El campamento indígena instalado hace seis meses en la capital argentina es casi invisible para los transeúntes que pasan a prisa a su alrededor. Piden que les devuelvan sus tierras, en la nororiental provincia de Formosa, en una demarcación empantanada en rencillas territoriales y económicas.
Una gran tienda y varias carpas agolpadas sobre una pequeña plazoleta en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo, albergan desde el 14 de febrero unos 40 representantes de 46 comunidades de los pueblos qom, pilagá, wichi y nivaclé, agrupadas en la organización QoPiWiNi.
En pleno invierno austral, la entrevista con su portavoz, el wichi Jorge Palomo, transcurre al resguardo de uno de los compartimientos del campamento, donde hacinadas entre donaciones de ropa, mantas de abrigo y alimentos, su esposa y su suegra calientan al fuego una sopa de zanahorias y alrededor corretea su hija de tres años
“Pedimos una audiencia al gobierno nacional, a la Corte Suprema y al Senado, la presidenta (Cristina Fernández). Por lo menos que nos abran la puerta. Queremos plantear nuestra problemática en este contexto de urgencia de despojo de esos territorios que nos pertenecen a nosotros ancestralmente como pueblo indígena”, explicó.
El tránsito es intenso y las bocinas ensordecen. Para los indígenas, las autoridades también parecen sordas a su demanda de que se les reintegren 7.000 hectáreas de tierras que, aseguran, “les quitó” el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aliado de Fernández.
“El territorio donde estamos es nuestro porque nuestros abuelos nos prepararon para eso. Mi abuelo me decía que no podemos perder la tierra porque es lo que nos da sabiduría, fuerza y vida”, argumentó a IPS la qom Amanda Asijak, de la comunidad de Potae Napocna Navolgoh (La Primavera, en lengua qom).
“Pero ellos vienen acá y ponen sus mojones (señales demarcatorias) sin siquiera consultarnos”, enfatizó Asijak, compañera del qarashe (cacique) Félix Díaz, la figura más emblemática de esta lucha que se hizo visible con una protesta en la ruta cercana a su comunidad, en 2010, cuya represión provocó la muerte de dos indígenas y un policía.
Díaz también organizó el primer campamento en Buenos Aires, al año siguiente, para denunciar la represión de la que eran víctimas y que culminó más de tres meses después con la firma de un acuerdo, cuyo incumplimiento los trajo de nuevo a sus calles.
En el 2000, Argentina ratificó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza su derecho a la tierra y el acceso a recursos naturales, salud y educación, mientras obliga a la consulta en decisiones que conciernan a sus hábitats.
De hecho, los indígenas formoseños también reclaman que se dote a sus comunidades de servicios de salud, educación, agua y luz eléctrica, además de apoyo en el desarrollo de su cultura.
“Tengo cuatro hijos ya grandes y ellos ya defendieron nuestro territorio porque tienen sus hijos también. Siempre digo que tenemos que defenderlo porque si no vienen a instalarse y cuando se instalan hacen tiroteos en la comunidad”, añadió Asijak.
Su comunidad, a unos 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires, es una muestra del descuido en que viven los pueblos originarios de Formosa. Casi todas sus 350 precarias viviendas, donde viven 1.770 personas en 500 hectáreas, carecen de agua potable y electricidad, mientras la comunidad no cuenta con saneamiento alguno.
El 10 de julio, junto al premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y la referente de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas, delegados de los indígenas en protesta fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.
Fresnada declaró entonces que se establecerá una mesa de diálogo para escuchar los reclamos y dejar constancia de los problemas de cada grupo.
Pero insinuó que hay cuestiones ajenas a la competencia del gobierno federal, en este país donde el Censo del 2010 determinó que, de una población total de 40,11 millones de personas, casi un millón se define como indígena o su descendiente, distribuidas en 32 pueblos originarios.
«Establecimos la necesidad de convocar a la provincia de Formosa a participar de este diálogo porque el eje de los reclamos pasa por cuestiones territoriales”, planteó el funcionario. «La discusión se centra en cuál es el alcance de la ocupación territorial pública y actual que tienen hoy las comunidades originarias», añadió.
Fresneda subrayó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) ya evaluó y registró 650 comunidades y siete millones de hectáreas como indígenas, de las aproximadamente 12 millones que reclaman los pueblos originarios y que equivalen a 10 por ciento del territorio argentino.
En 2006, la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas declaró la emergencia de la posesión y propiedad comunitaria, y dispuso la realización del registro de todos los territorios tradicionales que ocupan los pueblos originarios.
Pero las comunidades de QoPiWiNi piden que se realice nuevamente el proceso en sus territorios, porque, aducen, se hizo sin su presencia y consulta.
“Hace poco vinieron unos japoneses que decían que esa tierra estaba vendida para ellos, que el gobernador les vendió, pero es nuestra”, ilustró a IPS la wichi Ernestina Moreno.
La demarcación de tierras se demora, ha admitido el Inai, cuando el proceso involucra a provincias con jurisdicción sobre sus recursos naturales.
Precisamente, conflictos como los de Formosa, se agravan cuando tocan intereses económicos provinciales vinculados a la explotación de hidrocarburos, minería, el monocultivo de soja, expansión ganadera, industria forestal y grandes proyectos de infraestructura.
“Con la soja deberían avisarnos cuando van a hacer un desmonte, que pasa mucho, pero nunca lo hicieron”, sostuvo Palomo como ejemplo. También citó obras que atraviesan su territorio y sobre las que no fueron consultados, como el Gasoducto del Noreste Argentino.
“En todo el país a todas las comunidades les robaron sus tierras y el gobierno se ha propuesto no escucharlos”, subrayó en entrevista con IPS la activista Cortiñas
“Ellos, los indígenas formoseños, no quieren limosna sino vivir de su trabajo. Ellos cazan, pescan, plantan y con eso se alimentan. No quieren que les invadan todo con la soja, que es el negocio para los que vienen de afuera”, añadió la lideresa de Madres de Plaza de Mayo.
Según la organización internacional Grain, cada año se deforestan en Argentina más de 200.000 hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola, fundamentalmente por la expansión del monocultivo de soja.
Ese avance resulta evidente en Formosa y otras tres provincias norteñas vecinas -Chaco, Salta y Santiago del Estero- que concentran 80 por ciento de esa deforestación.
“Nosotros la tierra la queremos para progresar. La queremos para sembrar, para criar nuestras cosas como cabras”, argumentó Moreno, que acampa junto a dos hijas y una nieta, a quién cuida del tránsito capitalino.
Desde un automóvil que transita la Avenida 9 de Julio, una pareja sí percibe a los indígenas. “!Estamos con ustedes! Los apoyamos!, les gritan.
Palomo sonríe y aprueba a lo lejos.
“Si no nos dan nuestras tierras van a limitar a nuestros jóvenes cada vez más. Se corre el riesgo de que ya no puedan practicar nuestra cultura ancestral de la caza, la pesca y de hacer artesanías… de desaparecer. Pero parece que es lo que quisieran”, se lamentó.
Editado por Estrella Gutiérrez
