y a unos 300 kilómetros de Colombo, a fin de crear la Zona de Alta Seguridad Palaly.
Allí vivían Ariyarathnam y su familia, al igual que miles de personas más.
¿Nuevo gobierno, nuevas políticas?
Muchas personas esperaban volver a sus tierras ancestrales tras la guerra, pero el presidente Mahinda Rajapakse se demoró en la liberación de las áreas civiles y priorizó la seguridad nacional y el continuo despliegue de tropas en el Norte por encima de la reubicación de las personas desplazadas.
El actual presidente Maithripala Sirisena, exministro de Salud de Rajapaksa, quien asumió en las sorpresivas elecciones de enero de este año, prometió acelerar la liberación de tierras y entregar unas 404 hectáreas de la zona de alta seguridad de Palay en abril.
Pero altos oficiales dijeron a IPS que los genuinos esfuerzos del gobierno chocaron con la falta de tierras públicas para mudar los campamentos militares y dejar lugar a la población civil.[related_articles]
“El retorno de las personas desplazadas es nuestra principal prioridad”, aseguró Ranjini Nadarajapillai, el saliente secretario del Ministerio de Reasentamiento, en diálogo con IPS. “Actualmente no hay cronograma, todo depende de cómo se desalojen las restantes zonas de alta seguridad”, añadió.
La lentitud de la reforma de tierras sumió a las personas desplazadas en la pobreza, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, del Consejo Noruego para los Refugiados, con sede en Oslo.
“La principal razón de la elevada pobreza entre los desplazados es que no tuvieron acceso a tierras para mantener sus actividades generadoras de ingresos ni a compensaciones por la pérdida o la destrucción de sus tierras o sus propiedades durante la guerra, las que quedaron en manos del ejército o del gobierno como zonas de seguridad o económicas”, dijo a IPS la analista del Centro de Monitoreo, Marita Swain.
Un informe de ese organismo, divulgado en julio, estimó que hay 73.700 desplazados, muy por encima de los datos oficiales.
La mayoría viven con familias de acogida, mientras 4.700 personas viven en un centro de bienestar de largo plazo en Jaffna, capital de la provincia Norte.
Los efectos persistentes de las políticas del gobierno de Rajapaksa (2005-2015), que priorizó el desarrollo de infraestructura a un crecimiento económico genuino que beneficiara a la población agobiada por la guerra, agravó la difícil situación de los desplazados, según el centro.
A pesar de que el gobierno de Sirisena asumió en enero de este año, suspendió asuntos como la reubicaicón de los civiles desplazados hace ocho meses para prepararse para las elecciones parlamentarias que enfrentan a las políticas de Rajapaksa contra las del nuevo presidente.
Nadarajapillai, del Ministerio de Reasentamiento, dijo que el nuevo gobierno adopta un enfoque diferente en colaboración con agencias internacionales y donantes para resolver el problema.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ayuda al gobierno a diseñar un plan para resolver la crisis de desplazados, indicó Dushanthi Fernando, funcionario de Acnur residente en Colombo.
Pero esas promesas no significan mucho para personas como Ariyarathnam, que comienza su tercera década como desplazado sin señales de una pronta solución definitiva al problema.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme
